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Autorizan el traslado de Áñez a una clínica para verificar su estado de salud

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Añez, en prisión preventiva durante cuatro meses como parte de un juicio por el golpe de Estado de 2019, «está muy deprimida» y «ha emprendido una huelga de hambre», aunque hoy fue autorizada a ser llevada a una clínica para que evalúe su estado sanitario.

En la audiencia para evaluar la «acción de libertad», un recurso judicial similar al hábeas corpus, la justicia habilitó que Áñez sea llevada a una clínica, en principio por un cuadro de presión alta.

Poco antes de esta medida, la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bolivia, Amparo Carvajal, que visitó en su celda por 15 minutos a Áñez, dijo que la exfuncionaria evalúa que «su vida ya no tiene sentido».

La activista de 82 años también dijo que vio a la exjefa de Estado «pálida y delgada», y que en una breve charla, la expresidenta de facto agregó: «¿Para qué voy a querer vivir? ¿Por qué debo pelear, Amparo, por qué?».

Carvajal añadió luego que los agentes instaron a Áñez a comer, pero que ella se niega porque quiere enfatizar la injusticia de la que es víctima, aunque su huelga de hambre no fue confirmada oficialmente.

En medio de esos trámites judiciales, hoy presentó su renuncia el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, que alegó razones de salud y personales para dejar el cargo.

“El motivo de la presente nota es para hacerle conocer que por motivos estrictamente personales y de salud me veo en la necesidad de presentar mi renuncia irrevocable”, señala la carta que envió al fiscal general de Estado, Juan Lanchipa, publicada por la red Unitel.

Cossío estaba en el cargo desde febrero de 2020 y su renuncia se produce en medio de varios procesos que lleva adelante la Fiscalía de La Paz en contra de exautoridades por el golpe de Estado de 2019.

El gobierno difundió hoy una nota de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reconoce que los detenidos por el caso “se encuentran en condiciones de pleno apego a los estándares del debido proceso” establecido en la Constitución y tratados internacionales de Derechos Humanos.

“La información aportada por el Estado da cuenta de que las personas detenidas recibieron asistencia oportuna del Servicio Nacional de la Defensa Pública, y según lo documentado, han renunciado al auxilio jurídico estatal por contar con la representación técnica de confianza, conservando su derecho de ser auxiliados por personal de Defensa Pública”, señala el documento de la CIDH, reportada por el Ministerio de Justicia.

La Comisión también señala que la Fiscalía General “hizo público que las resoluciones de aprehensión fueron emitidas en atención a la ley y sin que se hayan vulnerado los derechos de las personas detenidas”.

Los detenidos, según la información, fueron recibidos en los recintos con estrictas medidas de prevención como parte del Plan de Contención Frente al coronavirus.

Respecto a Áñez, se informó que en cuanto manifestó un cuadro de presión alta, el equipo médico a cargo de la vigilancia de internos la atendió rápidamente hasta que fue estabilizada, y la Dirección de Régimen Penitenciario verificó con la abogada de la interna que no era necesario algún traslado a una clínica.

La hija de Áñez, Carolina Ribera, denunció en cambio que no se autorizó su traslado pese al cuadro de hipertensión, y por eso reclama su libertad por razones de salud. (Télam)