Caso Ayotzinapa fue calificado como "desaparición forzada"

Cinco años después de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, el gobierno calificó el jueves el caso como una "desaparición forzada" cometida por agentes del Estado, y activó una millonaria recompensa para dar con los responsables. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, y reiteró que es una prioridad para su gobierno esclarecer los hechos, encontrar a los jóvenes y hacer justicia. "Tenemos una gran ventaja, no hay impunidad, eso es importante porque cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad", dijo López Obrador.
El subsecretario de Derechos Humanos del ministerio de interior, Alejandro Encinas, también se refirió al rol del estado en los hechos bajo el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). El caso está siendo reinvestigado como una "desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano", dijo.

Desaparición.
La noche del 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron a Iguala, los dos ubicados en el sureño estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que utilizarían para sus manifestaciones. Pero fueron capturados por policías coludidos con el cartel de drogas Guerreros Unidos, y desde entonces se desconoce el paradero de 43 de ellos, en un caso que desató indignación mundial.
López Obrador, quien llegó al poder en diciembre, creó una Comisión de la Verdad para el caso, mientras la fiscalía general, que tras una reforma ahora es independiente del Ejecutivo, se comprometió a reiniciar la investigación "casi desde cero". A la espera de conocerse el destino de los jóvenes, la justicia mexicana ha liberado a 77 detenidos de la investigación original, entre ellos uno de los cabecillas de Guerreros Unidos, cuyos testimonios fueron obtenidos bajo torturas.

Recompensas.
Encinas anunció que el gobierno mexicano ofrecerá una recompensa de 1,5 millones de pesos (unos 75.000 dólares) para quien proporcione información "fidedigna y verificable" del paradero de los estudiantes. Una segunda recompensa de 10 millones de pesos (unos 500.000 dólares) será otorgada a quien informe sobre el paradero de Alejandro Tenescalco, supervisor de la policía local de Iguala y uno de los principales señalados en el caso.
El fiscal especial del caso, Omar Gómez, adelantó que la próxima semana citarán a exfuncionarios federales relacionados con la cuestionada investigación original, entre ellos al exprocurador Jesús Murillo Karam. Aseguró que, de ser necesario, el expresidente Peña Nieto también sería llamado a declarar. "La única verdad es que no hay, hasta ahora, verdad alguna", enfatizó Encinas.

Otras hipótesis.
En el gobierno de Peña Nieto, la fiscalía general, que dependía del Ejecutivo, presentó la denominada "verdad histórica": los narcotraficantes, creyendo que los jóvenes serían de un cartel rival, los habrían matado para luego incinerar sus cuerpos en un basurero y arrojarlos a un río. Pero expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestionaron esta teoría y pidieron seguir otras hipótesis.
Una de las líneas de investigación a privilegiar, según expertos de la CIDH, es la existencia de un quinto autobús, que estaría cargado de droga destinada a Chicago, en Estados Unidos, y que habría sido secuestrado sin querer por los estudiantes. Este "quinto autobús" desapareció de la investigación oficial. (AFP)