Lunes 25 de marzo 2024

Condenan bloqueo a Venezuela

Redaccion 06/10/2020 - 21.51.hs

El Gobierno argentino dio ayer un voto de respaldo al informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y volvió a condenar los bloqueos y las sanciones económicas impuestas al país gobernado por Nicolás Maduro, que «agreden especialmente al pueblo venezolano».
La Argentina planteó su postura en el marco de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolló en Ginebra.
La votación formó parte de la sesión regular número 45 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y contó con 22 votos favorables, 22 abstenciones y 3 votos en contra (Eritrea, Filipinas, y la propia Venezuela).
Más temprano, la Cancillería argentina había adelantado en un comunicado que el presidente Alberto Fernández «dio instrucciones sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución, en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU».
El Palacio San Martín anticipó que el Gobierno argentino iba a «valorar y apoyar con fuerza» el trabajo realizado por Bachelet y que insistiría en «condenar los bloqueos y las sanciones» que «agreden especialmente al pueblo venezolano».
Desde el entorno del canciller Felipe Solá aseguraron, que la definición de la Argentina en Ginebra no representa un giro en torno a la situación que atraviesa Venezuela y que «tampoco implica un cambio de mirada respecto a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro».
«La postura del Gobierno no se modificó en nada, ratifica la posición histórica de liderazgo que tiene la Argentina respecto a la defensa y vigencia de los derechos humanos en el mundo y el cumplimiento por parte de los gobiernos de las obligaciones internacionales en ese sentido», señalaron.
Desde el Palacio San Martín también recordaron que el informe Bachelet y la preocupación por situación de los derechos humanos en Venezuela, estuvieron presentes desde la campaña electoral de Alberto Fernández, como así también la condena los bloqueos y sanciones económicas al país caribeño.
«La Argentina, como integrante del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, busca una salida pacífica e institucional a la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela, sin la injerencia externa de ningún tipo: ni militar, ni de seguridad, ni de inteligencia», afirmaron.

 

Postura argentina.
En su discurso, el embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, Federico Villegas, aseguró que el proyecto de resolución aprobado «contempla mecanismos de protección esenciales para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela».
Asimismo, Argentina instó al gobierno de Nicolás Maduro a «cooperar plenamente con el Consejo y con todos sus mecanismos y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada».
El embajador Villegas también instó al gobierno de Caracas a que «conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones de derechos humanos, lleve a los perpetradores a la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas».
El diplomático aseguró que «Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos y por la crisis política económica y humanitaria que padece Venezuela, agravada por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del Covid-19».
«Hubiéramos preferido un solo proyecto de resolución sobre este asunto, con el activo involucramiento del país concernido», indicó el representante argentino.
Asimismo, advirtió que «la adopción de resoluciones sobre situaciones en países que no cuentan con la cooperación de sus gobiernos conduce a que la posterior puesta en práctica de este tipo de resoluciones resulte problemática y no coadyuve a fortalecer la capacidad del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos». (Télam)

 

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