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Crece el rechazo contra Carabineros

NUEVA PROTESTA CON INCIDENTES Y DETENIDOS EN SANTIAGO DE CHILE

Unas 45 personas fueron detenidas y un vehículo policial resultó calcinado durante una protesta en la Plaza Italia de Santiago de Chile, tras el asesinato de un malabarista por parte de un agente de Carabineros. Según la policía, unas 600 personas se congregaron en la emblemática Plaza Baquedano y fueron reprimidas con gases lacrimógenos y carros hidrantes.
Si bien hay marchas cada viernes, esta vez la protesta tenía por objeto repudiar el asesinato de un malabarista en Panguipulli (800 kilómetros al sur de Santiago), ocurrido hace una semana durante un control de identidad. El carabinero que lo mató de cinco balazos fue imputado por homicidio simple y consiguió la libertad el jueves, a cambio de no salir del país y presentarse cada 15 días ante la justicia.
«Fueron a buscar a Carabineros» argumentó el general Jean Camus, jefe de la Zona Santiago Este. La fuerza informó que tras los disturbios fueron detenidas 24 personas, una de ellas por lanzar un objeto incendiario contra un furgón policial. El detenido, cuya identidad no fue revelada, es ingeniero, no tiene antecedentes penales y ahora enfrenta una causa por homicidio frustrado, lanzamiento de bomba molotov y hurto.
El portal de noticias de Radio Bio Bio publicó que el vehículo fue emboscado por encapuchados y los efectivos debieron descender para ponerse a resguardo, momento que los agresores aprovecharon para robar un arma e incendiar el vehículo. La versión, de todos modos, cita fuentes policiales. Desde el gobierno, lamentaron lo ocurrido y advirtieron que los disturbios fueron provocados por un grupo «minoritario de violentos».

Reclamo de reforma.
Mientras tanto, en Chile crece el descontento y aumentan los pedidos de reforma para limitar el poder de Carabineros, acusada de gatillo fácil y violaciones a los derechos humanos. La muerte del malabarista fue el escándalo más reciente y terminó de afirmar las demandas de una refundación total del cuerpo.
Según el Instituto nacional de Derechos Humanos (INDH) entre el inicio de las protestas de octubre de 2019 y noviembre de 2020, 3.383 chilenos denunciaron abusos o violaciones a sus derechos. Y en 2020 se registraron 417 denuncias judiciales de víctimas de Carabineros.
Pero los reclamos vienen de antes. En noviembre de 2018, el sargento del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) Carlos Alarcón asesinó al comunero mapuche Camilo Catrillanca, en la sureña Temucuicui. El ex sargento fue condenado por «homicidio simple consumado de Catrillanca» y «homicidio simple frustrado de M.A.P.C» y también hubo sentencias penales para seis carabineros y un abogado de la fuerza.
El juicio marcó la primera gran crisis dentro de la policía y forzó la salida del director general Hermes Soto. Aunque crecieron los pedidos de reforma y refundación de dirigentes, partidos opositores y organizaciones internacionales, hasta ahora los cambios se limitaron al reemplazo del director general y a una promesa de «actualización» del nuevo titular, Ricardo Yáñez.

Apoyo presidencial.
Durante 2019 Amnistía Internacional registró 5.558 chilenos que denunciaron violencia institucional de Carabineros, de las cuales 1.938 fueron heridas con armas de fuego y 674 presentaron lesiones físicas, entre ellas 285 con graves lesiones oculares. La mayoría fueron víctimas de la represión de protestas durante el último trimestre. La conclusión de AI fue clara: Carabineros «está obsoleta y necesita adecuarse a las necesidades de la población».
Sin embargo, Sebastián Piñera siempre respaldó a Carabineros y rechazó eventuales reformas estructurales. «Los carabineros no son de izquierda ni derecha, no son gobierno ni oposición, son de todos los chilenos y tenemos un deber de respeto y reconocimiento» afirmó el presidente durante el cambio de mando de la fuerza, el 25 de noviembre de 2019.
Con la pandemia y la promesa de una Convención Constituyente que será electa en abril, los reclamos se aplacaron un poco hasta que en octubre del año pasado un carabinero empujó a un joven manifestante de 16 años desde un puente al lecho del río Mapocho, en el centro de Santiago, episodio que causó un repudio generalizado y por el que el carabinero Sebastián Zamora Soto (22) fue imputado por «homicidio frustrado» y expulsado de la institución.
Pero el problema no resulta individual sino de la fuerza en su conjunto, como lo demostró el asesinato del joven malabarista, tras negarse a un control de identidad, prerrogativa que Carabineros sumó en 2016 durante el gobierno «socialista» de Michelle Bachelet.
Actualmente, el partido de Bachelet repudia esa atribución. El senador, ex canciller y ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la consideró «completamente inútil» y solicitó «eliminar el control de identidad, porque es una mala herramienta». «Está claro que la relación entre delincuencia y control de identidad es muy baja o ninguna, porque la gente controlada no genera ningún problema. Es una medida discriminatoria y muy molesta para la gente», concluyó.
(Télam)