Curioso plebiscito en Suiza

Los suizos deben decidir hoy si las multinacionales con sede en el país tienen la obligación legal de garantizar el respeto por los derechos humanos y del medio ambiente en sus actividades en el extranjero, en un referendo con consecuencias directas para América Latina donde operan muchas de estas empresas mineras, farmacéuticas, alimenticias y de agroquímicos, entre otros rubros. «Si se aprueba, las compañías suizas en el futuro deberán asegurarse que su cadena de producción no cause violaciones a los derechos humanos y del medio ambiente. Tendrán la obligación de cumplir y reportar cualquier violación», explicó Nina Burri, abogada de la ONG «Pan para todos» y parte de la campaña a favor de la iniciativa.
Pero lo más importante para Latinoamérica es que frente a alguna de estas violaciones» las víctimas pueden iniciar una demanda en Suiza y pedir una compensación», añadió.
Muchas multinacionales con sede en Suiza son del sector de commodities, como la minera Glencore, el mayor paquete accionario entre las firmas que operan en el Bajo de la Alumbrera (Catamarca) y también en Bolivia y Perú, donde controla la minera Volcán, productora global de zinc, plata y plomo y responsable de emitir metales pesados que provocaron síntomas crónicos de intoxicación a unos 2.000 niños que padecen anemia, discapacidades y parálisis, según una denuncia pública del pueblo Cerro de Pasco.
«Yo misma trabajé en la República Democrática del Congo donde se investigó el efecto de los yacimientos de Glencore que contaminó los ríos, la tierra y el aire con químicos tóxicos que causaron problemas de salud a las comunidades cercanas a las minas», destacó Burri.

Una larga lista.
En la nómina de multinacionales alcanzadas por la consulta de hoy figuran la alimenticia Nestlé, las farmaceúticas Roche y Novartis, la energética Mercuria o la constructora Lafarge Holcim, denunciada por contaminar con finas partículas de cemento en Nigeria y en el río Sena de París. También incluye a la firma de agroquímicos Syngenta que «exporta pesticidas prohibidos en Europa, pero no en otros lugares como India, donde son parcialmente responsables de la muerte de granjeros».
La iniciativa recogió 120.418 firmas para lograr ser evaluada en un plebiscito en el sistema de democracia directa de Suiza y fue apoyada por una gran coalición de legisladores de un amplio espectro político, además de docentes universitarios, sindicatos, unas 130 Ongs y organizaciones religiosas, como la Conferencia Episcopal. Entre sus detractores están el gobierno y la mayoría parlamentaria suiza que a cambio prometieron un contraproyecto introduciendo nuevas leyes para que las compañías refuercen sus controles en el extranjero, aunque sin avalar la responsabilidad legal.
«Esta propuesta va demasiado lejos, es demasiado radical» consideró la ministra de Justicia, Karin Keller-Sutter, expresando la posición del Consejo Federal (Ejecutivo) que mostró su preocupación porque las firmas suizas deberán hacerse responsables por sus proveedores independientes.

Palos en la rueda.
Del mismo modo se manifestaron las organizaciones patronales que apoyan el espíritu de la iniciativa, pero aseguran que en lugar de solucionar un problema las reglas tan estrictas desalentarán la inversión y creación de empleo. «Pondría a las empresas suizas ya debilitadas por la pandemia en grandes dificultades. Suiza es un país muy pequeño. No deberíamos ser una placa de Petri sin garantía de que esos experimentos tendrán resultado positivo», aseguró Erich Herzog, de la federación de empresas Economiesuisse.
Sin embargo Burri cuestionó estos argumentos: «violar los derechos humanos no debería ser una ventaja económica en el mercado internacional» dijo. Y agregó que como las multinacionales eligen Suiza para instalarse por los impuestos, leyes, estabilidad y personal altamente calificado, «ninguna gran empresa va a abandonar el país si se aprueba la iniciativa».
Las encuestas reflejan una absoluta paridad en los resultados de esta consulta y un sondeo realizado hace pocas semanas por el grupo Tamedia otorgó un 51% de los votos a favor de adoptarla.
(Télam)