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Delegación argentina presentó informe

GOLPE EN BOLIVIA: DESAPARICIONES FORZADAS, TORTURAS Y ABUSOS SEXUALES

El relevamiento realizado por los dirigentes sociales argentinos consigna que las masacres de Sacaba y de Senkata fueron los casos más graves de delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de facto boliviano. El trabajo recoge testimonios de víctimas tras el golpe.
«Por favor, no nos dejen». Esa fue la frase que, como un mantra, escucharon en Bolivia los integrantes de la delegación que estuvo una semana en el país del altiplano para testimoniar la situación tras el golpe contra Evo Morales. Fueron cuarenta personas integrantes de organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y políticas, entre ellas cerca de veinte abogados que interactuaron con las víctimas de la violencia liderada desde el Estado contra la población. Recogieron más de cien testimonios en los que se describen graves violaciones a los derechos humanos como «la desaparición forzada de personas, asesinatos, torturas, delitos sexuales, persecución selectiva de líderes de movimientos sociales, ataque contra los gobernantes y funcionarios del gobierno de Evo Morales, confección de listas negras, represión en manifestaciones públicas, restricción a la libertad de prensa, espionaje y escuchas ilegales».
El informe de la delegación fue presentado en una conferencia de prensa. «Este proceso que dice tener una salida institucional es imposible si no hay un proceso de verdad y justicia. Hemos recibido y visto situaciones y denuncias que configuran crímenes de lesa humanidad», señaló el jurista Roberto Carlés, uno de los abogados que participó en el trabajo de la delegación que se acercó hasta la localidad de Senkata, uno de los lugares donde se concentró la represión y dejó al menos nueve muertos.
«Está claro que lo que hace falta es la actuación de un órgano supranacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o que un país abra una instancia de juicio, como fue Argentina con el tema de las víctimas del franquismo o España con la dictadura chilena», apuntó Carlés, destacando la falta de apoyo internacional para una situación como la que atraviesa Bolivia.
La delegación estuvo integrada por organizaciones de derechos humanos y sociales, que partieron el viernes para Bolivia. Apenas pisaron el aeropuerto fueron recibidos por grupos civiles que los increparon y amedrentaron y fueron demorados por la policía local, e incluso en la conferencia denunciaron que algunas de las mujeres que integraron la comitiva fueron obligadas a sacarse la ropa durante el cacheo. Al día siguiente fueron amenazados públicamente por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien les advirtió que serían detenidos si cometían un acto de «sedición» o «terrorismo». El trabajo de la delegación se tornó dificultoso, pero pudieron tomar testimonios de un centenar de personas en El Alto y en La Paz.
«La prensa que defiende el golpe tuvo una actitud de escrache con la delegación. Y de lo que pudimos documentar sabemos que se va a multiplicar a medida que pasen los días», advirtió Pablo Pimentel, integrante de la APDH de La Matanza.

Violación de DD.HH.
Con la mayoría de los integrantes de la delegación sentados en la mesa y algunos otros parados detrás, Carlés destacó que «hoy en Bolivia hay terrorismo de Estado».
Uno de los puntos que tenían en la agenda del viaje era contactar con la Defensoría del Pueblo en La Paz, pero no los dejaron llegar. «Tienen una situación muy complicada porque denuncian todas las violaciones a los derechos humanos que están pasando, entonces los grupos de choque los acusan de masistas (partidarios del MAS, la fuerza de Evo Morales) y los acosan y agreden constantemente».
También tenían organizado un encuentro con una senadora del MAS que está en huelga de hambre en palacio legislativo. Primero les habían otorgado el permiso para llegar, pero después fue revocado. Entre los integrantes de la delegación ya plantean un segundo viaje «esta vez más rodeados y con mayor apoyo internacional». (Pagina12.com)