Denunciaron a Piñera por delitos de lesa humanidad

Una primera acción penal por delitos de lesa humanidad fue interpuesta en Santiago de Chile contra el presidente, Sebastián Piñera, y el exministro del interior Andrés Chadwick. La acusación fue presentada por la activista social Roxana Miranda y la abogada de derechos humanos Mónica Araya, con el patrocinio del abogado Rubén Jerez Atenas, quien informó a Prensa Latina que el texto fue ingresado en el Séptimo Juzgado de Garantía, en Santiago.
La querella se fundamenta en los delitos de lesa humanidad relacionados con el asesinato de cinco personas por agentes del Estado durante las manifestaciones que se iniciaron el 18 de octubre y que aun continúan. El documento acusatorio puntualiza que el ataque generalizado de los acusados contra civiles se manifestó en la instauración del estado de excepción y la orden de Piñera y Chadwick a las fuerzas armadas a intervenir en las calles contra los manifestantes.Asimismo el texto señala que los crímenes de lesa humanidad corresponden a los asesinatos de los ciudadanos Romario Veloz, Alex Núñez, Kevin Gómez, José Miguel Uribe y Manuel Rebolledo por efectivos de Carabineros y de las fuerzas Armadas. A esto se añaden otros tres casos en los que se acusa de abuso policial, violencia y represión excesiva por carabineros. Para ello, los denunciantes se apoyan en la tipificación de que hace la legislación vigente en Chile sobre los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

Contrapropuesta.
Por su parte, partidos de oposición presentaron ayer una contrapropuesta a la denominada agenda social que dice promover el gobierno de Piñera, para salir de la crisis. El objetivo es promover un plebiscito para que la población se pronuncie sobre la creación de una nueva Constitución, una de las grandes demandas del movimiento social.
Precisamente, los promotores de la contrapropuesta son partidos que asistieron a una reunión convocada por La Moneda el miércoles último y que consideraron insuficiente ante la falta de ideas y respuestas concretas del ejecutivo a las demandas de la sociedad. En la propuesta, con metas a mediano y más largo plazos, figuraría también aumentar en 50 por ciento la pensión básica solidaria, mejorar las pensiones para la clase media, elevar el salario mínimo a 350 mil pesos, reducir la dieta de los parlamentarios y brindar transporte público gratuito para adultos mayores.
Estas medidas, presentadas por los presidentes del Partido Socialista, Alvaro Elizalde; Partido Radical, Carlos Maldonado, y Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, no son nada novedosas sino que recogen algunas de las exigencias del movimiento social, que en realidad van más allá. Igualmente se propone terminar de tramitar el muy respaldado proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y presionar al gobierno para subir el sueldo mínimo a 500 mil pesos líquidos y aumentar las pensiones al nivel de ese sueldo.
Esta es una medida reclamada por la Central Unitaria de Trabajadores, por encima de los 350 mil pesos que propone el gobierno de Piñera, y sobre la base de que las empresas asuman el grueso de ese aporte y no que sea subsidiado por el Estado. Tanto el Partido Comunista como organizaciones sociales de todo tipo advierten que la llamada agenda social anunciada por Piñera solo contempla medidas que a estas alturas son evaluadas como parches al modelo neoliberal que la gente rechaza y el gobierno pretende mantener. Pero sobre todo, que el ejecutivo habla de dialogar, pero hasta ahora ha dejado fuera al vasto movimiento social que ha encabezado las manifestaciones.

Datos del INDH.
En tanto, el número de detenidos en las multitudinarias protestas en Chile se elevó a 4.316 y el de heridos a 1.541, según reportó ayer el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Esas cifras corresponden al último reporte de esa entidad y reflejan un aumento de 45 detenidos y de 269 heridos con respecto al informe anterior.
Entre los heridos reportados, la cantidad de personas con disparos de bala pasó de 38 a 40, las alcanzadas por perdigones aumentaron de 402 a 473 y el de afectados en globos oculares registró un aumento de 146 a 157. Asimismo el INDH señaló que ya las acciones judiciales presentadas alcanzan las 179 con los mayores aumentos en las denuncias por torturas practicadas por los agentes del orden contra los detenidos. (Prensa Latina)