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Denunciaron por genocidio a Bolsonaro en Corte de La Haya

PROFESIONALES DE LA SALUD PRESENTARON DEMANDA INTERNACIONAL

Más de 60 sindicatos y movimientos sociales, la mayoría de profesionales de la salud liderados por la Red Sindical UniSaúde, solicitaron a la Corte Penal Internacional que condene «por genocidio» al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. La denuncia, presentada el domingo en La Haya, sostiene que Bolsonaro cometió un crimen de lesa humanidad por «alentar acciones que aumentaron el riesgo de proliferación de la Covid-19» y por «negarse a implementar políticas de protección para las minorías».
En un documento de 64 páginas, más de un millón de profesionales de la salud denuncian «fallos graves y mortales» en la respuesta del gobierno brasileño ante la crisis. Hasta ayer, Brasil registraba casi 2,5 millones de contagios y más de 87.000 muertes por coronavirus. La denuncia afirma que Bolsonaro nunca siguió las recomendaciones de su propio Ministerio de Sanidad para frenar la propagación y en incontables ocasiones provocó aglomeraciones y salió sin mascarilla, además de minimizar la gravedad del virus, llamándolo «gripecita». «Esta actitud de desprecio, negligencia y negacionismo tuvo consecuencias desastrosas, con el consiguiente aumento de los contagios y el colapso total de los servicios de salud, que carecían de condiciones mínimas para asistir a la población, provocando muertes sin más controles», añade.

Defensor de la cloroquina.
La denuncia incluye también la insistente defensa del presidente al tratamiento con cloroquina, a pesar de las recomendaciones en contra, y su veto a leyes aprobadas por el Congreso para contener la epidemia y proteger a las poblaciones más vulnerables (pueblos indígenas y quilombolas o descendientes de esclavos).
A principios de julio, Bolsonaro vetó la obligación de garantizar a estas poblaciones el acceso al agua potable, al menos durante la pandemia. «Los vetos muestran una política de exclusión de las minorías, poniéndolas al margen de todas y cada una de las políticas públicas», sostiene la denuncia.

Varias denuncias.
Bolsonaro ya había sido denunciado por intento de genocidio de los pueblos originarios y en La Haya hay al menos tres demandas exigiendo que investiguen su actuación frente a la pandemia. El argentino Luis Moreno Ocampo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional, le dijo al diario El País (España) que antes de juzgar a Bolsonaro, es necesario «demostrar que hay un plan para utilizar el coronavirus como herramienta de exterminio, total o parcial, de la población».
Deisy Ventura, «especialista en pandemias y derecho internacional», afirmó que existen todos los elementos necesarios para clasificar su actuación ante la Covid-19 como crimen de lesa humanidad: intención, planificación y ataque sistemático. En cualquier caso, la CPI podría demorar varios meses en analizar las denuncias y decidir si abre o no una investigación contra Bolsonaro.
«Ya se fueron presentadas tres denuncias ante el tribunal y estamos intentando aportar evidencias técnicas. Representamos a sindicatos de diferentes sectores, la mayoría de profesionales de la salud, y aportamos información que demuestra la existencia de un delito, ya sea por acción u omisión», explicó Marcio Monzane, secretario regional de UNI Américas, una de las impulsoras de esta denuncia.
Monzane asegura que en la primera línea de lucha contra el virus «faltan equipos de protección y pruebas», y denuncia que «ya murieron unos 500 profesionales» de la salud en Brasil.

Sin ministro.
La denuncia detalla el avance de la pandemia y los esfuerzos del Congreso por reducir la burocracia en torno al gasto público, a fin de facilitar medidas de emergencia. También evalúa la crisis política dentro del Ministerio de Sanidad, con la destitución de dos ministros en plena pandemia, y advierte que el país enfrenta la peor crisis sanitaria del siglo sin ministro y con los cargos estratégicos ocupados por militares sin experiencia en salud. «El control de la lucha contra el avance de la pandemia parece totalmente abandonado, y requiere que gobernadores y alcaldes tomen medidas que debería tomar el Poder Ejecutivo», afirma.
Los denunciantes citan también a Gilmar Mendes, juez del Supremo Tribunal Federal, quien asoció el término «genocidio» con la pandemia en Brasil. «Es muy malo para la imagen de las Fuerzas Armadas: el Ejército se está asociando con este genocidio. No es razonable, hay que poner fin a esto», advirtió el magistrado.
Los firmantes de la denuncia consideran que las acciones de Bolsonaro durante la pandemia «exponen la vida de la población a un alto riesgo para su salud, y a la muerte». Y consideran que hay «dolo» e «intención en la postura del presidente, cuando adopta medidas que vulneran los derechos humanos y desprotegen a la población, poniéndola en riesgo a gran escala, especialmente a los grupos étnicos vulnerables».