Inicio El Mundo Indignación en Honduras por la muerte de una estudiante universitaria

Indignación en Honduras por la muerte de una estudiante universitaria

La muerte en circunstancias no esclarecidas de una joven estudiante de enfermería ha generado indignación en Honduras.

En la madrugada del domingo, Keyla Martínez, de 26 años, fue declarada muerta en un hospital en el occidente del país centroamericano.

Según la versión oficial inicial, replica BBC MUNDO, la joven fue trasladada allí supuestamente tras intentar suicidarse en una celda de una comisaría de la Policía Nacional en la ciudad de La Esperanza.

Martínez, de acuerdo con las autoridades, había sido detenida en la noche del sábado «por escándalo en la vía pública en estado de ebriedad e incumplimiento al toque de queda» impuesto desde el año pasado por la pandemia de coronavirus.

Las autoridades indicaron que la joven se había colgado con una prenda de vestir en su celda y fue traslada al hospital, donde falleció.

Sin embargo, reportes del hospital filtrados a la prensa hondureña señalan que la joven habría llegado muerta.

Los informes contradictorios generaron cuestionamientos en un país en el que la policía ha sido señalada en numerosas ocasiones de abusos y uso injustificado de la violencia.

La indignación por la muerte de la joven generó protestas en los últimos días y se multiplicó este martes luego de que el Ministerio Público (Fiscalía) descartara el suicidio como causa de la muerte y apuntara a un «homicidio».

«Hoy el Ministerio Público (MP) está en la capacidad de informar que la autopsia reflejó que la muerte de esta joven fue por asfixia mecánica y esto, de acuerdo con Medicina Legal, lo que demuestra es que fue un homicidio. Sin embargo todavía faltan algunos resultados anexos que agregar a esta autopsia», dijo un vocero.

El MP solicitó, además, que los agentes policiales que estaban asignados en la comisaría la madrugada del domingo sean puestos «a la orden de los fiscales» e informó que se ordenaron otros exámenes para «verificar la hipótesis de que la manera de muerte fue homicida».

El caso.

Según el informe de la Policía Nacional, Martínez fue detenida hacia las 23:45 horas locales (05:45 GMT) del sábado junto a un médico con el que estaba porque habían violado el toque de queda que rige en el país de las 20:00 a las 05:00 (de las 02:00 a las 11:00 GMT).

El diario local El Heraldoque tuvo acceso al reporte policial sobre la muerte, indicó que el documento sugería que la joven se «pudo quitar la vida» porque «era la primera vez que se encontraba en las celdas en calidad de detenida, lo que consideró un desprestigio a su persona».

La portavoz de la Secretaría de Seguridad, Rebeca Martínez, dijo a los medios que el «intento de suicidio» fue descubierto por un agente que realizaba una «ronda de supervisión».

La versión oficial fue rechazada por los familiares de la estudiante, quienes atribuyen la responsabilidad a la Policía Nacional.

Desde que se conoció la noticia de la muerte, se han realizado varias protestas y las etiquetas #JusticiaParaKeylaMartinez» y «#NiUnaMenos» se volvieron tendencia en el país desde el fin de semana.

Universidades, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos tanto dentro como fuera de Honduras, condenaron lo sucedido y exigieron a las autoridades aclarar las causas de la muerte y procesar a los potenciales implicados.

«El Ministerio Público hondureño debe llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial en torno a la muerte de Keyla, con perspectiva de género y siguiendo los lineamientos de estándares internacionales ya que podría tratarse de una ejecución extrajudicial a manos de funcionarios públicos«, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional Erika Guevara-Rosas.

«Nos sumamos al llamado de la sociedad hondureña para que las autoridades esclarezcan los hechos cuanto antes y lleguen a la verdad, a través de las diligencias forenses y científicas necesarias. Amnistía Internacional recuerda que en toda muerte bajo custodia policial le corresponde al Estado demostrar de forma convincente que la muerte no fue una violación de derechos humanos producto de la actuación de un agente del Estado», agregó.