La Justicia elevó el número

El mecanismo de Justicia colombiano que investiga los crímenes cometidos en el conflicto entre el Estado y grupos armados, elevó ayer a 6.402 el número de civiles asesinados por militares y presentados como combatientes entre 2002 y 2008, casi el triple de lo que se creía.
Los asesinatos de los llamados «falsos positivos», uno de los capítulos más oscuros del conflicto interno que Colombia arrastra desde la década de 1960, involucran a unos 1.500 militares. Estos engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.
Al comenzar a indagar en esta cuestión tras su creación en 2015, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia recibió un informe de la Fiscalía General que cifraba en 2.248 los «falsos positivos» entre 1988 y 2014, concentrándose el 59,3% de las víctimas entre 2006 y 2008.

Más víctimas.
Sin embargo, este mecanismo especial de la justicia dijo que hubo 4.154 víctimas más de estas ejecuciones extrajudiciales, informó el diario El Espectador. «La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008», dijo la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal.
La cifra que podría aumentar, ya que estos asesinatos ilegales datan desde los años 80 y serán indagados hasta 2016, año del acuerdo de paz, pero el tribunal decidió priorizar en esta primera fase de la investigación el período comprendido entre 2002 y 2008 por ser el de mayor número de víctimas.

La más mortífera.
Si bien hay discrepancias sobre la magnitud de este fenómeno, la JEP afirmó que los distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron a esta etapa como la más mortífera, con el 78% del total de la victimización histórica. Durante esos años estaba vigente la llamada política de seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien propuso un papel más activo de la sociedad dentro de la lucha del gobierno contra los grupos guerrilleros.
Según el informe del tribunal especial, en 2001 se registraron 74 «falsos positivos», mientras que en 2002 pasaron a ser 473, más de seis veces más a los reportados el año anterior. En tanto, las fuentes también coinciden en que estos crímenes cayeron drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.

Regiones críticas.
Las provincias de Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son las seis regiones catalogadas como «críticas» y priorizadas por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigación del Caso 03, denominado «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado». La decisión de priorizar estas zonas, explicó la JEP, se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal, informó el periódico colombiano El Tiempo.
De su estudio, el tribunal determinó que el 25% del total de «falsos positivos» ocurridos en el país entre 2002 y 2008 ocurrieron en el departamento de Antioquía, donde la IV Brigada del Ejército, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes entre 2000 y 2013. En dicha región, la JEP descubrió a fines de 2019 una fosa común con más de 50 supuestas víctimas de ejecuciones, de la que brindaron información 14 miembros de la fuerza pública de distinto rango, que en su mayoría no habían sido investigados por la justicia ordinaria. (Télam)