Inicio El Mundo La ONU exigió la libertad de detenidos

La ONU exigió la libertad de detenidos

CONTINUAN LAS MOVILIZACIONES CONTRA EL GOLPE MILITAR

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) pidió ayer a la junta militar que perpetró al golpe de Estado en Myanmar el 1 de febrero que reinstaure el gobierno civil y libere a la dirigente y Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Al mismo tiempo, la ola de movilizaciones no decae, y por séptimo día consecutivo una multitud se volcó ayer a las calles pese a la represión. La resolución, adoptada por consenso entre los 47 miembros del Consejo, insta a la «inmediata e incondicional puesta en libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente» y «la restauración del gobierno electo».
Ayer en medio de las movilizaciones, la policía disparó balas de goma para dispersar una sentada en el sur del país y al menos cinco personas fueron arrestadas, según informó la agencia de noticias AFP. Aún así, cientos de miles de birmanos salieron de nuevo a la calle para exigir la liberación de los detenidos, el fin de la dictadura y la abolición de la Constitución de 2008, muy favorable al ejército.

Detenidos.
Más de 350 personas están actualmente detenidas desde el golpe de Estado, según una ONG de ayuda a los prisioneros políticos. Entre ellos, figuran responsables locales, diputados, miembros de la comisión electoral y activistas. El martes, la policía abrió fuego contra los manifestantes y causó varios heridos, entre ellos una mujer, que recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en estado crítico.
En Yangón, la capital económica, futbolistas profesionales y seguidores se manifestaron con camisetas rojas con los colores de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Suu Kyi. Decenas de miles de personas se movilizaron en estos últimos siete días, unas protestas inéditas desde la «Revolución del Azafrán», en 2007.

Huelgas.
Por otra parte, como medida de protesta, policías, controladores aéreos, profesores, personal sanitario y un número importante de funcionarios mantienen una huelga. El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, lanzó una advertencia contra los funcionarios en huelga a los que prometió «acciones eficaces» por «incumplir sus obligaciones incitados por personas sin escrúpulos».
En paralelo, 23.314 prisioneros, entre ellos 55 extranjeros, serán puestos en libertad, y otros verán su condena reducida, anunció el diario estatal Global New Light Of Myanmar. Por el momento se desconocen los detalles.

Amnistía.
Las amnistías masivas de prisioneros para hacer sitio en establecimientos hacinados son frecuentes y suelen anunciarse con motivo de fechas importantes del calendario de Myanmar. Ming Yu Hah, de Amnistía Internacional, calificó está iniciativa de «espectáculo paralelo para desviar la atención de los abusos diarios cometidos por las autoridades militares contra los derechos humanos».
La situación en el país sigue estando en la mira de la comunidad internacional, pero un paquete de nuevas sanciones de Estados Unidos contra los generales, en tanto, no parecen hacer efecto en los militares. Washington bloqueará los activos y las transacciones en Estados Unidos de 10 responsables militares o militares retirados, que se consideran responsables del golpe de Estado, entre ellos Min Aung Hlaing.
Pero los generales no poseen grandes intereses en Estados Unidos, o al menos no como en Singapur, y este tipo de medidas no han evitado que la junta siga al frente del país desde hace años, afirman los observadores.

Golpe.
El ejército de Myanmar tomó el 1 de febrero el poder al cuestionar las legislativas de noviembre, ganadas por abrumadora mayoría por la LND, en las que los observadores internacionales no constataron problemas. Los generales temían que su influencia disminuyese tras la victoria de Aung San Suu Kyi, si esta hubiera querido modificar una Constitución. La Premio Nobel de la Paz, que según su partido se encuentra bien y en arresto domiciliario en Naipyidó, sigue siendo venerada en su país, pese a las recientes críticas internacionales por su pasividad ante los abusos contra la minoría musulmana de los rohingyas. (Télam)