Inicio El Mundo Levantan piquetes en Colombia

Levantan piquetes en Colombia

UN GESTO PARA FAVORECER EL DIALOGO CON EL GOBIERNO

En un gesto que busca desempantanar las negociaciones con el gobierno, el Comité Nacional del Paro (CNP) de Colombia levantó ayer unos 40 «puntos de resistencia (piquetes) como demostración de voluntad», trasladando la presión a las autoridades en la víspera de otra jornada nacional de movilizaciones. «Hemos avalado que se avance en un diálogo para suspender o distender los cortes de ruta o concentraciones, y ya se están reduciendo» explicó el titular de la CGT, Percy Oyola, uno de los principales negociadores.
Nelson Alarcón, otro miembro del CNP y presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), reivindicó el «desescalonamiento» de los cortes «como una demostración más de la voluntad del CNP» para alcanzar «una solución negociada y concertada a este paro nacional».
La decisión, un tanto sorpresiva porque hasta el domingo el CNP defendía los cortes como posible de protesta, llegó antes de otra reunión entre las partes, que hace semanas buscan un acuerdo en torno a las garantías para las movilizaciones, antes de abrir una discusión sobre el pliego de demandas.
Si bien circulaban diferentes versiones acerca del número de cortes levantados, todos los medios informan una reducción notoria de los piquetes, aún en zonas más complejas como Bogotá, Cali y Medellín. La medida fue celebrada por monseñor Héctor Fabio Henao, uno de los mediadores, junto al jefe de la Misión de la ONU Carlos Ruiz Massieu, quien destacó una «perspectiva importante de que están dando pasos significativos».

Desescalada.
El anuncio resulta clave, porque el gobierno se escudaba en los piquetes para posponer el debate de fondo y defender la militarización en ocho departamentos y 13 ciudades. Pero aún persisten dos incógnitas: si la administración de Iván Duque cederá en alguno de los reclamos del CNP y qué ocurrirá durante las protestas de hoy.
El secretario general de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees), Cristián Serna, expresó que el CNP no sabe cuántos cortes de caminos hay actualmente en todo el país. «Como no creamos los bloqueos, no podemos condenarlos. Trataremos de coordinar su desescalamiento, pero hay muchos sobre los cuales no tenemos información. Pero seguimos tratando de intermediar para que haya corredores, que dejen pasar a más personas y hasta para que sean levantados» añadió Serna.
Los «corredores» destinados a evitar un desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles y permitir atenciones médicas no es suficiente para Duque, quien pretende el levantamiento total de los «puntos de resistencia».

Nueva reunión
Con esa cuestión sobre la mesa ambas partes volvieron a negociar ayer, como hacen desde el 7 de mayo, en una sede neutral de Bogotá, con mediación de Henao, la Iglesia y la ONU. La última charla fue el domingo, después que el gobierno decidiera por decreto una «asistencia militar» para las zonas más conflictivas.
También la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) celebró el cese de bloqueos como «un paso fundamental» para lograr «negociaciones sin presiones», y evaluó que se observa «una luz de esperanza para que la economía tenga oportunidad de reactivarse y recuperar las pérdidas generadas por el bloqueo de las vías».
Colombia vive una situación de extrema tensión desde el 28 de abril, cuando comenzó un paro total contra un proyecto de reforma tributaria ya archivado, pero que escaló en múltiples protestas que dejaron, según las organizaciones, más de 60 muertos y cerca de mil heridos, además de abusos y excesos policiales.

Gobernadores resisten
En las últimas horas viene creciendo una polémica institucional entre Iván Duque y varias gobernaciones y alcaldías que rechazan la militarización en sus distritos y prefieren el diálogo. La cara más visible, pero no la única, es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien descartó aplicar en la capital el decreto 575, que ordena a los gobernadores de ocho departamentos y los alcaldes de 13 ciudades coordinar con el Ejército y la Policía el despeje de los bloqueos de rutas y autopistas.
«De ninguna manera es una opción. Mientras sea alcaldesa no habrá militarización en Bogotá. Hacerlo es echarle leña al fuego. Gracias a los esfuerzos de la ciudadanía y la Policía aquí no hubo masacres como en otros sitios», afirmó.
«Un estallido social no se resuelve con fuerza. Poner a la policía como primer interlocutor de un estallido social y económico es un error, un absoluto despropósito», insistió la joven feminista, ex consultora de Naciones Unidas y columnista en varios medios.
El decreto impone a gobernadores y alcaldes la obligación de «brindar el apoyo y colaboración, en el marco de sus competencias, para lograr mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos de captura y judicialización de las personas que incurren en actos delictivos que afectan el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana».
La orden presidencial advierte que «los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto, serán sujetos de las sanciones a que haya lugar», pero existen también diferentes opiniones legales acerca de esta disposición y numerosos cuestionamientos en ciudades y provincias. (Télam)