Marcharán por la renuncia de Bolsonaro

Un diputado aliado le advirtió en dos ocasiones a Jair Bolsonaro sobre «irregularidades» en el proceso de compra a la India de vacunas Covaxin, pero el presidente brasileño firmó el acuerdo igualmente, y la cuestión será ahora investigada por la comisión del Senado que evalúa la gestión gubernamental de la pandemia.
A finales de enero, Luis Miranda, diputado de Demócratas, le informó a Bolsonaro sobre un posible hecho de corrupción, pero aún así el 25 de febrero el Poder Ejecutivo firmó un acuerdo por 1.600 millones de reales (322 millones de dólares) con el laboratorio indio.
Según el sitio El Antagonista, la denuncia se basaba en información de Ricardo Miranda, hermano del diputado y jefe del Departamento de Importaciones del Ministerio de Salud, quien sufría «presiones» hasta de «coroneles» para concretar el negocio. El portal reveló que Ricardo Miranda «estaba siendo perseguido e incluso fue exonerado» del cargo.
Si se comprueba el aviso, Bolsonaro podría ser acusado como mínimo de prevaricato.
El Ministerio de Salud podría alegar que el pago de las 20 millones de dosis aún no se hizo efectivo, pero eso no elimina el hecho de que suscribió el contrato. Miranda dijo que Bolsonaro le anticipó claramente que enviaría el caso a la Policía Federal, pero desconoce si realmente lo hizo. Y precisó que hizo sus advertencias a Presidencia el 29 y 30 de enero (antes de la firma del contrato) y el 20 de marzo.
Esa último vez, antes conversar con Bolsonaro, envió a un asesor presidencial este mensaje: «Notifique al PR (presidente de la República) que existe un fuerte esquema de corrupción en la adquisición de vacunas dentro del Ministerio de Salud. Tengo pruebas y testigos». La respuesta fue la imagen de una bandera brasileña. Una hora después, Miranda reiteró: «no olvide notificar al presidente. Después, no quiero que nadie diga que hice implosión de la República».

Investiga el Senado.
El senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la Comisión Investigadora, presentó una serie de documentos que confirman las «irregularidades» y que son evaluados por la Fiscalía General. El acuerdo con el laboratorio Bharat Biotech supone el precio más alto pactado en Brasil por una vacuna, y además la compra se realizó sin que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) hubiera constatado su eficacia.
Covaxin es la única vacuna que Brasil negoció mediante un «intermediario», la firma Precisa, uno de cuyos socios, Francisco Maximiano, es titular de otra empresa investigada por corrupción en contratos públicos. La Comisión citará a los funcionarios involucrados en la negociación y también escuchará al empresario Maximiano.

Marcha por la renuncia.
Mientras tanto, agrupaciones políticas, movimientos sociales y partidos opositores convocaron a marchar el 24 de julio por el «cese de la brutalidad policial» y para exigir la renuncia de Bolsonaro. La protesta fue organizada por el Frente Brasil Popular, Pueblo sin Miedo, Coalición Negra por los Derechos, el Partido de los Trabajadores y el Partido Socialismo y Libertad.
Joao Paulo Rodríguez, referente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y del Frente Popular Brasil, destacó que se logró una «gran unidad en torno a la realización de una nueva marcha el 24 de julio». «Durante este período queremos realizar un proceso de construcción con las organizaciones que se oponen al gobierno de Bolsonaro», agregó.
También el juvenil Movimiento Levante Popular propuso que el 24 de julio «sea otra jornada nacional de movilizaciones en todo el territorio brasileño. Ocuparemos cada región, cada estado, ciudades de todo Brasil», prometió, mientras la campaña nacional «Fora Bolsonaro» anunció un plenario para el 1° de julio. «Escucharemos a nuestros dirigentes y organizaciones para preparar el proceso de movilización que consistirá en huelgas y actividades en la periferia y el centro de grandes ciudades», informó la agrupación.
La convocatoria fue una respuesta a la brutal represión contra una protesta pacífica de pueblos originarios de «Levante pela Terra», contra un proyecto de ley que pretende anular la demarcación de tierras indígenas para beneficiar a empresas mineras.
(Télam)

Nueva variante en Río de Janeiro
Río de Janeiro confirmó una nueva variante de coronavirus, denominada P5 tras un estudio de la Red Corona-Omica-RJ, que desarrolla monitoreos constantes. La nueva cepa fue detectada en Porto Real (estado de Río de Janeiro), cerca de la frontera con San Pablo, y la Secretaría de Salud Estadual advirtió que «no se puede afirmar que sea más letal o transmisible». Las autoridades confirmaron 19 casos con la nueva variante y registraron otros seis casos en San Pablo. Brasil ya había descubierto otras cuatro variantes: Zeta, Manaos y la P4, registrada en mayo.

Renunció otro ministro
Ricardo Salles, ministro de Ambiente de Brasil, presentó su dimisión, que fue aceptada por el presidente, un mes después de que la Corte Suprema iniciara una investigación en su contra, allanara la sede del ministerio y destituyera a diez funcionarios sospechados de corrupción. Bolsonaro nombró en su lugar a Joaquim Alvaro Pereira Leite, informó el sitio de noticias G1.
Salles era una de las figuras más extremas del bolsonarismo, de fuertes vínculos con el sector político que agrupa a empresarios ruralistas. La oposición ya había pedido al Supremo Tribunal Federal la designación de una comisión parlamentaria para revisar su política medioambiental.
La deforestación en la Amazonia aumentó un 41% en mayo de este año con respecto al mismo período del año anterior, cifra que rompe por tercer mes consecutivo el récord de Brasil y contradice las promesas de Bolsonaro sobre reducir estos índices. En números, se talaron 1.180 kilómetros cuadrados de selva en mayo, mientras que en abril esa superficie alcanzó a 580 kilómetros cuadrados, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).
En mayo, el juez Alexandre de Moraes aceptó abrir una investigación judicial y ordenó una serie de allanamientos y destituciones contra Salles y su ministerio a partir de una pesquisa iniciada en enero por una denuncia de la Aduana de Estados Unidos, que registró un ingreso de madera brasileña sin certificación de origen.