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ONU también advierte a Nicaragua

MICHELLE BACHELET DENUNCIO "DETENCIONES ARBITRARIAS" DE OPOSITORES

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió al gobierno de Nicaragua un «cambio urgente» de actitud en el proceso electoral y «liberar» a los líderes opositores y precandidatos presidenciales detenidos «arbitrariamente» meses antes de las elecciones. «Emplazo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente el proceso electoral», advirtió Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, y llamó a «liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente», según la agencia AFP.
«Desde mi último informe el pasado 23 de febrero, mi oficina ha observado un preocupante deterioro de derechos humanos, que alejan la posibilidad de que se pueda elegir libremente en las elecciones», alertó. Y agregó: «lamentablemente no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones que hizo mi oficina. La crisis se ha agudizado de manera alarmante».
Bachelet denunció una «persecución selectiva» contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores por parte del gobierno de Daniel Ortega y destacó que solo en las últimas semanas registraron las detenciones de «cinco candidatos y otros opositores sin suficiente evidencia probatoria». «Llamo al gobierno a un cambio urgente, que implica liberar de inmediato a los detenidos y derogar la legislación restrictiva del espacio democrático. Reitero que es urgente que se autorice el regreso de mi oficina en Nicaragua», concluyó la máxima autoridad en derechos humanos de la ONU y dos veces presidenta de Chile.

Nicaragua rechaza.
En la misma sesión del Consejo de Derechos Humanos, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó las denuncias y advertencias de Bachelet. «Nos denuncian porque las personas que están respondiendo ante la Justicia nicaragüense son tristes y fracasados asalariados» aliados de Estados Unidos y Europa, contraatacó Moncada en un encendido discurso, en el que calificó a los opositores detenidos como «vendepatrias».
«Tenemos el derecho a la paz, que hemos estado construyendo con gran esfuerzo a través de siglos de agresiones, interferencias e intervención de Estados Unidos con la complicidad de las potencias europeas», agregó el ministro de Ortega. A cinco meses de las elecciones generales, las autoridades de Nicaragua detuvieron a 19 opositores, entre ellos cinco precandidatos a la Presidencia, y a la ex primera dama María Fernanda Flores.
La lista de encarcelados incluye a la figura con más chances para enfrentar a Ortega (líder de 75 años que encabezó la Revolución Sandinista en 1979), Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Chamorro, quien puso fin a la nómina de gobiernos sandinistas al derrotar al actual mandatario en las urnas durante la transición pacífica de 1990.
A la mayoría de los detenidos se les aplica una ley aprobada por el Congreso de mayoría oficialista que permite procesar a quienes, según el gobierno, cometan actos que «menoscaban la independencia y soberanía» e inciten «a la injerencia extranjera». Según la oposición nicaragüense, estas detenciones buscan despejar el camino a una reelección de Ortega para su cuarto mandato presidencial consecutivo, aunque él todavía no oficializó su candidatura.

Preocupación.
Bachelet había advertido sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua, cuando las masivas manifestaciones contra el gobierno en 2018 terminaran con una violenta represión masiva que dejó 328 muertos y miles de exiliados, según organizaciones nacionales e internacionales.
Y Bachelet no fue la única voz que alertó sobre un empeoramiento del contexto político nicaragüense. El representante argentino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Federico Villegas Beltrán manifestó su preocupación ante «las continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos, la persistencia de restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia» y apoyó el pedido de Bachelet para volver a ingresar en Nicaragua, informó la Cancillería.
Otros 59 países se sumaron al pedido para liberar a los disidentes detenidos. «Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas», argumentaron estos países, que llamaron a Managua a «comprometerse con la comunidad internacional» volviendo a permitir «la presencia de observadores electorales internacionales». (Télam)