Tribunal pide explicaciones a Duque

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Bogotá) pidió al presidente de Colombia Iván Duque explicaciones por el decreto que habilitó la militarización de ocho de los 32 distritos del país y varias ciudades. También pidió a la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo las investigaciones realizadas sobre los daños y abusos cometidos por la policía al reprimir la ola nacional de protestas.
Además, dos jueces de las ciudades Pasto y Popayán dictaron fallos que cuestionan los operativos policiales, al ordenar una identificación anticipada de efectivos con detalle de armas «no letales» que usarán para custodiar, y prohibir el dispositivo «Venom» que usa el cuestionado Escuadrón Antidisturbios (Esmad).
La disposición de la justicia de Bogotá se conoce un día después de que el senador Iván Cepeda Polo Democrático) presentara otro recurso de tutela contra Duque, ahora ante el Consejo de Estado por considerar «abiertamente inconstitucional» el decreto que dispone la «asistencia militar» en regiones y ciudades. Advierte que Duque atribuye al Ejército «funciones que exceden sus competencias».

Pedido de informes.
Este Consejo es el tribunal supremo contencioso administrativo y actúa ante acciones de nulidad por inconstitucionalidad contra decretos dictados por el gobierno. Cepeda advirtió que el decreto «en la práctica genera un estado de conmoción interior, al suspender de manera permanente normas constitucionales, sustituye la potestad sancionadora del Estado y le atribuye a la fuerza pública funciones que no le corresponden».
En una segunda parte de su resolución el tribunal de Bogotá pidió a la procuradora Margarita Cabello, al fiscal Francisco Barbosa y al defensor Carlos Camargo «un informe breve y detallado de las actuaciones que hayan adelantado o que adelanten en ejercicio de sus facultades, acerca de denuncias, quejas y situaciones particulares suscitada en las diferentes jornadas de protesta», incluyendo «homicidios y vandalismo».
El Tribunal también ordenó a la policía informar sobre su comportamiento en las manifestaciones y al Alto Comisionado para la Paz rendir cuentas sobre las negociaciones ante el Comité Nacional del Paro. Todos tendrán ocho horas para remitir la información al tribunal departamental, que intervino ante el desacato de una sentencia de tutela dictada por la Justicia para proteger a los manifestantes y el derecho constitucional de protestar.

Dos fallos.
Mientras tanto, dos jueces dictaron fallos que cuestionan la actuación policial y establecen condiciones para garantizar la seguridad de los manifestantes. En Pasto, capital de Nariño, un juez administrativo ordenó al comandante de la policía y los jefes del Esmad que cuando desplieguen el grupo especial antidisturbios deben informar previamente la identidad de los oficiales que lo integrarán al defensor del Pueblo, la Personería (cargo regional) y al procurador regional. Deberán especificar también qué armas, elementos y artefactos no letales emplearán, con sus respectivos números de serie.
En Popayán, en tanto, el Juzgado Décimo Administrativo Mixto y de la Oralidad suspendió el uso del Sistema Lanzador de Munición No Letal denominado «Venom» utilizado por agentes del Esmad, hasta que se elabore un protocolo para ese dispositivo. La justicia pretende dejar explícito solo puede usarse en «plataformas como vehículos terrestres o no tripulados y no desde el suelo, así esté soportado sobre un trípode, a fin de evitar que sea disparado directamente sobre los marchantes. Además, debe usarse como última opción para garantizar el restablecimiento del orden público», señala el fallo.
El uso de este dispositivo fue denunciado por varias organizaciones defensoras de derechos humanos, porque el Esmad suele ser directamente apuntado hacia quienes protestan. «Es un arma con efectos indiscriminados y completamente inapropiada para manifestaciones pacíficas» advirtieron Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).
La virtual militarización de las calles, los abusos y la violencia policial fueron ampliamente cuestionados y denunciados, dentro y fuera de Colombial, cuyas organizaciones de derechos humanos denuncian más de 60 muertos, decenas de desaparecidos y cientos de heridos.
(Télam)