Vizcarra no será destituido

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, que conservó su cargo al fracasar en la noche del viernes una moción para destituirlo en el Congreso, quedó sin embargo sospechado por el Ministerio Público, que lo relacionó con «un presunto hecho de connotación penal», informó ayer la prensa local. La fiscal anticorrupción Janny Sánchez vinculó a Vizcarra y a la exministra de Cultura Patricia Balbuena con aparentes responsabilidades en la contratación irregular del cantante Richard Cisneros en el caso que originó el escándalo que motivó el juicio político al mandatario.
«Se advierte la presunta vinculación con altos funcionarios públicos de gobierno como son el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, actual presidente de la república, y la exministra de Cultura Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios, con un presunto hecho de connotación penal», afirmó Sánchez. Lo hizo en la resolución en la que decidió investigar e imputar a tres exfuncionarias de menor rango, revelaron el diario limeño La República y la radio RPP.
Además, al no tener competencia para investigar a Vizcarra y Balbuena, Sánchez remitió un informe a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que esta se pronuncie de acuerdo con sus atribuciones. De cualquier forma, si se comprobara que Vizcarra cometió algún delito solo podrá ser procesado por la Justicia una vez que deje el cargo, lo que debe ocurrir el 28 de julio de 2021 o podría suceder antes solo si el Congreso volviera a formarle un proceso de vacancia y reuniera los votos necesarios para destituirlo.

Imputadas.
Mientras tanto, Sánchez resolvió investigar e imputar a Mirian Morales, ex secretaria general del Despacho Presidencial, por colusión agravada, negociación incompatible, obstrucción a la justicia y ocultamiento real; a Diana Tamashiro, exsecretaria general del Ministerio de Cultura, por negociación incompatible y colusión agravada en perjuicio del Estado, y a Karem Roca, ex secretaria privada de Vizcarra, por ocultamiento real y falsedad genérica en perjuicio del Estado.
Tamashiro dejó el cargo a fines de junio último y Morales y Roca fueron despedidas la semana pasada, luego de que la difusión de unos audios -aparentemente filtrados por Roca- en los que Vizcarra pide a dos asesoras que mientan ante una comisión investigadora diera lugar al proceso de vacancia en el Congreso.

Votos.
De todos modos, Vizcarra evitó la destitución, que apenas consiguió 32 de los 87 votos necesarios para prosperar, muy lejos incluso de los 65 con que una semana antes había sido admitido el proceso al presidente en el parlamento. Aliviado por el resultado de la votación, el mandatario llamó ayer a trabajar «todos unidos» para afrontar los desafíos que «realmente importan a los peruanos». «Los grandes desafíos del Perú nos exigen actuar con sensatez y responsabilidad; sigamos trabajando todos unidos por lo que realmente importa a lo peruanos», escribió en Twitter.
Así, llamó a «luchar contra la pandemia» de coronavirus y promover «la reactivación económica, el fortalecimiento de la democracia, el combate a la corrupción, para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan».
El juicio político a Vizcarra fue un capítulo más del nutrido conflicto de poderes que caracteriza al actual período de gobierno y de legislatura en Perú, iniciado el 28 de julio de 2016, casi desde el principio, cuando por primera vez en décadas un partido opositor -el fujimorista Fuerza Popular- tuvo mayoría propia en el parlamento unicameral. En ese contexto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció en marzo de 2018 para evitar ser destituido, tres meses después de haber sorteado otro proceso de vacancia, y fue sucedido por su hasta entonces primer vicepresidente, Vizcarra. (Télam)