Acreedores confirmaron apoyo

Blackrock y otros trece fondos de inversión anunciaron ayer formalmente que aceptaron la oferta argentina de canje de deuda y señalaron que el entendimiento «proporcionará un alivio en pagos de deuda de alrededor de U$S 37.000 millones en los próximos nueve años».
En un comunicado emitido ayer, el grupo AD Hoc, considerado el más duro dentro de la negociación de la deuda que comandó el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó su apoyo al entendimiento y precisó que al menos otros 13 fondos ya tomaron la decisión de avalar la propuesta.
Dijo que el acuerdo «proporcionará un alivio en pagos de deuda de alrededor de 37.000 millones de dólares en los próximos nueve años», entre 2020 y 2028, y que la oferta final contendrá «modificaciones en el marco legal que reflejan ciertas mejoras, que son lo último en la documentación de bonos soberanos».
Este último párrafo da por sentado que en la nueva propuesta podría haber cambios legales que de algún modo sentarían precedente en materia de reestructuraciones soberanas,
En el comunicado, estos fondos manifestaron su apoyo y confianza en la Argentina, aún antes de que el país formalizara los cambios ante la SEC, la comisión de valores de Estados Unidos.
Esta presentación será el próximo paso formal del Gobierno argentino para avanzar con el proceso de reestructuración de deuda.
El ministro Guzmán especuló el martes -en una conferencia de prensa- con que el acuerdo tendrá una gran aceptación, y que si no alcanza el 100%, contará con las mayorías necesarias en las distintas series de bonos que integran el canje, con lo que Argentina podrá utilizar las cláusulas de acción colectiva para cerrar la operación y evitar que futuros holdouts litiguen contra el país en los tribunales de Nueva York.
Respecto a las modificaciones de cuestiones legales, que podrían tener impacto en otros reestructuraciones, el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, dijo que buscarán redefinir la redacción en cuestión y que esto estará a cargo de una suerte de comisión redactora integrada por funcionarios nacionales y por representantes de los acreedores.
La expectativa oficial es que, una vez redefinidas estas cuestiones, ese nuevo estándar legal obtenga el respaldo de la comunidad internacional.
«No esperen ninguna novedad antes del 6 de agosto», señaló Bastourre en la rueda de prensa en la que acompañó al ministro. (Télam)