Acreedores pidieron información

Un grupo de acreedores de Vicentin solicitó a un tribunal de Nueva York disponer que esa cerealera presente documentos que incluyan transferencias bancarias electrónicas realizadas en el marco del concurso de acreedores, se informó ayer. Esos acreedores, entre los que se encuentran los bancos Rabobank, Credit Agricole, ING y el Banco Mundial, buscan detalles sobre las transferencias entre Vicentin y varias de sus filiales.
También solicitaron información sobre las transacciones de los ejecutivos de la cerealera santafesina, que se presentó en bancarrota en febrero último tras incumplir con el pago de U$S 350 millones a sus proveedores. Los abogados que representan a esos bancos indicaron que la documentación que se solicita será para utilizar en un procedimiento pendiente ante tribunales de la Argentina, según publicó la agencia Bloomberg.
Se trata de documentos con datos de principios de 2017 a la actualidad, vinculados con los negocios de Vicentin y sus filiales, incluida la de Paraguay. Los bancos también pretenden información sobre los gerentes y miembros de las familias fundadoras de la compañía, como Sergio, Pedro y Roberto Vicentin.

Intervención.
En tanto, el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, estimó ayer que el juez que lleva adelante el concurso de acreedores de la cerealera Vicentin, Fabián Lorenzini, definirá el pedido de intervención de la compañía por parte de la provincia «hacia fin de este mes o principios de agosto».
Asimismo, consideró que «el mejor remedio (para la empresa) es un shock de confianza mediante una intervención de naturaleza pública». «Los plazos procesales que hay que respetar indican que todos los plazos estarían concluidos hacia fin de mes o principios del otro. Creemos que son plazos excesivamente dilatorios, pero es lo que marca la Ley», indicó Somaglia.
Según Somaglia, «existen numerosos hechos que estamos probando, en los cuales creemos que la administración de la firma puede haberse llevado de un modo negligente o poco transparente a la situación que hoy está». «Por eso también, más allá del pedido de intervención que solicitó la provincia a los fines de instruir un salvataje que evite la expropiación, se lo solicitó la intervención para ver cuál es la mejor forma de sacar a la empresa de este momento y se le pidió al juez que no ejecutara por el momento la medida que había dispuesto de reinstalar a los directores en función de la copiosa prueba que aportamos», explicó.
Sin embargo, este hecho «no fue atendido y mereció una apelación de nuestra parte, así que la situación hoy sigue estando conducida por los directivos que llevaron a la situación de bancarrota en la que se encuentra y la provincia dando batalla para tratar de instruir un salvataje que no implique llegar al extremo de la expropiación», agregó el funcionario.
«Todas estas probanzas constituyen indicios suficientes que pueden exhibir al magistrado que la conducción empresaria no fue lo suficientemente sana y que posibilitaría el desplazamiento de los mismos», dijo Somaglia, quien recordó que Vicentin no presentó su balance anual de este año.

AFIP.
Por su parte, el juez Lorenzini ordenó ayer a la AFIP y a la Dirección General de Aduanas (DGA) levantar las suspensiones que pesan sobre la compañía en el registro de importadores y exportadores y habilitar las plantas cerradas como consecuencia de esas suspensiones. El juez hizo de esta forma lugar a un planteo de la cerealera para que se levantaran esas restricciones.
Los representantes legales de la AFIP señalaron en el expediente que «la suspensión en el registro de importadores y exportadores se efectúa de manera automática por la falta de pago de derechos de exportación y que tanto ello como la inhabilitación de la planta (provocada por la existencia de deuda líquida y exigible), no resultan medidas arbitrarias ni ilegítimas». En su presentación, la AFIP aclaró que Vicentin no fue suspendida por la apertura del concurso preventivo, pues la reforma que se introdujo en el artículo 97 del Código Aduanero, la apertura del concurso dejó de ser causal de suspensión del registro de importadores y exportadores. (NA/Télam)