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Acusan que es una medida electoralista

INQUILINOS RECHAZAN LEY DE ALQUILERES QUE IMPULSA EL GOBIERNO

Nire Roldán, referente de la Concejalía Popular de Rosario y representante de organizaciones de inquilinos de esa ciudad, afirmó ayer que el proyecto para una nueva Ley de Alquileres que impulsará el Gobierno es una «nueva mentira» antes de las elecciones. «Mauricio Macri dijo dos veces (en su mandato) que iba a hacer una ley nacional de alquileres. Nos mintió. Y ahora sobre el final, cuando ya no tiene ni cuerda, dice que va a hacer una ley nacional de alquileres sin tener consenso en el Congreso para sacar absolutamente nada. Es otro globo más», manifestó.
El representante del movimiento nacional de inquilinos afirmó que hay entre 7 y 8 millones de personas que alquilan en la Argentina y consideró que esa es la razón por la que ahora la administración Macri decidió prometer una nueva ley para regular el mercado. «Los inquilinos queremos una nueva ley nacional de alquileres teniendo en cuenta que en la Argentina hay un severo problema con la dinámica de la problemática del alquiler», sostuvo, y marcó las diferencias conceptuales que tienen las organizaciones con el oficialismo.

«Otro globo más».
Señaló que el secretario de Vivienda, Iván Kerr, y el diputado oficialista Daniel Lipovetzky (que impulsa este tipo de iniciativas en el Congreso) tienen una lógica de pensamiento que va en contra de los derechos de los inquilinos. Para ellos, dijo Roldán, el principal objetivo de cualquier iniciativa debería ser proteger la rentabilidad en dólares de los propietarios de los inmuebles, al margen de que estos puedan conservar su capital porque el mercado está dolarizado.
«El inquilino no llega a fin de mes, paga cánones de alquiler, más del 50% de su salario es destinado al abono del alquiler, no tiene garantías propietarias al renovar un contrato, le cobran entre 40 mil y 50 mil pesos de comisiones, la duración del contrato es corta», sostuvo el dirigente rosarino.
Roldán cuestionó con dureza el trato que el Gobierno nacional le dio a este tema, dado que en 2016 el Senado ya le había dado media sanción a un proyecto de ley y luego el oficialismo lo trabó en la Cámara baja. «Ahora, como leen que hay un problema de inquilinos que afecta a 8 millones de personas, tiran otro globo más como nos ha tirado muchos, como los créditos UVA. Hoy los deudores UVA andan corriendo preocupados porque no pueden pagar y se enfrentan a la posibilidad de perder las propiedades», dijo.

«Tufillo electoral».
Por su parte, el coordinador del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría porteña, Fernando Muñoz, aseguró ayer que el proyecto de Ley de Alquileres que quiere impulsar el Gobierno un mes antes de las elecciones demuestra que es una «maniobra electoral». «Esta premura por mandar ahora una ley de alquileres huele a tufillo electoral. Esto tiene que ir a comisión de legislación general en el Congreso y después debería haber audiencias públicas para que participen todos los eslabones de la cadena. Da para un año de debate», dijo el representante de la Defensoría.
El funcionario de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires indicó que el valor de una propiedad «aumentó nueve veces» en pesos entre enero de 2016 y la actualidad, tornándose casi inaccesible para el salario promedio de la misma jurisdicción, que no supera los 30.000 pesos. «El valor de una propiedad de dos ambientes de 30 años de antigüedad era de 1 millón de pesos en enero de 2016 y ahora está 9 millones de pesos en la Ciudad de Buenos Aires», subrayó Muñoz.
Consideró que por esa suba del precio de las propiedades y los niveles de pobreza que hay en la Ciudad -y mucho más en el resto del país- «no se puede pedir libertad de contratación», por lo que alguna regulación debe existir.

Cuestión electoral.
No obstante, consideró: «No es para tomar en serio que un mes antes de las elecciones presidenciales el Gobierno de Mauricio Macri quiera enviar una ley que no se trata desde 1984, que fue la ultima ley sobre este tema en la administración de Raúl Alfonsín». Muñoz dijo que ahora hay que esperar que se resuelva la cuestión electoral y que el nuevo Gobierno diga cómo van a ser las medidas económicas y si habrá o no ministerio de la vivienda para encarar estas problemáticas. (NA)