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Alberto llamó a terminar con la «justicia pendular»

REFORMA JUDICIAL

El presidente Alberto Fernández postuló el miércoles un «nunca más» a la justicia utilizada para «saldar discusiones políticas» y pidió que esté en «manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión», al presentar la iniciativa del Gobierno de reforma judicial.
«Sólo busco hacer la República que todos declaman, pero algunos humillaron», expresó el Presidente, al encabezar el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco; y el futuro consejo asesor de las reformas judiciales.
Tras un repaso histórico sobre el vínculo entre la justicia y los gobiernos que lo precedieron, desde la última dictadura militar, Fernández advirtió que los cuatro años de la gestión de Cambiemos «estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho».
A modo de ejemplo, mencionó el decreto 257 de Mauricio Macri, que suspendió la modificación del Código Procesal Penal Federal, y el hecho de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) «volvió a quedar bajo un manto de sospecha» con el permiso que se le otorgó para manejar «fondos reservados» y «participar de pesquisas judiciales».
«Hemos visto cómo el influjo del poder político y también de otros poderes, fue operando sobre la decisión de algunos jueces», planteó.
«Se hizo uso de doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas; de esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados», remarcó el Presidente.
Consideró, en contraposición, que el sistema judicial «debe apegarse a las normas y abstraerse de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia».
«Busco hacer la República que todos declaman, pero que algunos humillaron», manifestó el jefe de Estado y consideró que «nadie debe sorprenderse» de la propuesta de su gobierno porque
-recordó- en varias oportunidades, antes de asumir y al inaugurar la Asamblea Legislativa, anticipó su objetivo de «consolidar una justicia independiente».
Ese fin, dijo, se alcanza con una «mejor» organización de la justicia federal para que ese fuero supere «la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento» en su competencia penal.
«La ley debe imponerse en forma igualitaria con prescindencia de quien ejerce el poder y quien resulta opositor», insistió.

Puntos clave.
El proyecto tiene como columna vertebral la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la ciudad de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.
Propone también la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías y completar la transferencia de competencias penales a la Capital Federal.
Del acto participaron también los once miembros del Consejo Consultivo: Carlos Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo (por videoconferencia), Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanián, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.
Los once juristas asesorarán al Presidente en varios aspectos del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la implementación del sistema acusatorio, entre otros.
De esas recomendaciones para una «mejor administración de justicia» saldrán los proyectos de ley que el Congreso deberá debatir, explicó el Presidente, y advirtió: «Ninguna sociedad avanza sin un servicio de justicia que solo responda a la necesidad de imponer la ley allí donde se ha quebrantado».
«Estoy seguro de que no es hora de imponer decisiones: es hora de que esas decisiones seamos capaces de construirlas en conjunto», afirmó el Presidente, para cerrar su discurso, que fue seguido en forma presencial y virtual por legisladores, juristas y académicos. (Télam)