Calcaterra bajo sospecha por coimas

El escrito de Picardi, que pide que la Cámara Federal revea la decisión del juez, dice que hubo dos tramos probados de sobornos. Señala un momento previo a la adjudicación de la obra, donde se determinó, que las firmas Iecsa y Comsa pagaron por lo menos un millón de pesos al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y que lo hicieron a través de contratos ficticios con una firma fantasma, llamada Caesa SA, de Manuel Vázquez, testaferro del ex funcionario.
Vázquez es el ex asesor que este año se presentó en esta causa pidiendo declarar como arrepentido. Lo hizo, relató que se pagaron 20 millones de dólares, involucró a Iecsa (que además era socia de Odebrecht en esta unión de empresas), habló de entregas en bolsos.
En una segunda etapa, sostiene Picardi, cuando la obra ya estaba adjudicada, las modalidades de pago se complejizaron y se pudo constatar la utilización de empresas offshore para la triangulación del dinero y se cotejó la fuga de 5 millones de dólares al Principado de Andorra, a la Banca Privada de ese país, que es un Paraíso Fiscal. En la operatoria habría intervenido Santiago Altieri, de Iecsa. En este caso, recuerda la apelación, también se utilizó un contrato ficticio entre las cuatro empresas de la UTE y la española DSC, que fue utilizada por Odebrecht para el pago de sobornos. Hay declaraciones incorporadas a la causa que lo acreditarían.

"Corcho" Rodríguez.
Según Picardi esta situación fue advertida por la AFIP. Cuando se reconstruyó el recorrido del dinero, se estableció que el destino fue una financiera en Uruguay, donde se habría retirado en efectivo. En ese país es donde se detectó la firma Sabrimol Trading, atribuida a Jorge "Corcho" Rodríguez, que habría operado según la investigación en la recepción de sobornos de Odebrecht al menos.
Rodríguez es considerado por la fiscalía el intermediario para pagos ilegales con los ex funcionarios José López, ex secretario de Obras Públicas, y Roberto Baratta. Por eso Picardi pide procesamientos por cohecho y negociaciones incompatibles para ellos, Jaime y su sucesor Juan Pablo Schiavi.

Pruebas.
En su momento, al dictar la resolución que alivió principalmente a los empresarios, Martínez de Giorgi decidió hacer a un lado el criterio que utilizó cuando los llamó a indagatoria, por el cual había valorado las delaciones de arrepentidos que declararon en la causa Lava Jato en Brasil vinculando a los argentinos, como el caso de Luiz Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina. Además el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, había dado cuenta de esas "delaciones", mostrando los videos. Pero a la hora de resolver Martínez de Giorgi dijo que todavía no se había avanzado en el convenio con el ministerio Público Fiscal de Brasil, que recién esta vez homologó, a la espera de la recepción oficial de las declaraciones en ese país a cambio de la garantía de que los brasileños no serán imputados en Argentina.
Pero lo que está señalando el fiscal es que, más allá de esos aportes, en la causa ya existen pruebas que acreditan coimas. Recordó que analizó correos electrónicos secuestrados a ejecutivos de Odebrecht, facturaciones por servicios inexistentes, el acuerdo de culpabilidad que firmó Odebrecht con Estados Unidos donde reconoce el pago de sobornos, información de AFIP y de la Inspección General de Justicia y del Banco Central, más documentos secuestrados en allanamientos en información aportada por otros países.
El llamado a licitación para las obras del Sarmiento fue en el año 2006. Hasta poco tiempo antes Iecsa era del grupo Macri, y ahí pasó a manos del primo, una suerte de continuidad; hoy está en manos del empresario aliado del Gobierno Marcelo Mindlin. (Página12.com)