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Cerca de 1 millón de hectáreas fueron deforestadas ilegalmente en Argentina

Desde la sanción de la Ley de Bosques hasta ahora, cerca de 1.000.000 de hectáreas fueron ilegalmente deforestadas en Argentina debido a “la falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado, la debilidad regulatoria y la corrupción institucional”, informa la agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UNLaM.

La pérdida de biodiversidad en Argentina es una constante que, en los últimos veinte años, alcanzó un ritmo que alarma: casi 400.000 hectáreas de bosque nativo se deforestan por año, causando una serie de impactos ambientales como el alud que, en 2009, azotó a la localidad salteña de Tartagal y dejó un saldo de dos muertos, mil afectados, cientos de viviendas destruidas y pérdidas millonarias.

Las tasas anuales de pérdida forestal no solo convirtieron a la Argentina en el segundo país con más desmontes de la región después de Chile, sino que, en provincias como Salta y Santiago del Estero, estas cifras alcanzaron, por momentos, valores 14 veces más elevados que el promedio internacional.

Si bien en 2007 el Congreso de La Nación aprobó la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el geógrafo e investigador de CONICET, Sebastián Gómez Lende, afirma que la norma estuvo lejos de evitar los desmontes: desde su sanción en adelante, casi 1.000.000 de hectáreas fueron ilegalmente deforestadas en Argentina.

En un estudio, Gómez Lende investigó la progresión de la deforestación a nivel nacional entre 1998 y 2016 y encontró que, en esa etapa, “se perdieron 6.906.160 hectáreas de bosque nativo”.

A su vez, detectó que el 84,45% de la deforestación ilegal tuvo lugar en las cuatro provincias más afectadas por la tala: Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero, siendo estas dos últimas las que concentraron la mayor superficie de desmontes clandestinos, aún en momentos posteriores a la sanción de la Ley.

Según el geógrafo, el fenómeno del desmonte se sostiene por “la falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado, la debilidad regulatoria y la corrupción institucional”, y argumenta que “el pretexto de la federalización de los recursos naturales ha dejado abierta la puerta para la aplicación sesgada de la ley, librada al criterio de los gobiernos provinciales de turno”.

Hecha la Ley, hecha la trampa

La Ley de Bosques asumía el objetivo de proteger las superficies forestales y no forestales según grados de importancia estratégica, valor cultural y funciones ecosistémicas, como fijación de carbono y prevención de inundaciones.

A grandes rasgos, el texto divide a estas áreas según la mayor o menor necesidad de conservación. Las categorías varían entre “rojo”, “amarillo” (ambas con prohibición absoluta de desmontes) y “verde”.

En esa línea, las provincias eran las encargadas de clasificar los bosques mediante sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos. Sin embargo, y a pesar de que se estipulaba un lapso máximo de un año para completar los inventarios, el proceso recién se completó en 2017.

Si bien ya cada provincia clasificó sus bosques, no siempre respetan lo previsto para cada categoría. En esa línea, Gómez Lende asevera: “Si la falla del Estado nacional es por omisión, la de las provincias es por acción directa. Por acción u omisión, el gobierno nacional y sus pares provinciales desarrollan políticas que explican este continuo y creciente avance del desmonte ilegal”.

“Ni la Nación ni las provincias velan por el cumplimiento estricto de la Ley de Bosques. Cada gobierno provincial interpretó la norma a su antojo e incorporó significados muy ambiguos y discutibles al concepto ‘sustentable’. Existe una falta de unificación de criterios que distorsiona el espíritu de la norma para beneficiar a los agentes ligados a la expansión de la frontera agropecuaria”, concluye el investigador. (CTyS)

Foto: CTyS