Cerró la negociación por Vicentin

El Gobierno de Santa Fe dio ayer por cerrada la negociación para la conformación del fideicomiso que busca darle continuidad a la operatoria de Vicentin, al no alcanzar un acuerdo con los directivos de la empresa en la segunda reunión de conciliación de las partes convocada por el juez del concurso de la agroexportadora, Fabián Lorenzini. Si bien el titular del juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista dejó las puertas abiertas para retomar el diálogo, las autoridades santafesina dieron por «cerrado el capítulo» y aguardarán que el magistrado resuelva el planteo de intervención interpuesto por la provincia, según fuentes consultadas por Télam.
«Si bien la reunión fue cordial desde lo institucional, no nos pusimos de acuerdo porque para instrumentar el fideicomiso es condición para el Estado que se den dos situaciones», dijo a Télam el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia. «La primera es que se aparten los directivos actuales de la conducción de la empresa y la segunda que las acciones sean resguardadas por el encargado de llevar el fideicomiso en carácter de administrador», precisó.
Para el funcionario, «si esas dos condiciones no se dan porque los directivos no están de acuerdo en ceder posiciones, no hay motivo para continuar el diálogo ante el juez». De ese modo, el Gobierno santafesino dio por finalizada la etapa de negociación con Vicentin en procura de conformar un fideicomiso para administrar la empresa durante el concurso de acreedores.

Macua.
Por su parte, al salir de los tribunales de Reconquista, el director de Vicentin, Alberto Macua, dijo que la continuidad del diálogo «depende de la voluntad» de las partes. Según las fuentes consultadas por Télam, los representantes de Vicentin plantearon entregar las acciones para que operen «como garantía» del fideicomiso, pero no aceptaron que sean administradas por un encargado fijado por la provincia. Además, expusieron que los actuales directivos de la compañía concursada son quienes deben darle continuidad al giro del negocio.
Para el Gobierno santafesino, si el administrador del fideicomiso mixto que buscaba conformar no posee el derecho sobre las acciones es imposible negociar con los acreedores una capitalización y salir a buscar financiamiento para la continuidad de la empresa. «Si el administrador no tiene la conducción, los acreedores no tienen por qué confiar», explicó Somaglia.
Además del Estado, la posición de reemplazar a los actuales directivos de Vicentin en la administración de la empresa esa compartida tanto por el comité de bancos extranjeros conformado en el concurso como por la mayoría de los acreedores comerciales que expresaron su desconfianza en los actuales gerenciadores.

Allanamiento.
Por su parte, la justicia federal realizó ayer un procedimiento en la sede central de la empresa Vicentin, en Reconquista (Santa Fe), en busca de información contable de la firma en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos. La medida fue dispuesta por el juez federal porteño Julián Ercolini a instancias del fiscal que tiene delegada la causa, Gerardo Pollicita, y tiene por objetivo acceder a los libros contables para digitalizarlos y luego reintegrarlos, según informaron fuentes judiciales.
La medida fue dispuesta en el marco de la investigación que se originó a partir de una denuncia basada en un informe de las actuales autoridades del banco que dio cuenta de supuestos créditos irregulares otorgados a la empresa cerealera por más de 18.000 millones de pesos. En el informe presentado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, se advirtió que la deuda acumulada violó normativa del banco en relación a préstamos a grandes empresas.
En esta causa se investiga una supuesta maniobra delictiva a través de la cual funcionarios del Banco de la Nación Argentina -entre ellos su ex presidente Javier González Fraga- incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, según surge del expediente judicial. (Télam)