Comisión Bicameral pedirá ampliación de la denuncia

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso resolvió ayer pedir una ampliación de la denuncia realizada por la titular de Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre presunto espionaje ilegal a políticos y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri.
Además, decidió constituir una subcomisión para investigar la denuncia de un ex funcionario del Ministerio de Defensa por un supuesto atentado en su contra.
La comisión, que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, sesionó de forma reservada en el Salón «Delia Parodi» del Congreso nacional con la asistencia de 11 integrantes en forma presencial y los restantes tres legisladores vía Skype, por lo que las decisiones del cuerpo se adoptaron con la plenitud de sus miembros.
El encuentro tuvo lugar un día después de que Caamaño presentara una denuncia ante la Justicia por supuesto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante la gestión de Cambiemos.
Según dijeron fuentes legislativas, la comisión analizó ese expediente y elevó a la AFI un pedido de los legisladores representantes de la oposición para que Caamaño responda cómo se había accedido a los documentos con la lista de las víctimas de presunto espionaje,
Las fuentes advirtieron que «además de las personas que tienen notoriedad pública», también aparecen entre las supuestas víctimas «nombres que no tienen la misma difusión ni el mismo impacto público, pero que son militantes de organizaciones como Nuevo Encuentro, Frente Grande y hasta empleados del Instituto Patria».
«Esto es más grave porque implica que no sólo se actuó sobre figuras públicas sino también sobre organizaciones políticas», completaron los portavoces, que dijeron que se pidió a la AFI «ampliar» esa información.
También se le requirió a la agencia de inteligencia que informe si el ex titular de ese organismo, Gustavo Arribas, «participaba de las reuniones» de la llamada «mesa judicial» del gobierno de Cambiemos.

Reunión.
Además de Moreau, participaron de la reunión los legisladores Rodolfo Taihalde, Eduardo Valdés, Blanca Osuna, Oscar Parrilli y Gerardo Montenegro, por el oficialismo, y los opositores José Cano, Cristian Ritondo, y Sebastían García De Luca, entre otros.
En declaraciones tras el encuentro, Moreau señaló que aún no se decidió «abrir una investigación especifica», sino pedir una «ampliación» para «saber cómo fue el procedimiento por el cual se llegaron a constatar esas pinchaduras sobre correos electrónicos».
Desde la oposición, Ritondo descartó que por «orden política se haya hecho inteligencia en el gobierno de Macri» y dijo que se debe investigar «a cualquier persona que viole la ley de Inteligencia porque es violar el sistema democrático».
Ritondo, que preside el bloque del PRO, afirmó que la AFI «debe garantizar la ley y tiene extremadamente prohibido hacer inteligencia sobre partidos políticos», y recordó que en 2016, en una «historia vieja y repetida», recién asumido Macri, hubo denuncias similares porque se hallaron listados «donde había famosos» como los empresarios Adrián Suar y Marcelo Tinelli, y dirigentes como Laura Alonso y Patricia Bullrich «cuando eran diputadas».
Por otra parte, el cuerpo decidió conformar una subcomisión para investigar la denuncia del ex subsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa José Luis Vila, quien dijo haber sufrido un atentado en su vivienda por parte de un «ex agente» de la AFI.
Según relataron fuentes legislativas, Vila dijo que fue víctima de «amenazas y persecuciones» que concluyeron con un intento de atentado a través de la colocación de un artefacto explosivo en la puerta de su domicilio, en un hecho que fue sofocado por la Policía Federal.
El ex funcionario de Defensa, que antes de ocupar ese cargo fue agente de la ex SIDE, atribuyó ese hostigamiento a «alguna revancha» en el organismo.

Repudio.
La denuncia de la AFI por presunto espionaje generó el repudio de diferentes sectores políticos que aparecen mencionados entre las supuestas víctimas.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció que tiene pensado presentarse como querellante y admitió que «no fue una sorpresa» enterarse de la posibilidad de que la hayan espiado.
Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se solidarizó con la ex diputada provincial Leticia Angerosa, que figura en la lista de presuntas víctimas de esa práctica, y pidió que la Justicia «esclarezca y castigue a sus autores». (Télam)