Comisión debate Presupuesto

CAMBIEMOS CONFIA EN CONSEGUIR LOS VOTOS NECESARIOS

El oficialismo confía en tener un piso de 135 votos para aprobar el proyecto de Presupuesto 2019 durante la sesión especial que se realizaría el miércoles, en caso de que el martes logre en comisión la cantidad de firmas para lograr dictamen.
La reunión de la comisión de Presupuesto será el martes a las 10.00 en el anexo C de la Cámara baja, y se espera que para ese día hayan prosperado las negociaciones contrarreloj que integrantes del Gobierno y referentes de la bancada de Cambiemos mantienen con gobernadores, intendentes y legisladores del bloque Justicialista, para que al día siguiente en el recinto no se generen contratiempos en la votación en particular.
En la sesión del miércoles, se prevé tratar junto al Presupuesto 2019 las iniciativas que obtuvieron dictamen de mayoría el jueves pasado en la comisión presidida por Luciano Laspina (PRO): revalúo de Ganancias, suba de las alícuotas de Bienes Personales y la adenda al Consenso Fiscal 2018.
El oficialismo anota en su libreta los 107 votos propios, sumado a los avales que cosecharía del interbloque Argentina Federal (Justicialista y aliados): cinco del Frente de la Concordia misionero, cuatro cordobeses, tres santiagueños, tres tucumanos, dos salteños, dos chaqueños, dos catamarqueños y un riojano. También cuenta con el voto de la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag.
El Frente para la Victoria así como el resto de la oposición más dura (Frente de Izquierda y el Movimiento Evita) ya adelantaron su rechazo a un presupuesto que consideran “de ajuste”, mientras que en el Frente Renovador predominaba, por el momento, la postura abstencionista, aunque varios diputados de ese bloque buscarían diferenciarse a través del rechazo.
En cambio, el Bloque Justicialista sería el garante de que salga el dictamen de mayoría, aunque votará dividido.
Por caso, Diego Bossio, el principal referente económico de esa bancada, cuestionó en severos términos el Presupuesto en las últimas reuniones de comisión, por lo que todo indica que no respaldará la iniciativa oficial.

Subsidios.
Uno de los cabos sueltos en la negociación del Gobierno con el justicialismo tenía que ver con el temor de los gobernadores de no poder afrontar el traspaso de los subsidios al transporte, producto de la descentralización que quedará plasmada en la letra del proyecto de Presupuesto.
Para subsanar este problema, tomó fuerza una propuesta para crear un “fondo de asistencia a municipios”, propuesta que habría arrimado a los gobernadores el miércoles pasado el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Si no fuera posible sesionar el próximo miércoles por falta de consenso, el debate en el recinto se realizará, a más tardar, el miércoles 31 de octubre, porque el Gobierno no quiere que corra riesgo su objetivo de tener el Presupuesto aprobado en ambas cámaras antes del comienzo (a fines de noviembre) de la cumbre del G20.
El dinero fresco para solventar ese fondo compensador provendría de la suba en las alícuotas de Bienes Personales. Se calcula un flujo extra a las arcas del Estado de 35.000 millones de pesos, de los cuales a Nación le corresponde un 40%.
En sus estimaciones macroeconómicas, el proyecto de Presupuesto prevé una inflación del 23% y un dólar promedio de 40,10 pesos. (NA)

Informe sobre el FMI
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja (FpV-PJ), presentó ayer un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que brinde explicaciones sobre la llegada del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país y su desembarco en oficinas del Banco Central.
El presidente del PJ realizó el pedido mediante un proyecto de resolución que entre otras cosas, pide que se precise “las funciones que llevará a cabo dicha oficina del FMI” y “cómo estará integrada la misión” de ese organismo multilateral de crédito, incluyendo la nómina completa de los funcionarios.
También solicita que “se indique qué atribuciones tendrán la oficina y funcionarios del FMI respecto al acceso a información del BCRA, del PEN y de otros organismos públicos”.
En tanto, Gioja también pide al Gobierno que indique “cuáles son las razones por las que el FMI puede usar recursos públicos”, y que detalle si utilizará otros recursos pública más allá de la oficina que le brindará el Banco Central.
En los fundamentos del proyecto, Gioja tilda de “cuestionable” que funcionarios del FMI “se instalen en un edificio público y accedan a recursos e información del Estado Nacional”, teniendo en cuenta “la oscuridad” que en su parecer envuelve el acuerdo entre el Poder Ejecutivo nacional y ese organismo.
El proyecto encabezado por el ex gobernador de San Juan es acompañado con las firmas de sus colegas del FPV Daniela Castro, Gabriela Cerruti, Pablo Carro, Carlos Castagneto, Alberto Ciampini, Verónica Mercado, Fernanda Vallejos y Alicia Soraire.