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Cómo será el apoyo económico e integral estatal para víctimas de violencia de género

El programa Acompañar, oficializado ayer por el presidente Alberto Fernández, que brindará ayuda económica y acompañamiento a mujeres y población LGBTIQ+ en situación grave de violencia de género, no requerirá de denuncia judicial, no será burocrático, será compatible con otras asistencias estatales y seguirá el proceso de autonomía de las víctimas, destacó hoy la coordinadora de la iniciativa.

«Se cierra una larga lucha y se inicia un nuevo capítulo en el reconocimiento de un derecho para las mujeres y personas de las diversidades sexuales que atraviesan situaciones graves de violencia de género», dijo la abogada feminista Claudia Perugino, coordinadora de Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD).

La profesional es además docente de amplia trayectoria en la militancia política, de derechos humanos, acompañando a familiares de víctimas de femicidios y a niñas y niños abusados.

El programa Acompañar tiene «dos eslabones: el económico y el de acompañamiento, porque si solo fuera económico y lo demás no lo potenciamos, quedaría trunco». Se trata de una política en la que se le otorgará una ayuda económica equivalente a un salario mínimo, es decir que será de 16.875 pesos, durante un plazo de seis meses para «gastos esenciales» de personas en situación de violencia extrema y de riesgo.

Para definir el riesgo, la cartera de MGyD «ya elaboró un programa informático que permite integrar datos de todo el país y posibilita definir si el riesgo es bajo, medio, alto, altísimo», explicó la abogada.

Requisitos.

Serán las unidades ejecutoras que funcionarán en provincias y municipios las que cargarán los datos de las personas que soliciten ingresar al programa. «Revisamos cada situación con el equipo, cruzamos información con Anses para ver incompatibilidades, y luego avisamos a la unidad respectiva que se aprobó el ingreso y se le comunica a la persona. Queremos evitar la burocracia, sabemos que quien está en situación extrema de violencia no puede pensar en papeles y trámites», destacó Perugino.

No podrán acceder al programa las personas que trabajan en relación de dependencia, que son monotributistas o autónomas, jubiladas, pensionadas, que cobren prestación por desempleo o reciban otra asistencia estatal por situación de violencia.

El apoyo económico será compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con la asignación familiar por embarazo para protección social (AUE), con la destinada a personas con hijas e hijos con discapacidad, a quienes tienen monotributo social, son trabajadoras de casas particulares y cobran el Ingreso Familiar de Emergencia.

La funcionaria resaltó «el cambio de paradigma» que significa que no se solicite denuncia judicial a quienes accedan a Acompañar porque «somos conscientes de la complejidad de la denuncia y no siempre las situaciones son judiciables».

Una vez que la persona ingresa al programa, la unidad ejecutora local «debe realizar un seguimiento y acompañamiento, y finalizado los seis meses brindar una evaluación, para saber si esa persona pasa a otro programa o si puedo acceder a un trabajo registrado».

Sin contraprestación.

Perugino aseguró que el programa «no requiere de una contraprestación, porque se trata de estar al lado de las personas que atraviesan situaciones de violencia, que tienen que ver con la violencia física, pero también con el control de su autonomía y de la propia vida, y estos procesos en soledad son imposibles».

El programa comenzará en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe y Chaco. En el presupuesto presentado esta semana por el Ejecutivo Nacional al Congreso, contempla fondos por $6.205 millones para el Ministerio de MGyD, y del total asignado cobra especial relevancia el programa Acompañar, al contar con la partida de $4.500 millones. (Télam)