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Comodoro Py ahora apura causas contra macrismo

PANQUEQUE JUDICIAL

La Cámara Federal anuló ayer los procesamientos del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y de los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, así como la falta de mérito de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y de Jorge «Corcho» Rodríguez, entre otros empresarios, en el marco de la causa por presunto pago de sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht, una de las adjudicatarias de las obras del soterramiento del tren Sarmiento.
La Cámara revocó el fallo dictado en primera instancia por el juez Marcelo Martínez de Giorgi , quien había procesado en abril a todos los ex funcionarios involucrados en la licitación de la obra y sólo a dos gerentes entre los empresarios. Los procesamientos, sin prisión preventiva, incluyeron embargos de ocho millones de pesos para los ex funcionarios por presuntas «negociaciones incompatibles con la función pública», a raíz del direccionamiento de la licitación para adjudicar las obras.
En primera instancia, el magistrado había dictado también la falta de mérito al primo del actual presidente y a Rodríguez, según él, por falta de pruebas. En abril, el fiscal Franco Picardi había pedido que se revocara el beneficio al empresario porque para la fiscalía existían pruebas de que se pagaron sobornos millonarios a funcionarios del Ministerio de Planificación antes y después de la licitación de las obras, que se remonta a 2006. El consorcio ganador estaba integrado por las firmas Odebrecht, la constructora involucrada en el escándalo del Lava Jato, Iecsa, Comsa y Ghella.
En Tribunales, en su momento, cuestionaron la interpretación de Martínez de Giorgi, porque las pruebas existentes demostraban que «la maniobra» se había consumado a ambos lados del mostrador pero parecía que el juez solo había encontrado pruebas en «uno de esos lados». El fallo del magistrado señalaba que había elementos «que daban cuenta de la existencia de dádivas» solo de parte de los exfuncionarios.

Correo.
En tanto, la Cámara Federal porteña dio luz verde a la investigación que lleva adelante el juez Ariel Lijo sobre las supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino al Estado. El tribunal de apelaciones confirmó los rechazos dispuestos por el magistrado a los planteos de nulidad y los planteos de excepción por falta de acción formulados por las defensas de los acusados, entre los que se encuentra el ministro de Defensa y exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
De esta manera, el juez Lijo quedó en condiciones de resolver la situación procesal de los cuatro imputados a los que ya indagó: el mencionado Aguad, el exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa, el presidente del Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y del abogado de la compañía Jaime Leonardo Kleidermacher.

Versiones contrapuestas.
Más allá de allanarle el camino a Lijo para que avance con la investigación, los jueces Martin Irurzun y Leopoldo Bruglia señalaron que dada las versiones contrapuestas que existen en el expediente sobre el monto actual de la deuda se requerirá la «producción de estudios» para contestar los distintos interrogantes. «Existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que prevé la ley», sostuvieron los camaristas en su fallo.
Uno de los planteos que llegó a manos del tribunal de apelaciones había sido formulado por la defensa del presidente del Correo Argentino y del abogado de la compañía, quienes solicitaron la nulidad del dictamen con el que el fiscal federal Gerardo Pollicita había solicitado sus respectivas indagatorias.
Las defensas de los representantes del Correo, de Aguad y de Mocoroa, también habían reclamado que se declare por vía de «excepción de falta de acción» la inexistencia de delito en la causa, hecho que fue rechazado por Lijo y confirmado por la Cámara Federal Porteña.
Los cuatro imputados fueron indagados en marzo por el juez Lijo a pedido del fiscal Pollicita, quien había dictaminado que los acusados son responsables de promover un acuerdo que incluía una «quita abusiva» en la deuda de la empresa postal con el Estado, decisión que habría perjudicado a la Administración Pública. (Página12/Ambito.com)