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Congreso espera accionar de la Justicia

ARA SAN JUAN: DESPUES DE LA PRESENTACION DEL INFORME, LA BICAMERAL AGUARDA LAS IMPUTACIONES

Después de reconstruir la secuencia del hundimiento del submarino Ara San Juan con más de 50 expositores, material fílmico y documentación reservada, la bicameral investigadora del Congreso responsabilizó al ministro de Defensa Oscar Aguad y a ex mandos militares de no prevenir la tragedia. El informe es público y desde ayer empezó a ser leído en detalle por Marta Yañez, jueza federal de Caleta Olivia, a cargo de la causa que investiga los motivos de la tragedia y a más de un año de iniciarse no tiene ni un imputado.
En la presentación del informe, el senador del PJ José Ojeda la acusó de haber retaceado el expediente a la bicameral, cuyos miembros la visitaron en el verano y volvieron con las manos vacías. No sólo eso: la senadora del progresismo Magdalena Odarda y el secretario de la comisión, Carlos Álvarez, fueron elegidos como testigos por Luis Tagliapietra, padre de una de las 44 víctimas del naufragio, en el pedido de destitución a Yañez presentado ante el Consejo de la Magistratura. Se basó en supuestas reuniones privadas que la jueza habría tenido con Aguad y la actual cúpula militar, «por ser contrarias a los deberes de un juez federal, porque el ministro está en línea directa con las responsabilidades», justificó Tagliapietra.

Respaldo.
Pese al destrato de Ojeda en el Salón de Pasos perdidos, al menos tres legisladores de la bicameral confiaron al portal La Política Online que con el trabajo del Congreso en mano, Yañez tendrá respaldo político para avanzar contra los ex mandos militares exonerados. Hasta aseguran que acumuló mucha información valiosa y tendría material secuestrado en Mar del Plata para acorralarlos.
El informe es categórico con cinco: Marcelo Srur y Miguel Máscolo, jefe y subjefe de la fuerza en aquel momento; el contralmirante Luis López Mazzeo (jefe de Adiestramiento y Alistamiento), el capitán de navío Claudio Villamide (responsable de la Fuerza de Submarinos) y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa (jefe de operaciones de la Fuerza de Submarinos). Los responsabiliza de haber subestimado el reporte de una avería producida por el ingreso de agua a la ventilación que originó un principio de incendio en la batería 3.
Los legisladores opositores aseguran que la jueza Yañez esperaba respaldo del informe para acorralar a los militares acusados. Por ahora, no hay ningún imputado. Según la investigación legislativa, Correa le restó importancia a la primera comunicación, a las 23.42 del 14 de noviembre y a la segunda, a las 7.19 del día siguiente, cuando el comandante Pedro Fernández informó que la situación estaba controlada y navegaba «en plano periscopio» con la intención de bajar 40 metros. Con el cambio de guardia, a las 8 de la mañana, Fernández no recibió instrucciones de pasar a plano superficie y al descender, la nave implosionó.
«Esta avería fue subestimada por toda la cadena de manado», concluye el informe y luego califica a Aguad y a Macri como responsables políticos por ser ni más ni menos que los jefes de los militares negligentes.
Los legisladores oficialistas sostienen que Fernández cometió una imprudencia en esa última comunicación y ningún civil podría haber evitado el incendio de la nave. De hecho, el único antecedente similar demuestra que no es tan sencillo detener a navegantes militares con una radio llamada. En 2008, cuando la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó llevar a superficie el submarino Ara Santa Cruz al enterarse que no estaba en condiciones de continuar una travesía a Valparaíso, la información no le llegó de fuentes oficiales, sino de Horacio Calderón, habitual columnista televisivo sobre las guerras de medio oriente y familiar de marinos con jerarquía.

Proteger a Aguad.
El Gobierno presionó para que la bicameral prorrogue sus tareas al menos un semestre, pero no lo consiguió. Fuentes con acceso al expediente señalaron que en las últimas semanas le solicitó apoyo pericial de la armada de Estados Unidos y de Francia, por considerar que en el país no hay especialistas capaces. Lo curioso es que según los querellantes, el trámite lo habría realizado a través del Ministerio de Defensa y no a través de un exhorto de cancillería, como es habitual en estos casos.
Preocupado, en las últimas reuniones de la bicameral, Aguad llegó a indicarles a los legisladores de Cambiemos que soliciten la instrucción de Yañez antes de redactar el informe final. La oposición mucho menos aceptó esperar la auditoría del tribunal de disciplina de la Armada, que a 20 meses del hundimiento aún no culminó, entre otras cosas porque muchos militares se excusan de participar para no investigar a sus amigos. (Lapolíticaonline.com)