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Correo: denunciaron a la jueza Cirulli

LA FISCAL BOQUIN ACUSO A LA MAGISTRADA DE OBSTACULIZAR LAS PERICIAS

La investigación sobre presuntos desvíos y vaciamiento de las cuentas del Correo Argentino, del Grupo Macri, que le debe al Estado 4000 millones de pesos, sigue trabada y sin poder comenzar. La empresa habría derivado fondos millonarios a sus controlantes Socma y Sideco, así como a abogados, consultoras y empresas de publicidad amigas según denuncias que presentó desde abril de 2017 la fiscal de Cámara Gabriela Boquín.
En un nuevo escrito, Boquín advirtió que por tercera vez la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, puso obstáculos para que avance esa pata crucial del expediente concursal pese a que existe un orden de la Cámara Comercial para que se haga la pesquisa y se encomiende una pericia contable a los especialistas del Cuerpo de contadores de la Corte Suprema. En una respuesta de la semana pasada, la jueza alegó que no le fue «solicitada ninguna medida investigativa ni introducido ningún ofrecimiento probatorio». La fiscal volvió a denunciarla.

Coincidencias.
Ante las primeras denuncias la jueza eludió peritar los libros contables de Socma y Sideco, controlantes del Correo y empresas claves del grupo empresario, hasta que finalmente lo indicaron la Cámara y la Corte Suprema que respaldó a Boquín, que intentaba ser desplazada por la empresa de los Macri; en mayo último Cirulli dijo que no veía nada nuevo en los planteos de la fiscal y no encontraba necesidad de impulsar nuevas medidas. Las posturas de la jueza fueron las más de las veces llamativamente coincidentes con la del Correo.
Ahora, tras una indicación precisa de las camaristas Matilde Ballerini y María Lilia Gómez de Díaz Cordero, recurrió a un argumento similar, alegando que la fiscalía no le había presentado nada nuevo. Boquín advierte que, además, mandó a hacer una pericia sin los llamados «puntos de pericia» que indican qué es lo que se debe analizar, y sólo parte de lo que ella había denunciado.

Maniobras.
Hubo dos maniobras detectadas por Boquín que llevan dos años en el limbo y que en caso de ser corroboradas podrían revelar un «fraude concursal», lo que puede tener graves consecuencias para las empresas de la familia presidencial, incluso desde el punto de vista penal: La primera, en abril de 2017, mostraba que habían existido retiros de importantes sumas de dinero de las cuentas del concurso del Correo, poco antes de que se firmar el acuerdo denunciado por «ruinoso y abusivo», que finalmente tuvo que frenar el propio Gobierno ante el escándalo. La propia jueza había autorizado retiros que Cirulli cortó cuando Boquín denunció el pacto que licuaría la deuda de la empresa postal. Parte del dinero habría ido a parar a las controlantes, como si fueran alquileres de más de 100 mil pesos y gastos de personal del Correo que está declarada como inactiva.
La segunda denuncia, de este año, dejó al descubierto desvíos por al menos 35 millones de pesos con pagos que Boquín señaló como injustificados de acuerdo a la ley de concursos y quiebras: pagos al estudio del actual diputado de Cambiemos Pablo Tonelli por 4,5 millones de pesos; pagos al estudio de Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Presidencia, por 150 mil; al estudio de Jaime Kleidermacher, abogado de los Macri, por 9,6 millones de pesos.

Omisiones.
«La dilucidación de las irregularidades denunciadas es un deber de la Dra. Cirulli como directora del proceso, debiendo disponer de oficio, sin necesidad de ninguna parte, lo conducente a tales fines, pues ante los hechos descriptos es su deber corroborarlos e investigarlos. Por lo cual solicito que sin más dilaciones se proceda a investigar y producir las medidas pertinentes, efectivas y asertivas para dilucidar los hechos expuestos y denunciados», dice el último dictamen de Boquín.
«Ante omisiones de la jueza de grado, esta fiscal desarrolla su función promoviendo la actuación de la justicia en busca del respeto a la legalidad, debido proceso e igualdad ante la ley pero ello de ninguna manera puede servir para que la magistrada de primera instancia no cumpla su rol frente a la denuncia de graves hechos, la jurisdicción en primera instancia no puede permanecer impávida», dijo Boquín, recordando dos dictámenes del 3 y 11 de junio donde pide lo mismo. (Página12.com)