Cristina anunció la disolución de la ex SIDE

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció anoche la creación de una nueva Agencia Federal de Inteligencia, cuyos director y subdirector requerirán acuerdo del Senado, al disolver la ex SIDE y, además, resolvió la transferencia de la oficina de escuchas al ámbito del ministerio público fiscal de la Nación.
En su discurso de casi una hora, la jefa de Estado apuntó que "se comenzó a trabajar sobre un proyecto de reforma para hacer todo transparente" y que la central estuviese al servicio "de los intereses nacionales".
En este punto, Cristina mostró a las cámaras un "proyecto de ley que me acaban de entregar, y que lo giraré a la Secreta Legal y Técnica (de Carlos Zannini), para encuadrar esta nueva norma" y que es el "nuevo sistema de inteligencia, que va a ser remitido antes de mi viaje a China, el fin de semana, con un decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero".
Aseguró que ello "era una deuda que tenía la democracia, de todos los que hemos estado gobernando desde 1983" y expresó que "también es necesario que la justicia comience a repensarse" ya que "hemos visto una calesita permanente que intervienen en expedientes judiciales, manejan jueces y que es necesario cortar de cuajo".
En consecuencia, explicó que impulsa la creación de "la Agencia Federal de inteligencia, con un director y un subdirector" a cargo,"con acuerdo del Senado y que se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo".

 

Paradigmas diferentes.
Argumentó la Presidenta que con ello "se cambian y se establecen paradigmas totalmente diferentes" y citó que el nuevo organismo tendrá "un marco jurídico en que desarrollará sus actividades de acuerdo a la Constitución nacional y a los tratados internacionales".
Establece la nueva norma que se hará "inteligencia nacional" con "la reunión y análisis de información referida a hechos y conflictos que afecten la seguridad de la nación y sus habitantes" y citó la "prevención de amenazas internacionales, narcotráfico, tráfico de personas, ciberdelitos y delitos de orden económico y financiero", como asimismo "fija un ámbito concreto frente a ataques externos".
Aclaró que "las actividades de inteligencia estarán limitadas a investigar delitos federales complejos o atentados al orden constitucional".
"Esta es una reforma muy importante", ponderó la jefa de Estado y añadió que "se establece que la agencia federal será el órgano superior encargado de estas tareas".

 

Procuración.
Además, como punto relevante, anunció la "transferencia a la Procuración nacional de lo que es el sistema de observaciones judiciales, conocido con el nombre de Ojota, que es el sistema de escuchas que ordenan jueces y que hoy están en el ámbito del Ejecutivo".
Cristina fundamentó esa transferencia en que "el ministerio público fiscal es el único ministerio extrapoder", por lo que "de ahora en más deberán dirigirse al ministerio de la procuración fiscal".
Apuntó que pidió que "este proyecto establece un plazo no prorrogable de 90 días para entrar en vigencia" y clasifica la información "en confidencial, secreta o pública según las distintas categorías".
Por otra parte, Cristina también anunció que "se transfiere la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que depende del Ministerio de Seguridad" al nuevo organismo.
Diferenció que "también se crea una limitante, que establece que toda actuación entre la agencia y funcionarios de cualquiera de los poderes públicos vinculados a las actividades de la presente ley, solo podrán hacerlo con el director y subdirector" de la agencia.

 

Protección de datos.
El proyecto de ley prevé, detalló la jefa de Estado, "la creación de los bancos de protección de datos y archivos de inteligencia" y "se establecen penalidades para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes" a la vez que también "serán reprimidos funcionarios y empleados que tomen contacto con los servicios por fuera de los canales institucionales".

 

Zaffaroni.
El ex juez de la Corte Suprema de la Nación Raúl Eugenio Zaffaroni manifestó que la muerte del fiscal Alberto Nisman es "una tentativa de golpe de Estado de alguna manera, una tentativa seria de desestabilización, no es nueva, tirar un muerto no es nada nuevo".
En declaraciones a la Televisión Pública, el prestigioso penalista afirmó que hay dos hipótesis: "O bien se hizo esto como un juego, una luz mala para tratar de armar un escándalo, y este muchacho se encontró solo con algún problema de personalidad y se suicidó. O bien es una cosa más terrible, que primero lo usaron y después lo mataron. Yo me inclino hasta hoy por la primera, la segunda me parece terriblemente tenebrosa, quizá el inconsciente me esté diciendo esa no es".
En ese contexto, el jurista Julio Maier expresó: "No cualquier cosa es un delito, hoy en día la política ha hecho de la justicia penal un sanalotodo de todo problema que exista. Solo hay posibilidad de denuncia cuando comienza, es lo que nosotros llamamos tentativa". (Télam)

 

Puntos principales del proyecto
La presidenta anunció el envío de un proyecto de reforma de la Ley 25.520 con una serie de modificaciones a la legislación vigente que data del año 2001.
Estos son algunos de los puntos principales:
Disolución de la Secretaría de Inteligencia. Creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que será encabezada por un director general y un subdirector designados por el Poder Ejecutivo y que deberán obtener el acuerdo del Senado. Esos dos funcionarios serán la única vía de acceso a la AFI.
Su labor estará centrada en la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y delitos contra el orden económico y financiero, como así también toda forma de criminalidad organizada en forma internacional.
Establece que las actividades deberán adecuarse a la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad y que establezcan derechos y garantías.
Transfiere a la Procuración General del Sistema de Observaciones Judiciales, es decir las escuchas.
Fijará la clasificación de la información obtenida en las categorías Confidencial, Secreta, Reservada o Pública.
Transfiere a la AFI la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
Creación de los bancos de protección de datos y archivos de inteligencia, que además de proteger la información, deberán destruir aquella que no sirva.
Aumenta las penas para los que no cumplan por la ley, pasando de tres a diez años de prisión, o sea que no serán excarcelables.

 

El vínculo con Clarín
La presidenta reveló ayer los vínculos entre Diego Lagormarsino, imputado por suministrarle un arma al fallecido Alberto Nisman, y abogados del Grupo Clarín, y con respecto a la denuncia presentada por el fiscal, manifestó que "no hay un sólo abogado, doctrinario o magistrado que pueda creer que haya sido escrita por un abogado y muchos menos por un fiscal".
En ese marco, la jefa de Estado se detuvo en la denuncia del fallecido fiscal Nisman, asegurando que tanto a ella como al canciller Héctor Timerman se los acusa de "confabular un Memorándum internacional con el propósito de desincriminar a los acusados iraníes a cambio de comercio de granos, de petróleo y no se qué otra cosa más".
"He leído todo (lo que se ha publicado) y no hay un sólo abogado, doctrinario, magistrado, que una vez que se conoció la denuncia, el día 20 que se publicó en la página de la Corte Suprema, pueda creer que ello ha sido escrito por un abogado y muchos menos por un fiscal", expresó.
En el mensaje, Cristina Fernández de Kirchner remarcó un dato concluyente: Diego Lagomarsino, ahora imputado por suministrar el arma que provocó la muerte del funcionario, "es un feroz opositor al gobierno y hermano de un socio del estudio Sáenz Valiente, del grupo Clarín", dijo. (Télam)

 

Respaldo de Gils Carbó
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, visitó ayer a los integrantes de la UFI AMIA, la Unidad Fiscal que encabezaba el fiscal Alberto Nisman e investiga el atentado de 1994 contra la AMIA, para brindarles respaldo y transmitirles "tranquilidad".
"El motivo de esta visita es traerles tranquilidad en medio del dolor que nos causa la muerte de Alberto Nisman, que nos conmueve no sólo en un plano personal y afectivo sino también institucional", les expresó Gils Carbó.
Durante la visita, "señaló que la Unidad cuenta con todo el respaldo del organismo para seguir con la tarea y garantizó la continuidad de los puestos de trabajo", informó fiscales.gob.ar, la página del Ministerio Público en Internet.
"Que su muerte aparezca tan cercana a su actividad como fiscal, la transforma en un hecho histórico, con gran impacto político y social, que debe incorporarse a nuestra memoria para repensar desde allí la justicia de hoy", señaló la Procuradora General.
Gils Carbó subrayó que, "en este momento de desconcierto, el Ministerio Público tiene el mandato de buscar la verdad, de hacer justicia y evitar la repetición de un hecho de esta naturaleza".

 

Pasos a seguir.
La reunión se dio en el marco de una serie de encuentros que se celebrarán en los próximos días con los distintos actores involucrados en las causas en las que se investiga el atentado contra la AMIA y su posterior encubrimiento, para definir los pasos a seguir. (Télam)

 

Capitanich y los periodistas
El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo ayer que en la Argentina existe "plena seguridad para todos los periodistas, para que puedan desempeñar sus funciones, en virtud de la libertad de expresión", y además calificó a la diputada nacional Patricia Bullrich como "empleada corporativa".
Lo expresó en su habitual encuentro con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, tras ser consultado sobre la situación del periodista de Buenos Aires Herald Damián Pachter, quien viajó a Israel tras denunciar amenazas.
Para el jefe de ministros "es cierto que existe una fuerte tensión, en términos de opiniones, existe disparidad de análisis de proyectos políticos alternativos, en el marco de la más absoluta libertad de expresión", al tiempo que subrayó que "no existe ningún tipo de impedimento para que los periodistas puedan expresar todo lo que piensan".
Destacó que en ese marco todos "pueden opinar lo que le plazca, lo hacen y es bueno en democracia. La intensidad democrática implica la profundidad de las expresiones. Con mucha intensidad, con mucho debate y discusión, estamos siempre dispuestos a garantizarla".
Con relación a la publicación en la cuenta oficial de Twitter del gobierno de la información sobre el viaje de Pachter, Capitanich explicó que el propio periodista lo había hecho público, y aclaró que "en ningún momento" la agencia de noticias Télam publicó un tuit falso del periodista, recordando que la agencia "lo ha desmentido categóricamente". (Télam)

 

Diego Lagomarsino quedó imputado
El técnico informático Diego Lagomarsino quedó imputado ayer en la causa por la "muerte dudosa" del fiscal Alberto Nisman, por facilitarle la pistola hallada junto a su cuerpo en el departamento de Puerto Madero, donde apareció muerto el funcionario el pasado domingo 18, aunque la justicia evalúa prueba y testimonios "para una eventual extensión del cargo".
La acusación es por infracción al artículo 189 bis, apartado 4, del Código Penal, que reprime con penas de uno a seis años de prisión al "que entregare un arma de fuego por cualquier título a quien no acreditare su condición de legítimo usuario".
No obstante, la fiscalía abrió la posibilidad de que a esa acusación se extienda se le agreguen otros cargos al sostener que se están "evaluando las pruebas recolectadas y los testimonios para saber hasta dónde podría extenderse la imputación".

 

Arroyo Salgado.
Junto a la imputación al colaborador de Nisman en la Unidad Fiscal Amia (Ufi-Amia), la nueva declaración ante la fiscalía de su ex esposa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, constituyeron las mayores novedades en la investigación a ocho días de su hallazgo con un tiro en la cabeza.
El viernes pasado, Arroyo Salgado permaneció ocho horas en la fiscalía pero trascendió que sólo prestó testimonio durante poco tiempo ya que al haber sido aceptada como querellante en nombre de las dos hijas menores que tuvo con Nisman, dedicó buena parte del tiempo a conocer el expediente y copiarlo.
Un comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 45, a cargo de Viviana Fein, precisó que la acción penal contra Lagomarsino se inició "por facilitar el arma Bersa calibre .22 hallada en el departamento de Alberto Nisman".

 

Salida del país.
El viernes pasado la justicia ya dispuso la prohibición de salir del país a Lagomarsino luego de no poder encontrarlo en el domicilio declarado, tras lo cual también se lo puso bajo custodia de la Gendarmería en el régimen de protección de testigos.
La jueza Fabiana Palmaghini dispuso la imputación una semana después de que Lagomarsino se presentara voluntariamente y declarara haber proporcionado el arma a pedido del propio Nisman, quien habría aducido razones de seguridad.
Reveló que para ello había concurrido dos veces al departamento del piso 13 de la torre Le Parc, en Puerto Madero, una para recibir el pedido y otra para cumplirlo, pocas horas antes de la muerte del fiscal.

 

Cámaras.
En el mismo comunicado difundido ayer, la fiscalía indicó que "comenzó el trabajo de análisis de todos los registros de video de las cámaras de seguridad del complejo" para los que pidió un "análisis profundo" dadas la "falencias" en los registros escritos de ingreso y egreso del edificio.
Fuentes de la investigación aseguraron que Nisman había formulado un pedido similar de un arma de bajo calibre para su defensa a uno los policías de su custodia, Rubén Benítez.

 

Renar.
Si bien Nisman tenía armas, aparentemente registradas en la década del 90, no se estableció que antes de su muerte aún estuviese debidamente inscripto para recibir cualquier tipo de arma.
El Registro Nacional de Armas (Renar), a través de su página web, es contundente en este punto: "la credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego tiene una vigencia de cinco años y debe renovarse dentro de los 90 días anteriores a su vencimiento".
Las tenencias, por su parte, "tienen carácter de título sobre el arma y sólo caducan si no se renueva la credencial de Legítimo Usuario en término".
Lagomarisno reportaba directamente a Nisman en tareas de soporte técnico pero según denunció el ex jefe organizador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, había ofrecido sus servicios a aquella fuerza para hackear cuentas y "pinchar" teléfonos.

 

Bullrich.
La diputada nacional del PRO Patricia Bullrich se presentó ayer en la fiscalía de Viviana Fein, y aclaró ante la prensa que no concurría a ese lugar para declarar "sino a contar" lo que percibió en los días previos al fallecimiento de quien estaba a cargo de la investigación de la causa Amia.
"No vengo a declarar, sino a contarle a la fiscal lo que percibí sobre el fiscal Nisman en los días previos a su muerte. Voy a contar todo lo que me dijo", afirmó la legisladora en diálogo con los periodistas apostados en la puerta de las oficinas de Tucumán al 900. (Télam)