Deben suspender las clases presenciales

El Gobierno pidió formalmente el miércoles a los colegios de gestión privada que «se garantice la continuidad de la educación no presencial» hasta el 30 de abril por el «crecimiento de la curva de contagios» de coronavirus, que se acentuó «de forma preocupante» y con el objetivo de «resguardar la salud de la comunidad educativa».
A través de una carta, enviada por los ministerios de Educación y de Justicia y Derechos Humanos a las cámaras que agrupan a los colegios de gestión privada, la Nación ratificó la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/221 e instó a las instituciones a cumplir con esa norma, «de acuerdo con lo dispuesto por la justicia federal».
En la misiva, el Gobierno solicita que «se garantice la continuidad de la educación no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021, quedando suspendidas hasta esa fecha las clases presenciales».
«La vocación del Poder Ejecutivo Nacional es acompañar la tarea educativa en este difícil momento en el cual el crecimiento de la curva de contagios por Covid-19 se ha acentuado en forma preocupante, garantizando el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y resguardando la salud de la comunidad educativa», señala el texto.
Además, la Nación argumentó que la resolución judicial dictada el martes por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 2 «dispone dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril de 2021» por un «tribunal incompetente de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», que permitía la presencialidad en el distrito.
«El accionar de las autoridades del Gobierno de CABA es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia (artículos 239 y 205 del Código Penal, respectivamente); además de las posibles sanciones por el incumplimiento de la medida judicial», se planteó en la carta.

Clases virtuales.
Ayer, más temprano, los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y de Educación, Nicolás Trotta, ya habían enviado notas a instituciones privadas, en las que habían rechazado la posición del Gobierno porteño y considerado que la ciudad adoptó «una actitud política y jurídica irresponsable», tras haber decidido mantener la presencialidad en las escuelas, pese al fallo contrario de la justicia federal.
«Lamentamos que, en el momento de mayor riesgo sanitario y ante la evidencia del crecimiento sostenido de los casos de Covid-19, se genere una situación de incertidumbre que sin dudas aqueja a la ciudadanía y a la comunidad educativa toda, cuando no se respetan las normas federales dispuestas en el marco de una pandemia para cuidar la vida y la salud de la población», señalaron.
Los ministros, en sendas notas, ratificaron que el DNU 241 «es una norma federal vigente» por lo cual «corresponde sostener la continuidad educativa en contexto virtual» hasta el próximo día 30 de este mes «en todos los niveles y en todas las modalidades» del AMBA.

Denuncia.
El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado por distintos delitos luego de que resolviera no acatar el fallo que le ordenó suspender las clases presenciales ante la segunda ola de coronavirus, mientras desde distintos sectores cuestionaron la postura del Ejecutivo porteño.
Hasta ayer al mediodía, al menos cuatro eran las denuncias penales que habían sido sorteadas en diferentes juzgados. Dentro de las acusaciones se encuentran «resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad y violación de medidas contra la propagación de una epidemia». (Télam)