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Declaran emergencia hídrica en Río Negro y Neuquén

PRIORIZARAN CONSUMO HUMANO, USO INDUSTRIAL Y RIEGO

En las últimas horas, una de las cuencas hídricas más importantes del país, la de los ríos Limay, Neuquén y Negro, fue declarada en emergencia hídrica. Así lo decidió la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que además pidió darle prioridad a los usos esenciales de región, tales como consumo humano, frente a la necesidad de energía de la Nación.
La decisión de la AIC se basa en la persistente sequía que se manifiesta hace más de una década y fue documentada a través de la disposición 5194/21. Allí el organismo interprovincial propuso medidas «para adecuar la operación de los embalses al objetivo prioritario de garantizar la disponibilidad de agua para los usos aguas abajo, y profundizando la vigilancia climática en previsión de la aparición de eventos máximos», reveló ayer La Mañana de Neuquén.
La declaración fue comunicada a la Secretaría de Energía de la Nación, a las Provincias del Neuquén, de Río Negro, y de Buenos Aires, al Organismo Encargado del Despacho Eléctrico, y a las firmas responsables de las concesiones hidroeléctricas de la cuenca.
La cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro es quizá la más importante del país, porque tiene influencia sobre una superficie de 140.000 kilómetros cuadrados y cubre casi la totalidad del territorio de la provincia de Neuquén y parte de las provincias de Río Negro y Buenos Aires.
El río Neuquén, con un módulo de 280 metros cúbicos por segundo, drena un área de 30.000 kilómetros cuadrados; el río Limay tiene un módulo de 650 metros cúbicos por segundo para un área de 56.000 kilómetros cuadrados. Entre ambos se conforma el río Negro, que drena una cuenca de 116.000 kilómetros cuadrados, con un módulo de 930 metros cúbicos por segundo.

Prioridades de uso.
Elías Sapag, representante de Neuquén ante la AIC, explicó la problemática. «Es una situación muy grave producto de la sequía que ya lleva 12 años y 13 con el que está en curso». dijo.
El funcionario señaló que el panorama es muy complejo porque «el invierno prácticamente se terminó y no se ven eventos importantes meteorológicos que puedan revertir el cuadro que se está viviendo en los embalses». Puso como ejemplo, el nivel que tienen la actualidad, las represas de la región: Alicurá está 4 metros debajo de su nivel; Piedra del Aguila, 17 metros; El Chocón, 8 metros y Los Barreales 9 metros.
«Esta es una pelea que tendremos por el agua, porque nosotros debemos garantizar el suministro a nuestra población y el riego para miles de productores que trabajan en la zona», aseguró Sapag, quien explicó que si bien el contrato de concesión permite la erogación con los caudales actuales, también es claro con respecto a las prioridades del recurso frente a una situación como la que se está viviendo. Aseguró que «un contrato se debe cumplir cuando las condiciones son normales» y eso es algo que no está ocurriendo.
«Aún estando en la franja de operación normal creemos que no se puede sacar agua más que para los usos de la ciudad, la industria y el riego. Es decir, solo se podrá generar energía eléctrica por el volumen de consumo de estas tres variables», explicó Sapag.
El funcionario reconoció que es una situación compleja que generará desencuentros políticos con las autoridades nacionales, teniendo en cuenta la necesidad de energía en este invierno (se viene una nueva ola polar que afectará a los grandes centros urbanos) y también para el verano con las altas temperaturas.
«El problema lo tenemos aguas arriba, ya no tenemos forma de almacenar agua. Y aguas abajo habrá que tomar medidas para racionalizar el uso y el EPAS tendrá que hacer obras en las tomas de agua por si el caudal viene muy bajo», indicó Sapag, que aseguró que la Secretaría de Energía, Camesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y las empresas hidroeléctricas tienen que saber que toda el agua que se erogue en adelante tiene que tener la autorización de la Autoridad de Cuencas». Y no descartó presentar un amparo en la Justicia si el pedido no es tenido en cuenta por las autoridades nacionales o las empresas hidroeléctricas.