Denuncian a Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, fueron denunciados penalmente el martes, en dos presentaciones en paralelo, en el primer caso, por la presunta «privatización de la vacunación contra el coronavirus» al «entregarles dosis a algunas obras sociales y medicinas prepagas para uso exclusivo de sus afiliados».
Además, en el marco de una segunda denuncia, fueron acusados por la aplicación de vacunas a «militantes de Juntos por el Cambio en una asociación vecinal de Parque Chacabuco cuya referente es una dirigente radical», según detalló un denunciante.
Ambas denuncias fueron presentadas a primera hora de ayer y, tras el sorteo correspondiente, recayeron en el Juzgado Federal 4, a cargo de Ariel Lijo.
Las denuncias sobre presuntas irregularidades en la realización de la campaña vacunatoria en la CABA apuntan contra Rodríguez Larreta y Quirós, y los acusan, en el primer caso, de incumplimiento de los deberes de funcionario público y por el mismo delito más cohecho, malversación de caudales públicos, y propagación de enfermedad, en el segundo.

Primera denuncia.
La primera denuncia fue realizada por la abogada laboralista Natalia Salvo, quien acusa a las autoridades del GCBA por la «privatización del acceso a la vacunación contra el coronavirus» debido a «los contratos con prepagas y obras sociales, a las que se les entregó dosis para el uso exclusivo de sus afiliados».
La letrada aseguró que la imputación contra Rodríguez Larreta y Quirós está basada en el hecho de haber aparentemente privilegiado a un sector de la población porteña -los afiliados de ciertas obras sociales y prepagas- por sobre otra franja de ciudadanos del mismo distrito.
«En la ciudad de Buenos Aires se está privatizando la vacunación contra el coronavirus. Esto es una estafa a los porteños y también al Estado nacional, que es el que adquirió las vacunas, que son un bien de utilidad pública esencial y escaso en el mundo», acusó Salvo.
Y luego puntualizó: «Una cosa es acordar una cooperación con una entidad, para utilizar sus instalaciones y allí realizar la vacunación, como sucede en la provincia de Buenos Aires, y otra cosa es hacer un convenio con las obras sociales y prepagas y entregarles las vacunas para que se las administren a sus afiliados. Son dos cosas muy distintas», contrastó.
«En esta acción el problema es que se genera unos ciudadanos porteños de primera, los que tienen esas prepagas y obras sociales a los que la Ciudad le entregó las vacunas, y los de segunda, que sería el resto de la población que no tiene ese privilegio para acceder al plan de vacunación con mayor facilidad», denunció.
La abogada también aseguró que existen «contratos» entre el GCBA con prepagas y obras sociales «cuyos términos desconocemos», por lo que exigió al Gobierno porteño «que informe a qué entidades le dio vacunas y quiénes fueron los vacunados».

Segunda denuncia.
La otra denuncia contra las autoridades del GCBA fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi y refiere al presunto armado de un centro de vacunación paralelo en la CABA llevado adelante por la Asociación Civil ‘Encuentro Vecinal Sur’ en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en Picheuta 1517-, donde se estaría «vacunando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos», según la denuncia presentada por el letrado.
«Se podría hablar de un vacunatorio PRO, porque allí se estaría vacunando a personas afines a Juntos por el Cambio, al radicalismo, porque la referente de esa asociación civil pertenece a la UCR, y además ese espacio funciona también como un local político tipo comité, como se puede ver sus redes sociales», aseguró el denunciante Castro Bianchi.
«Esta asociación vecinal (por ‘Encuentro Vecinal Sur’) sería un comité radical conducido por la auditora general de la Ciudad, Raquel Herrero», afirmó el abogado. (Télam)