Denuncian que en el macrismo, AFIP protegía evasores

El fiscal federal Federico Delgado radicó una denuncia penal después de considerar que había elementos suficientes para que se investigue el posible encubrimiento por parte de las autoridades de AFIP durante la era Cambiemos -Alberto Abad y Leandro Cuccioli- de las miles de cuentas no declaradas e informadas por la OCDE, en 2017.

La actual gestión a cargo de Mercedes Marcó del Pont detectó la existencia de información encriptada en poder del organismo recaudador que no había sido revelada desde que fue provista, en dos tandas durante los últimos años, por los acuerdos de intercambio de información fiscal entre países, consignó ayer el portal Ambito.com.

Dentro de ese cúmulo de datos hay 950 cuentas que superan el millón de dólares y cuyos titulares están siendo notificados, para lo que se levantó la feria fiscal. Ahora, y por sorteo, la causa penal que apunta al ocultamiento deliberado y posible alteración en la cadena de custodia, recayó en el juzgado subrogado por María Eugenia Capuchetti con intervención del fiscal Carlos Stornelli, que deberá darle impulso.

Protección
Ámbito había revelado el 29 de abril pasado los pormenores del recorrido que tuvieron esos datos, que nunca fueron accionados por la AFIP durante más de dos años en el gobierno de Mauricio Macri. La «protección» a quienes figuran en esos listados por parte de Abad, Cuccioli y los responsables de las áreas de fiscalización y de sistemas, esta última encabezada por Néstor Sosa, que quedó en la mira en varios expedientes judiciales.

El «vacío» que existe entre fines de 2017 y principios de 2020 es uno de los principales puntos a dilucidar en la investigación penal que podría incluir delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario, adulteración de información fiscal, entre otros. La cuestión es sensible: esos contribuyentes informados en 2017 y 2018 por OCDE podrían ser pasibles de ver caer su adhesión al blanqueo de capitales de Cambiemos, perdiendo la posibilidad de quedar excluidos de una persecución penal.

Irregularidades
El cúmulo de irregularidades que pudo reconstruir Ámbito, y que dispararon la denuncia penal del fiscal Delgado, radican en la «intervención» del software eMIAI que servía para acceder a la identificación de los contribuyentes detectados en diversos países, en un procedimiento que se denominaba «cuitificación», y que estaba en fase de prueba a finales de 2017. Hubo retrasos, por ausencia de pago de una licencia a la OCDE para dar un «aknowledgement» y poder «bajar» esa información desde un «hub» dispuesto para el intercambio que tiene estrictas medidas de seguridad.

Ocultamiento
Pero lo verdaderamente relevante ocurrió cuando a principios de 2018 comenzó el cruce de datos y se generaron discusiones técnicas entre la Dirección de Fiscalidad Internacional (responsable de la recepción del listado), Auditoría y Sistemas, ambas bajo el control de Sosa.

El 5 de enero de 2018 y en pleno ajuste del software eMIAI, el área de Sistemas por orden de Sosa decidió borrar el «usuario» que había procesado todos los datos, y dejar solo resguardados los archivos sin procesar. Eso ocurrió tras una reunión convocada por Abad dos días antes con participación del subdirector general de Fiscalización Marcelo Costa con la orden de aportar «impreso físicamente» un reporte con los listados de nombres procesados hasta el momento por el sistema, una instrucción inusual.

A mediados de enero de 2018, se reconstruyó el usuario dado de baja pero el software había sido modificado por orden de Auditoría: por supuestas normas de seguridad ya no era posible visualizar los «nombres» en el sistema, sino que corrían sin que ningún agente accediera a ellos. La AFIP inició una auditoría interna para deslindar responsabilidades, a la par que continuó adelante con el proceso de fiscalización de los contribuyentes, ahora en plena etapa de notificación, con la primera tanda de 950 cuentas que superan U$S millón cada una.

Luego habrá una segunda fase por montos inferiores. Pero este affaire se acaba de convertir en una causa penal contra la gestión Cambiemos por el ocultamiento de esa información que se tendrá que desarrollar en Comodoro Py. (Ambito.com)