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Diputados posterga el dictamen

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS RECLAMAN SANCION DE LA LEY DEL ABORTO

El plenario de comisiones que analiza el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo decidió el miércoles sumar para hoy una nueva ronda de expositores, y postergó para la próxima semana la firma del dictamen, previsto originalmente para el viernes.
En el último tramo del plenario de comisiones donde expusieron 20 oradores, la diputada oficialista Cecilia Moreau, titular de la comisión de Legislación General -cabecera del plenario-, también anuncio que se postergará la firma del despacho sobre el «Programa de los 1.000 días», una iniciativa que contempla beneficios de salud integral para las personas gestantes y para bebés de hasta tres años.
La segunda ronda informativa tuvo doble jornada a por la mañana y a la tarde, cuando los expositores que defienden el proyecto, presentado por el Ejecutivo, argumentaron que responde a un «problema de salud publica», mientras que los retractores insistieron en que la Constitución Nacional garantiza la vida desde la concepción.
En la reunión, Moreau también advirtió que las personas que envían correos electrónicos intimidatorios por su posición sobre el proyecto de legalización del aborto «van a ser denunciados e investigados»,
«No vamos a tolerar esta situación. Van a ser denunciados e investigados, vengan de donde vengan y vayan hacia quién vayan así que no pierdan más el tiempo», señaló la legisladora.
Los mails con intimidaciones se suman a escraches que sufrieron el diputado radical Facundo Suarez Lastra y los familiares de la legisladora del Frente de Todos Carolina Gaillard.

Cruces.
Moreau mantuvo algunos contrapuntos con la médica «por la vida» de Tucumán Gisela Reynaga, quien tuvo conceptos muy duros sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, cuando la profesional de la salud sostuvo que el camino es «brindar seguridad a la madre».
«¿El camino no será brindar seguridad a la madre para que transmita esa tranquilidad al niño en su seno? Para ello necesitamos un entorno social seguro. Una sociedad que no se rinda a políticas mal llamadas salud pública. Tenemos una constitución ‘pro-vida’, que defiende la vida de la madre y del niño por nacer», indicó Reynaga.

Expositores.
En la audiencia realizada por la tarde también expuso la diputada porteña Myriam Bregman, quien reclamó que «todas aquellas instituciones que nos niegan derechos no tengan más injerencia en nuestras vidas, en las leyes o en la educación» porque «no queremos injerencias de las iglesia».
El abogado Fernando Toller consideró que este proyecto «es una ley de fomento del aborto» y pidió que le «den oportunidad a cada ser humano ya que no podemos devolver la vida a las miles de vidas que se ha llevado el Covid 19 y no le sumemos mas desolación»
En tanto, la subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud, Sonia Terragona, señaló el sistema de salud está «pagando los costos» por los abortos clandestinos ya que «lo único que se hace fuera del sistema es propiamente la práctica del aborto, pero las complicaciones, atenciones, visitas a los profesionales, todo se sigue haciendo en el sistema formal».

DD.HH.
Organismos de Derechos Humanos solicitaron al Congreso de la Nación la rápida sanción del proyecto que busca la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, con el fin de reducir la mortandad de mujeres y adolescentes.
«Vemos como de absoluta necesidad la pronta sanción de los proyectos en trámite sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo», señalaron los organismos en un documento en el que recuerdan que la ley es «para evitar muertes» y «sufrimiento» y que se legisla «para el conjunto de la sociedad».
«Legislar para el conjunto de la sociedad, para evitar muertes de mujeres, de todas las personas gestantes y el sufrimiento de las niñas y sus familias, esta es nuestra preocupación», advirtieron.
Remarcaron además la «convicción» de que «el Estado debe legislar para el conjunto de la sociedad, sin inclinarse por favorecer a algún credo o inclinación sectorial» y marcaron la importancia del «Programa de los 1.000 días», que «amplia los derechos de las mujeres y personas gestantes que deseen llevar adelante su embarazo».
Así, ponderaron que a través de ese programa se les otorgan a las mujeres de sectores vulnerables que llevan adelante su embarazo «prestaciones adicionales tanto económicas como alimentarias».
El texto lleva la firma de Taty Almeyda, Vera Jarach, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y la Comisión por la Memoria, Verdad, y Justicia de Zona Norte, entre otros.

Piden informes por niña que tuvo gemelos
Diputadas provinciales que conforman la Comisión de Igualdad con Perspectiva de Género de la Legislatura jujeña solicitaron ayer que el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, brinde explicaciones sobre la situación de una niña de 12 años que debió cursar un embarazo gemelar producto de una violación y a la cual se le negó su derecho a un aborto no punible.
Las legisladoras Leila Chaher, Fátima Tisera (Frente de Todos), Susana Haquim, Ortiz Mariela (Frente Primero Jujuy), Natalia Morales (Frente de Izquierda) y María Ferrín (Frente Cambia Jujuy) requirieron informes ya que la niña fue sometida a una microcesárea con previa maduración fetal.
Las diputadas indicaron que se remitió una nota dirigida al titular de la cartera de salud provincial, luego de la denuncia realizada por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Jujuy, que alertó sobre la situación.
«La estrategia fue ‘ganar tiempo’ con el objetivo de obtener la viabilidad fetal, a pesar de que la provincia tiene un protocolo específico realizado conjuntamente con Unicef en el que se establece el derecho a la ILE (Interrupción legal del embarazo) para los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años», denunció la Red en un comunicado.
En ese marco, las diputadas requirieron información sobre «el estado de salud actual de la niña», además de la «situación del embarazo».
Asimismo, pidieron detalles sobre «los procedimientos llevados adelante, en qué fechas y bajo qué funcionarios a cargo para garantizar el protocolo establecido en la provincia y de derecho a la ILE». (Télam)