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El Estado mendocino pagó $ 10 millones sin facturas

GRAVE FALLO CONTRA EL INSTITUTO DE JUEGOS Y CASINO

El Instituto Provincial de Juegos y Casino (IPJC) de Mendoza quedó envuelto en una grave polémica debido a que el Tribunal de Cuentas de esa provincia dio a conocer que le pagó más de 10 millones de pesos a una empresa sin que se haya presentado ninguna factura.
El fallo Nº17.350 da cuenta del pago a la compañía Sielcom por un monto de 10.403.000 pesos sin presentación de facturas. El hecho se produjo en 2018 y tomó mayor relevancia ya que en 2016, la directora del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Josefina Canale, había dado de baja un contrato de la empresa al encontrarse con irregularidades.
La empresa había empezado a trabajar en octubre de 2015, tras ganar una licitación en 2014. Sielcom cedía los derechos a otra empresa que se llamaba «Sielcom Fideicomiso». Las autoridades frenaron el pago y determinaron la cancelación del contrato.
Canale, que hoy es diputada de Juntos por el Cambio, aseguraba que se podía dar de baja porque el Instituto tenía las condiciones necesarias para llevar el control que se le había encargado a la empresa.
Además del millonario pago, el Tribunal de Cuentas descubrió un faltante por 200 mil pesos en el marco de comprobantes de tickets ganadores y su relación con los premios pagados. Es decir, el Estado mendocino pagaba premios que no presentaban el ticket ganador, según un informe del sitio web www.bbl.com.ar
«No solo son groseros los 10 millones sin facturas, estamos hablando que los mismos funcionarios que denunciaron irregularidades, son los que después le pagan a esta empresa que no presenta facturas», señaló el secretario general de la Unión de Personal de Juego y Casinos de Mendoza, Martín Caín, quien recordó que en 2016 y tras encontrar algunas fallas, el IPJC decidió dar de baja el contrato con la empresa Sielcom.
La cúpula directiva del Instituto estaba conformada en ese momento por tres funcionarios que ahora son legisladores: la mencionada Canale, el presidente de la Cámara de Diputados Andrés «Peti» Lombardi y la senadora Mercedes Rus.
Lo grave de la situación es el monto de la misma, las contradicciones de las autoridades y el mero hecho de que el Estado pague sin facturas, promoviendo la evasión fiscal, señalaron desde el sindicato.

Sin ticket.
Caín, en tanto, comentó que «en el año 2016 el gremio denunció que hay una falla en el sistema que permite que el premio que no se cobra y se está por vencer, el agenciero lo puede descargar». El sitio informativo recuerda en su informe que para quienes juegan a la Quiniela, la única forma de cobrar un premio es acudir con el ticket ganador. Sin embargo, Caín afirmó: «descubrimos que lo cobraban igual sin el ticket del comprobante».
En 2017, desde la cúpula directiva se aseguró que se corregiría dicha falla. Que se haría un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo y que estas irregularidades ya no volverían a ocurrir. Al parecer no se corrigió nada, porque en el año 2018 el Tribunal de Cuentas vuelve a mostrar esta irregularidad por un monto superior a 200 mil pesos. Lo paradójico es que, con los antecedentes, el Tribunal no ha realizado denuncias. «Les ha metido multas a empleados con cargos de gerentes», señaló Caín.
En este marco, el sindicalista apuntó que «en el Instituto no se paga nada sin orden del Directorio, deben firmar la orden para pagar las cosas. Los gerentes pueden tener ciertas responsabilidades, pero la responsabilidad política la tiene el director».

Delito federal.
Con las multas, el Tribunal procede a una sanción de tipo administrativa para los gerentes. La gravedad, señalan desde el sindicato es «que se están violando normas de la AFIP, es un delito federal que las autoridades no exijan la facturación de un pago. Después hay toda una serie de irregularidades dentro la Ley de Procedimientos Administrativos e inherentes a cuestiones financieras».
En cuanto al papel del Tribunal, el sindicalista aseguró que «el hecho de que no hayan procedido obedece a una cuestión política. Han multado para sacarse de encima el problema». En tanto, se espera que en los próximos días tome intervención la Fiscalía de Estado para continuar con la investigación sobre estos fondos y sus respectivas responsabilidades, que ocurrieron bajo la gestión del anterior gobernador macrista Alfredo Cornejo.

«Hay normas de contralos»
Frente a la grave denuncia que hubo en Mendoza, desde esta redacción se consultó al titular del Instituto de Seguridad Social de La Pampa, Miguel Tavella, para saber si una situación parecida puede suceder en la provincia. «Me enteré de lo que pasó en la provincia vecina y es grave, veremos cómo avanza ese caso. Nosotros acá tenemos nuestras propias normas de contralor y hay todo un sistema que garantiza que todos los procedimientos se realicen de acuerdo a la ley vigente», aseguró el funcionario.