El Gobierno defendió el DNU

El Gobierno Nacional presentó ante la Corte Suprema de Justicia los argumentos que llevaron al presidente Alberto Fernández a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se dispuso, entre otras medidas para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus, la suspensión de la presencialidad en las clases por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hasta este viernes.
La presentación fue realizada el martes, cuando vencía el plazo de cinco días para presentar la fundamentación, por miembros de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.
Entre las principales razones esgrimidas en la presentación, el Gobierno indicó que en la zona del AMBA se dan actualmente más del 50 por ciento de los nuevos casos de coronavirus, en el marco de la segunda ola que atraviesa el país.
También se detalla que el ritmo de contagio es superior al que se venía experimentando y mayor al que se registra en otras áreas de alto riesgo epidemiológico en el país.
Por otra parte, se advierte que la saturación del sistema de salud tiene como consecuencia primordial el aumento de las cifras de mortalidad.
«El Gobierno Federal comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, pero en este contexto actual, es deber del Estado abordar medidas de tal carácter, en la protección de la vida y la salud pública», sostiene el texto.
Asimismo, rechaza el argumento esgrimido por el Gobierno porteño de que «la educación en forma virtual no resulte adecuada y suficiente para la actual situación epidemiológica», y que «la educación virtual traiga aparejados gravísimos perjuicios en niños y adolescentes en su evolución psicológica, interpersonal y social».
Por otra parte, el Gobierno rechaza que el decreto «haya sido dictado a los fines de cambiar el centro de la atención pública y que pueda considerarse un fracaso del Gobierno nacional su plan de adquisición de vacunas contra el virus SARS-COV-2 (Covid-19)», tal como argumentó el gobierno porteño.
En tanto, se pide que se cite a la provincia de Buenos Aires dado que la circulación no afecta solo a la ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, se rechaza que el decreto afecte «la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires» ni que «lesione derecho alguno», así como que haya «venido a subvertir el orden constitucional».

Aumento de casos.
En la presentación, el Gobierno hace hincapié además en la incidencia de la presencialidad en el transporte público, y cita casos como España y Estados Unidos, donde las escuelas no permanecieron abiertas «en los momentos de mayor contagio».
Asimismo, el escrito demuestra que «es innegable el crecimiento exponencial de los contagios» en el país en «desde fines de abril» lo que se traduce en un «panorama inquietante con riesgo de saturación del sistema de salud y de aumento de la mortalidad» que «justificó las medidas urgentes» tomadas por las autoridades nacionales.
Por otra parte, se resalta que «en forma maliciosa se ha intentado confundir a la población mencionando a las medidas adoptadas como ‘la cuarentena eterna’, un término que no refleja la realidad».
La presentación incluye, además, un informe elaborado por el Ministerio de Salud con los datos epidemiológicos y los indicadores en los cuales se basó el Gobierno Nacional para dictar la medida que cuestionó la administración porteña.
Asimismo pone de relieve que el decreto con el que se dispuso la suspensión de la presencialidad en las escuelas del AMBA durante 15 días se puede realizar en vistas de que está en juego «un derecho superior», en referencia a la salud pública, y que se trató de una medida temporal dispuesta en un contexto de emergencia.
Asimismo se resalta que las medidas dispuestas por el Gobierno nacional han sido «constantemente dinámicas en razón del lugar y de la circulación del virus».
«Es por ello que la no adopción de medidas oportunas y razonables, focalizadas y transitorias, fundadas en evidencia científica y en la experiencia internacional para evitar aquellos resultados, significaría asumir el riesgo de que ocurran consecuencias irreversibles para la salud pública, y que solo quede lamentarlas, cuando ya sea demasiado tarde», destaca el escrito. (Télam)