El PJ acusó a Bonadío de hostigar a Cristina

El Partido Justicialista realizó ayer un plenario nacional en el que exhibió incorporaciones de provincias que no venían participando de la vida partidaria y se mostró compacto en la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández.
En medio del tormentoso frente judicial vinculado al escándalo de los cuadernos, el peronismo buscó dar un mensaje de fortaleza y exhibió a los vicegobernadores de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando; de Chaco, Daniel Capitanich; y de San Juan, Marcelo Lima; tres provincias que venían moviéndose en la órbita del Peronismo Federal y que ahora, tras el fin de la intervención, habrían saltado el cerco.
Por el contrario, Córdoba de Juan Schiaretti, Salta de Juan Manuel Urtubey, Entre Ríos de Gustavo Bordet y Tucumán de Juan Manzur continúan por fuera del frente que prepara el PJ Nacional en alianza con Unidad Ciudadana, la fuerza de Cristina.
Por Entre Ríos, estuvo el ex gobernador Sergio Urribarri, quien tiene ganas de volver a gobernar su provincia con el impulso del kirchnerismo, pero se vería impedido porque la carta constitucional de la provincia impide un tercer mandato.
En la sede de Matheu 130 también se produjo el regreso del senador Adolfo Rodríguez Saá, quien a diferencia de su hermano Alberto, había dejado hace tiempo de ser un "habitué" de las reuniones en la tradicional casa del peronismo del barrio de Balvanera. Además de Alberto Rodríguez Saá, la otra mandataria provincial presente fue Lucía Corpacci de Catamarca.
El intendente de General Roca, Martín Soria, quien pisa fuerte en las encuestas para ser el próximo candidato a gobernador de Río Negro, el ex gobernador de La Pampa, Rubén Marín, y el ex gobernador bonaerense y actual número dos del partido, Daniel Scioli, fueron otras presencias destacadas en el plenario que encabezó el presidente del PJ, José Luis Gioja.
Los mandatarios de las distintas provincias mostraron su unidad para encarar la defensa férrea de Cristina, a quien consideran blanco de una campaña de "persecución" permanente orquestada por el Gobierno y el juez Claudio Bonadio.

Persecución.
El actual diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ acusó al Gobierno de "usar a un sector de la Justicia para hostigar y perseguir a quienes hacen oposición en la Argentina".
"Necesitamos que se haga justicia, pero no queremos shows" afirmó durante una conferencia de prensa que se desarrolló al cabo de la cumbre, que duró más de tres horas.
En este sentido, explicó que lo que no "gusta" en el peronismo "es que el mismo juez (por Bonadio) se dedique a provocar a quien fue Presidenta de la República".
Gioja se despegó de la causa de los cuadernos y negó haber tenido información sobre movimientos irregulares de dinero durante el kirchnerismo, al afirmar que "si hubiera sabido, lo habría denunciado".
"El que se autoincrimine que se haga cargo de lo que dice", indicó el sanjuanino, en referencia a la confesión de Hugo Martín Larraburu, quien fuera secretario del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.
Del plenario también participaron el presidente del PJ bonaerense Gustavo Menéndez, Verónica Magario, Agustín Rossi, Daniel Filmus, Fernando Espinoza, Cristina Álvarez Rodríguez, Eduardo "Wado" De Pedro, Omar Plaini, Antonio Caló, Víctor Santa María, Ricardo Pignanelli, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Fernando "Chino" Navarro, Gabriel Mariotto, Guillermo Moreno y Julián Domínguez, entre otros.

Obra pública.
Por otra parte, el bloque del Frente para la Victoria del Senado presentó ayer un proyecto para crear una comisión del Congreso que audite la obra pública de toda la gestión kirchnerista, al tiempo que reiteró su satisfacción por la decisión de varios senadores de no dar quórum para tratar el pedido de allanamiento.
Un día después de esa fallida sesión, el FPV presentó una iniciativa para crear una Comisión Bicameral de Auditoría Integral de la Obra Pública que revise el período comprendido entre el 25 de mayo del 2003 y el 9 de diciembre del 2015, tal como reclama la ex presidenta a la Justicia. (NA)

Denuncia por espionaje ilegal
El titular del Instituto Patria, Oscar Parrilli, presentó ayer una denuncia penal contra Gustavo Arribas y Silvia Majdalini, máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por espionaje ilegal en las inmediaciones de la sede de la entidad y dirigidas a la senadora Cristina Fernández.
En la presentación se los imputa por los delitos de "espionaje ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público", ya que la ley que rige el funcionamiento de la AFI prohíbe expresamente "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas" por su "opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias", se informó.
El Instituto Patria ofreció las pruebas del presunto espionaje que se realizaba frente al edificio ubicado en Rodríguez Peña 80, compuesta por las filmaciones de las cámaras de seguridad y diversos testimonios.
Además, pidió que se cite a declaración indagatoria a los ocupantes de los vehículos identificados, que reconocieron ser agentes de la AFI. La denuncia fue sorteada y recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi y será instruida por el fiscal Federico Delgado, se informó oficialmente.