El presidente se reunió con Nardelli y confirmó el rescate de Vicentin

El presidente Alberto Fernández recibió ayer al CEO de la intervenida empresa Vicentin, Sergio Nardelli, para analizar la situación de la cerealera en riesgo de quiebra, y al término del encuentro el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, aseguró que el objetivo del gobierno es el «rescate» de la firma y que se analizan «alternativas superadoras». «Se abrió una instancia de diálogo productivo, muy franca, y con las expectativas de que este canal siga fortalecido para abordar un tema tan importante como es Vicentin, que para el sector agroalimentario argentino es una de las referencias importantes», indicó Perotti a la prensa tras el encuentro en la Residencia de Olivos.
Además del mandatario santafesino participaron del encuentro con Nardelli, que encabezó el jefe de Estado, el ministro de Producción, Matías Kulfas; su par de Agricultura, Luis Basterra, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Alternativas superadoras.
Perotti sostuvo que tanto su provincia como la Argentina «en general» son «jugadores internacionales de mucho peso en lo que es la elaboración de alimentos y transformación de materia prima». Reseñó que el Presidente fue «muy claro» en su objetivo de «rescate de la empresa», aunque aclaró que del «diálogo» surgió que «si aparecen alternativas superadoras, está dispuesto a escucharlas».
Fernández anunció esta semana la intervención de la compañía, que afronta una deuda certificada de casi 100 mil millones de pesos, y la posible expropiación de la firma, que debería ser tratada por el Congreso Nacional. El gobernador santafesino adelantó además que hoy los integrantes de la empresa se reunirán con Gabriel Delgado, el interventor designado por el Poder Ejecutivo, y con directivos de YPF para «analizar algunas de estas alternativas».
«El Presidente ha dado instrucción de que el interventor tenga la instancia de colaboración de todo el personal de gerentes actuales, para que no exista impedimento o burocracia que demore el normal funcionamiento de la empresa», subrayó.

Ingreso a la sede.
El último lunes, el Presidente había anunciado la intervención de Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre pasado entró en cesación de pagos. Un día después se publicó el DNU que estableció la intervención, y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo viajaron a la localidad santafesina de Reconquista para reunirse con el juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso de acreedores.
En tanto ayer el subinterventor, Luciano Zarich, ingresó a la sede administrativa de la empresa, en la localidad santafesina de Avellaneda, junto al escribano oficial Carlos Gaitán y directivos de la firma con el propósito de concretar la intervención de la empresa.

Reunión.
«Vengo a hablar con el Presidente. Voy a conversar con él. Creo que la salida de la empresa (Vicentin) debe venir del sector privado», señaló Nardelli. El encuentro entre el jefe del Estado y el nieto del fundador de la agroexportadora se realizó tras una comunicación telefónica que ambos mantuvieron este miércoles.
Tras ese contacto, Fernández había comentado que tuvo «una muy buena charla con Sergio Nardelli, uno de los dueños de Vicentin», a quien le dijo que lo que buscaba el Gobierno era «preservar la empresa en manos argentinas». Esto «no debería ser motivo de pelea porque lo que estamos haciendo es rescatar a una empresa de la quiebra», subrayó.

«Irreprochable».
Por su parte, el abogado constitucionalista Domingo Rondina afirmó ayer que el decreto firmado por el presidente para intervenir la empresa Vicentin es «irreprochable» en el aspecto jurídico y sostuvo que «la ley lo prevé expresamente». «Jurídicamente el DNU sobre Vicentin es irreprochable. La Constitución dice que una empresa privada puede ser expropiada por el Estado a través de una ley. Lo que hizo el gobierno fue la ocupación temporaria por 60 días y eso está permitido por la ley nacional de expropiaciones», sostuvo Rondina. (Télam)

Alfonsín criticó postura de la UCR
El designado embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, cuestionó ayer la posición de la Unión Cívica Radical (UCR) frente a la decisión del Gobierno de intervenir la compañía Vicentin y recordó que ese partido centenario votó por la estatización de YPF en 2012. En un documento emitido el lunes, firmado -entre otros- por el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, y los titulares de las bancadas del Senado y de Diputados, Luis Naidenoff y Mario Negri, respectivamente, Juntos por el Cambio tildó de «ilegal e inconstitucional» la intervención» de la empresa.
En ese sentido, Alfonsín expuso ayer que «en el documento se menciona un argumento para oponerse que es que se comete el mismo error que cuando se estatizó YPF». «Entiendo que ese texto lo pueda firmar el PRO, que en su momento votó en contra; pero no los radicales, que votaron a favor de la expropiación…», recordó el dirigente radical, y planteó que advierte «un nivel de subordinación que da un poco de vergüenza».
En ese sentido, el ex legislador dijo que le llama la atención «que los argentinos no estemos más preocupados en cuidar nuestros recursos, porque Vicentin le debía miles de millones de pesos a bancos». Asimismo respaldó la decisión del gobierno nacional de intervenir la cerealera, al analizar que la compañía «estaba tomando decisiones preocupantes: había vendido parte de su patrimonio, lo descapitalizaría».
«Además, había multinacionales asociadas a sectores financieros interesadas en comprarla y eso era desnacionalizar una empresa argentina para que se transforme en extranjera y una mayor concentración del mercado», continuó Alfonsín. Por último, sostuvo que su interés está puesto «en que el Estado recupere los fondos porque si dejamos que avance el concurso y se llegue a una quiebra, la experiencia demuestra que las deudas se reducen un 60% y se pesifican». «Con esta decisión de intervenir, el Estado impide que esto ocurra», finalizó. (Télam)

Centro Pampeano de Estudios defendió la intervención a Vicentin
El Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos (Cpesp) celebró la decisión del gobierno nacional de intervenir la cerealera Vicentin y el envío de un proyecto de ley para expropiarla al considerar que «se trata de una empresa en serios problemas cuya caída significaría un problema».
A través de un comunicado de prensa firmado por el presidente de la entidad, Francisco Babinec, el centro de estudios expresó su apoyo a la decisión del gobierno de rescatar a las empresas del grupo al asegurar que si se concreta la expropiación, la economía del país y la pampeana «por extensión» pueden resultar favorecidas. «Vicentin (…) había llegado a ser uno de los mayores exportadores de granos y subproductos, pero afrontaba una deuda estimada en 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones fueron contraídos con los bancos», sostiene el documento.
Y detallan que de esa deuda, «300 (millones) corresponden a préstamos sospechados de irregularidades otorgados con el Banco Nación, y otros 350 millones con empresas del sector agrícola, principalmente productores y acopiadores», por lo que consideran que la caída de Vicentin generaría un problema.

Defensa.
Al explicar los motivos por los cuales manifestaron su apoyo a la medida, la entidad trazó un repaso enfocado en los beneficios económicos que le generó a la economía argentina que el Estado esté a cargo del manejo de los granos. En esa línea, pusieron como ejemplo a la Junta Nacional de Granos, creada a principios de la década del 30 «con la finalidad de asegurar un precio sostén a los productores». En 1946, durante el gobierno de Juan Domingo Perón con Miguel Miranda como ministro de Economía, lanzó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), para «emplear las divisas provenientes de la exportación para fomentar la industrialización del país».
«Después de 1955, la Junta recuperó sus funciones, pero con el paso de los años y el estancamiento de la producción agrícola fue perdiendo relevancia hasta terminar con su disolución durante la marea de privatizaciones y cierres de los 90», detalla el documento.

Sospechas de maniobras.
En ese aspecto, el comunicado sostiene que durante el menemismo, el manejo de los saldos exportables pasó a manos de empresas «como Cargill, Dreyfus y Bunge & Born, junto a nuevos jugadores como Oleaginosa Moreno y Vicentin», algunas de las cuales «ya habían sido sospechadas de maniobras non sanctas como la subfacturación y la triangulación de exportaciones a través de filiales en Paraguay y Uruguay, con el fin de eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales».

Sin regulación estatal.
Finalmente, el documento manifiesta que la Argentina no cuenta con una empresa estatal que permita «cierta regulación del mercado de granos» como es el caso de países como Canadá y Australia. «De ahí la importancia que puede tener el desembarco del Estado Nacional en el negocio de los granos si se concreta la expropiación de Vicentín. La comercialización de granos es central para la política económica del país, afectada por la cíclica falta de divisas», concluyeron.

«Un atropello que nos retrotrae al pasado»
La medida del Gobierno nacional de intervenir la agroexportadora fue criticada por la oposición. La empresa mantiene cuantiosas deudas, y por lo menos unos 127 millones a firmas de nuestra provincia.
El diputado provincial radical Francisco Torroba sostuvo que es un paso «al pasado» la decisión del gobierno nacional de intervenir y expropiar la empresa Vicentín.
El legislador agregó que la decisión «nos retrotrae al pasado, en vez de impulsarnos al futuro. Desconociendo la Ley de Quiebras y las atribuciones del juez del concurso interviniente, que tiene la obligación de investigar a fondo las causales de ese concurso, el Poder Ejecutivo Nacional, en una deplorable actitud, avanza en forma ilegal con la expropiación de la empresa».

«Produce incertidumbre».
Se refirió a la medida como un «atropello» que «no sólo afecta a las instituciones de la República, sino que también contribuye al deterioro económico generando incertidumbre y desinversión en plena cuarentena y negociación de la deuda externa».
Reprochó que «once días después de haber manifestado el Presidente (Alberto Fernández) que ‘no está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas’, sorprende con esta decisión que lo debilita y le quita credibilidad para resolver las complejidades del futuro», concluyó su crítica.

Rechazo a violencia institucional.
El bloque de diputados provincial salió en las últimas horas a reprochar «hechos de violencia institucional perpetrados por las fuerzas policiales provinciales y federales» que -sostienen- «se incrementaron durante el aislamiento social y preventivo obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid 19».
La bancada que preside Francisco Torroba dijo rechazar «enérgicamente» la situación que se da no sólo en nuestra provincia sino también en el resto del país, y que -dicen- se dio en mayor medida durante el aislamiento social y preventivo obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria».

«Innumerables abusos».
Agregan los radicales que «desde el comienzo de la cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo Nacional a consecuencia de la pandemia por el coronavirus, se han suscitado innumerables casos de abusos de las fuerzas policiales tanto provinciales como federales en todo el país».
Razonan que en La Pampa no se estuvo ajeno a esa circunstancia y «se han presentado varios casos de abusos de autoridad y vejaciones que fueron denunciados, aunque sin llegar a la gravedad de otros casos ocurridos en otros puntos del país», aclararon.
Así puntualizaron casos de violencia institucional en las provincias de Chaco, Tucumán, San Luis y Buenos Aires».

Nada lo justifica.
En nuestra provincia hubo varios hechos denunciados por ciudadanos, que ahora se están dirimiendo en la Justicia provincial. «Escudarse en la realización de operativos policiales en el marco de la cuarentena obligatoria, no justifica los excesos y apremios que se han cometido en flagrante violación de los derechos humanos, por quienes son servidores públicos en defensa de la ciudadanía», completan desde la UCR.