El sistema de salud, otra gran discusión

Funcionarios, legisladores y sindicalistas se mostraron a favor de dialogar con los distintos sectores del sistema de salud para «clasificar los problemas» y consideraron que la integración que se realiza «forzadamente por la pandemia», podría desarrollarse en forma «planificada y organizada». Mientras tanto, la cámara que agrupa a las obras sociales prepagas, realizó una presentación judicial para poder aumentar el valor de sus cuotas.
Varios referentes políticos y sindicales se refirieron ayer a la controversia despertada por la propuesta de reforma del sistema de salud expresada por Cristina Fernández, entre ellos dos ministros bonaerenses, Daniel Gollan (Salud) y Teresa García (Gobierno), el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, y el secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.
Gollan desmintió denuncias de las prepagas y prestadores sobre una intervención para estatizarlas y aseguró que «es todo lo contrario», porque la intención del gobierno «es sostener la situación del sector, que ya venía mal por fallas estructurales del sistema, básicamente porque bajaron los salarios y bajó la recaudación». Y reveló que convocó al sector privado a «sentarse en una mesa» para abordar los conflictos «con diálogo» y propuso que «esta integración que estamos haciendo forzadamente por la pandemia, podamos hacerla planificada y organizadamente».
En tanto, su par de Gobierno consideró que «hay que sentar en una mesa a todos los actores de la salud, pública, privada, obras sociales y beneficiarios de las prepagas» para «discutir cómo vamos a afrontar una nueva realidad mundial en materia sanitaria, ante la posibilidad de una nueva pandemia». Según García, «no hay ningún papel, proyecto de ley, ni iniciativa elaborada que tome a nadie por sorpresa».
Desde la Cámara de Diputados el titular de la Comisión de Salud consideró que «nadie quiere desfinanciar a los privados, ni ponerlos de rodillas» y explicó que «el sistema de salud viene pidiendo una integración hace muchos años y es momento de trabajar por un sistema más integrado, para que la salud sea de mejor calidad y su acceso más equitativo». «Esta integración ya existe. Hay convenios públicos-privados y se puede mejorar, para que no pase como pasó la pandemia, cuando muchas integraciones fueron a las patadas», afirmó. Para Yedlin «nadie sobra en el sistema: el desafío es cómo hacerlo eficiente y sustentable».

Menos fragmentación.
También la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se expresó a favor de iniciar un trabajo conjunto con los actores del sistema. «Trabajamos para disminuir la fragmentación del sistema de salud», dijo y agregó que «esta pandemia fue una oportunidad muy grande para entender que la salud es una sola y, como en cada crisis, surge una oportunidad».
El lunes, durante un acto en La Plata, la vicepresidenta se pronunció a favor de «repensar todo el sistema de salud» y advirtió que en un contexto de pandemia «las prepagas no saben dónde colocar a la gente. Dicen los que saben que podrían venir otras pandemias. Lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad», advirtió.
Si bien Cristina Fernández ya había expresado la idea en diciembre, primera vez que habló públicamente del tema, ahora «la propuesta terminó integrada a las patadas porque lo impuso la realidad». A finales del año pasado, convocó a «reconceptualizar» el sistema.»En materia sanitaria debemos reconceptualizar el sistema. La pandemia mostró que algunos lugares tienen muchos recursos que a otros les faltan», sostuvo durante el VII Encuentro Nacional de la Salud, desarrollado el 19 de diciembre.
(Télam)

Prepagas a la justicia.
Las empresas de medicina prepaga se presentaron ante la Justicia reclamando una «medida cautelar autónoma» que habilite un aumento urgente del 9,77% en sus cuotas. La presentación fue firmada por abogados de 15 empresas, entre ellas OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Omint y Hospital Italiano, y fue radicada ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
Las prepagas solicitan de manera «urgente» que la justicia «autorice un aumento del 9,77% sobre el valor actual de las cuotas», porcentaje obtenido al sumar dos variables: «un 3,59% que es la diferencia entre lo autorizado por las resoluciones (acumulando un 25,52%), el 30% reconocido en el informe técnico de octubre de 2020 elaborado por los cuadros técnicos de la SSS» (Superintendencia de Servicios de Salud) y «un 6,18% que es el mayor costo resultante de la negociación paritaria».
Las empresas pidieron que el aumento «sea autorizado de manera interina mientras dure el proceso administrativo y/o judicial, con carácter provisional y a cuenta del futuro aumento que corresponderá otorgar conforme lo que resulte de la resolución del reclamo impropio interpuesto y el aumento adicional solicitado».
Advirtieron además que el pedido «pudo haber sido más ambicioso, pero lo hemos limitado para que su viabilidad o procedencia resulten indiscutibles» argumentaron.

«Nadie piensa en estatizar».
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, descartó la posibilidad de «estatizar» las empresas de medicina prepaga y planteo la necesidad de avanzar en una «reforma del sistema de salud. Hablan de estatización y nadie trabaja con ese objetivo», dijo. Explicó que el gobierno pretende un sistema «que se apoye en la solidaridad y avance con un financiamiento mucho más claro, integrando a las obras sociales, las prepagas y el sistema público. Hay que redifinir cómo financiar el sistema de salud, para encontrar un sistema más claro, que no impacte tanto en los ingresos familiares y produzca salud con un acceso equitativo», concluyó.