“Esperanza nació, está viva”

REALIZARON CESAREA A NIÑA DE 12 AÑOS Y BEBA SERA DADA EN ADOPCION

El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, informó ayer que se le practicó una cesárea a la niña de 12 años que fue víctima de una violación en San Pedro de Jujuy y que había pedido junto a su familia la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
La intervención se realizó alrededor de las 8 en el Hospital Materno Infantil de la capital provincial, donde la menor se encontraba internada desde el último martes tras solicitar la práctica de la ILE.
“Se procedió a realizar la interrupción legal del embarazo de la menor de 12 años, cumpliendo con todos los derechos que la asisten y respetando tanto su voluntad como la de su madre”, informó ayer al mediodía el hospital en un comunicado de prensa.
El recién nacido “fue recepcionado y asistido por el personal del servicio de neonatología”, en tanto que “la menor se encuentra en buen estado de salud y permanece internada”, finaliza el breve escrito, firmado por las autoridades del lugar.
“Para nosotros ganó la vida porque Esperanza nació, está viva”, aseguró Ana Alarcón, referente del sector “pro vida” en Jujuy desde la puerta del hospital, donde en los últimos días se manifestaron grupos favorables al aborto legal y otros pro vida, aunque ayer a la mañana eran menos las personas concentradas allí debido a una persistente lluvia.
Si bien desde el Gobierno provincial aseguran que se siguió el protocolo, movimientos feministas y de derechos humanos sostienen que con la cesárea no se cumplió con el procedimiento y se congregaron desde temprano en la sede del ministerio de Salud para solicitar una audiencia con Bouhid.
En tanto tienen previsto permanecer nuevamente en el acceso al hospital Materno Infantil, el cual se encuentra vallado y con fuerte presencia policial debido a momentos de tensión generados en las últimas jornadas.

Vacío legal.
Sobre la oposición de estos grupos, el ministro Bohuid señaló a la prensa que como en el protocolo “no está taxativamente escrito” lo vinculado a la edad gestacional ni al método a utilizarse “es todo interpretable”, y aseguró que se dio una “respuesta sanitaria a medida” de la menor.
En tanto, lamentó que el “vacío legal” existente deje a “los equipos de salud expuestos a que todo mundo realice juicios sobre su proceder”.
Finalmente, aclaró versiones en torno a que la menor había concurrido recientemente a un centro de salud donde los médicos no se dieron cuenta que estaba embarazada, y al respecto dijo que la niña recibió atención en el hospital de su localidad en marzo del año pasado cuando aún no estaba gestando.
Sin embargo, aseguró que se investigará si es que pudo haber sido atendida en otro centro de salud de la zona con posterioridad a esa fecha.
El viernes 11 de enero, la niña había asistido a un centro de salud de su ciudad por fuertes dolores estomacales, y allí se constató que estaba embarazada de 23 semanas.
La familia pidió la interrupción del embarazo e hizo la denuncia por violación contra un vecino de unos 58 años -de quien aún no se conoce la identidad-, que fue detenido e imputado por “abuso sexual con acceso carnal” .

Fundación Huésped.
Con respecto a la cesárea practicada a la menor fue “maternidad forzada”, dijo ayer la Fundación Huésped, a la par que responsabilizó al Estado jujeño por la vulneración de derechos de la niña.
La fundación trabaja por el derecho a la salud sexual y reproductiva con foco en VIH/sida, Hepatitis, enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades.
Los derechos de la niña “fueron vulnerados demasiadas veces” aseveró la ONG en un comunicado, porque se trata de una menor de 12 años “sin recursos, abusada por un hombre de 60 años, amenazada de muerte, y con un embarazo avanzado que se acerca al Estado que debía protegerla en busca de ayuda y recibe estas respuestas”.
Huésped recordó que “a pesar de que en nuestro país el aborto es legal por tres causales y en su caso se cumplían dos (había sido violada y tenía riesgo de vida), el Estado obligó a una nena de 12 a pasar por una cesárea. A la fuerza”.
La Fundación consideró que la práctica fue “a fuerza de ‘profesionales de la salud’ que no detectaron el embarazo cuando la niña asistió primeramente al centro de salud y, luego, con el embarazo avanzado, obstaculizaron y demoraron intencionalmente la práctica contemplada dentro del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo”. (Télam)