«Estas situaciones generan miedo»

La Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró el martes admisible el recurso de queja presentado por el fiscal de Casación Penal de la provincia, Carlos Altuve, y suspendió provisionalmente el otorgamiento de nuevas prisiones domiciliarias a los detenidos que integran el grupo de riesgo de contraer coronavirus.
En una resolución, el máximo tribunal aceptó tratar el recurso que presentó el lunes Altuve para que se revoque el habeas corpus colectivo que habilita otorgar las prisiones domiciliarias, admitido por el juez de la Cámara de Casación bonaerense Víctor Violini en abril último.
En la resolución, firmada digitalmente por los jueces de la Corte Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari, se dispuso declarar «procedente» la queja deducida por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal y conceder el recurso de inaplicabilidad articulado.
Asimismo, la Suprema Corte declaró que la resolución «suspende los efectos» de la decisión del Tribunal de Casación Penal impugnada. Estableció además que previo al dictado de la sentencia de fondo se debe requerir por oficio al Tribunal de Casación Penal «la inmediata remisión del expediente a fin de ser entregado a la Secretaría Penal de la Suprema Corte de Justicia».
La Corte además ordenó, que una vez recibidas las actuaciones, el procurador general, Julio Conte Grand, tendrá que emitir un dictamen «en un término de 24 horas» tras lo cual el defensor general, Mario Coriolano, tendrá que hacer su propio dictamen «también de un plazo de 24 horas».
Fuentes de la Suprema Corte precisaron que «se busca resolver la cuestión de fondo con la mayor celeridad» posible, por lo cual se dispuso «la abreviación de los plazos para el dictado de la decisión de mérito».
Altuve recurrió el lunes a la queja, luego que el Tribunal de Casación le rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del juez Víctor Violini, quien el 17 de abril hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los defensores públicos para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer coronavirus.
Altuve se mostró «conforme» con la decisión adoptada por la Corte y aseguró que espera que a partir de la sentencia de fondo «se puedan reveer algunos de los beneficios otorgados».

Nuevas plazas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró hoy que «la decisión de otorgar una prisión domiciliaria es del Poder Judicial y no del Ejecutivo», sostuvo que su administración «no está de acuerdo» con liberaciones masivas de presos y expresó su confianza en que la Suprema Corte bonaerense «ordene esta situación».
El mandatario provincial formuló declaraciones durante una conferencia de prensa en la sede de la Gobernación, en La Plata, en la que anunció que, en los próximos meses, serán inauguradas 1.350 nuevas plazas penitenciarias, con una inversión de 800 millones de pesos.
«Confío en que la Suprema Corte ordene esta situación», había afirmado Kicillof en relación al recurso de queja planteado por Altuve a raíz de un hábeas corpus colectivo que habilitó la concesión del beneficio de prisión domiciliaria para detenidos que se encuentren dentro de la población de riesgo de coronavirus.
«Ante tanta campaña mediática con falsas noticias quiero aclarar que quién va, quién sale de la cárcel y quién tiene domiciliaria es decisión del Poder Judicial; no del Ejecutivo», enfatizó Kicillof, quien le adjudicó a quienes promueven esa mirada la intención de «responsabilizar a este gobierno de liberar presos».
Acompañado por sus ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni, Kicillof aseveró que «este gobierno no coincide cuando se le da domiciliaria a quien cometió delitos de gravedad exponiendo a las víctimas» y pidió que se «reviertan estas situaciones que generan miedo en la población».
«Eso tiene que ser por decisión del Poder Judicial. Yo no lo puedo hacer. Lo único que yo puedo hacer es ampliar la capacidad carcelaria y garantizar las condiciones de detención bajo medidas de higiene y seguridad», explicó. (Télam)