Eutanasia: avanza propuesta

Hay al menos dos anteproyectos para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en la Argentina. Uno de estos está en la etapa de revisión final y podría presentarse formalmente hacia fines de abril para su debate en el Congreso. Quienes lo impulsan saben que se enfrentan a un tema tabú: la decisión sobre el momento y la circunstancias en las que una persona puede determinar su muerte.
El anteproyecto que está a un paso de convertirse en un texto final, pretende regular dos prácticas. La eutanasia, que consiste en provocar la muerte de un paciente a su requerimiento por ser portador de una enfermedad terminal o que provoca un sufrimiento incontrolable, a través de la administración de una medicación o un tóxico en dosis letales. Y la muerte asistida, cuyo procedimiento es acompañado por un médico, pero es la persona que lo ha decidido quien se administra el tóxico.

Esperanza de vida.
Para acceder a algunos de estos derechos no hay que tener, necesariamente, el diagnóstico de una enfermedad terminal. Pero sí debe estar comprobado que la persona que desea determinar el momento de su muerte esté sufriendo un cuadro médico que indique dolor o minusvalía a causa de una enfermedad irreversible. La esperanza de vida puede ser menor a doce meses.
Ese tiempo, la esperanza de vida, es diferente a Colombia, el único país latinoamericano donde las personas pueden interrumpir voluntariamente su vida. El DiarioAR pudo saber que se tomó en cuenta el modelo de ese país, que legalizó la práctica médica en 2014. Allí, sólo si la esperanza de vida es menor a seis meses, una persona puede pedir la eutanasia.

Objeción.
El anteproyecto que propone este nuevo derecho, también incluye la objeción de conciencia. Contempla esta posibilidad dado que durante la discusión por el aborto legal fue un reclamo de los médicos y profesionales de la salud que, por creencias personales, prefieren abstenerse de realizar esa intervención. En este anteproyecto de ley tiene el mismo sentido, corre para el profesional, pero no para la institución. La propuesta indica debe constatarse la decisión de la persona que solicita la práctica y que esos pedidos no deben judicializarse. El Estado tendrá una función de control: será un veedor del proceso y deberá observar que se haga con apego a la ley.

Argumentos.
Hay tres argumentos para impulsarlo. El primero entiende que es un «trato inhumano o una tortura» que el Estado mantenga con vida a un persona contra su voluntad mientras atraviesa un sufrimiento físico o emocional. El segundo tiene que ver con el concepto de vida: qué es una vida «digna» debe ser definido por la persona que sufre. El tercero es sobre la «autonomía de la voluntad», que indica que el Estado no puede involucrarse con los derechos individuales porque «pertenece a la esfera personal».
Este anteproyecto, elaborado en 2019, es promovido por la diputada del Frente de Todos, Gabriela Estévez. El disparador fue la historia de Alfonso Oliva, un joven diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica, degenerativa, rápida y violenta. En poco tiempo, Alfonso pasó de ser un hombre que jugaba al fútbol y trabaja en la inmobiliaria familiar a no poder moverse ni hablar. Hasta que pudo, Alfonso pidió por una ley de eutanasia.
Según pudo saber el DiarioAR, de sancionarse, la norma será llamada «Ley Alfonso». La diputada Gabriela Estévez prefiere, por lo pronto, no hacer declaraciones. Espera la venia de las autoridades políticas del bloque Frente de Todos para llevar el texto final a discusión en la Cámara Baja. (elDiarioAR)