Expropiaron Parque Nacional

Por Pablo D'atri
El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis, en una polémica sesión, declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación los derechos que antes había cedido a la Nación para la creación del Parque Nacional Sierra de las Quijadas y acto seguido le "cedió" las tierras al pueblo Huarpe.
"La medida dispuesta por la legislatura puntana carece de seriedad legal, habida cuenta que resulta inadmisible que una provincia pretenda expropiar al Estado Nacional", dice Obdulio Menghi, presidente de la Fundación Biodiversidad (Buenos Aires). "Sin embargo, el debate que inaugura es extremadamente peligroso porque plantea una falsa dicotomía entre la conservación de la naturaleza que garantiza la Administración de Parques Nacionales y las necesidades de los pueblos originarios".
La medida dispuesta por el gobierno de Rodríguez Saa estaría vinculada a un conflicto político y económico originado por una supuesta deuda que el Gobierno Nacional tiene con la provincia cuyana.
La medida sancionada por la legislatura de San Luis, autoriza por otra parte al Poder Ejecutivo "a compensar el crédito que pudiera resultar a favor del Estado Nacional (con dicha expropiación) con las deudas que mantiene el Estado Nacional con la provincia de San Luis".
El Parque Nacional Sierra de las Quijadas se remonta al año 1999, cuando por iniciativa del Gobierno de San Luis (de la actual administración) se firma un convenio con la Administración de Parques Nacionales para su creación.
Las 75.000 hectáreas que conforman su área núcleo fueron expropiadas al sector privado por parte de la provincia con fondos aportados íntegramente por el Estado Nacional. La cesión de jurisdicción fue formalmente aceptada por la Nación hace ya cuatro años, a pesar de que la provincia todavía debe las escrituras traslativas de dominio.
El 28 de julio, los diputados y senadores de San Luis expropiaron "los derechos cedidos al Estado Nacional" y lo restituyeron "a sus ancestrales y originarios pobladores, el Pueblo Nación Huarpe de San Luis, para la preservación y manejo sustentable de dicha región".
Según opinan los ambientalistas, se presenta una falsa opción y se manipula un tema sensible, como el de los pueblos originarios, cuando el problema es una diputa entre el gobierno de la provincia con la nación.

Choque de derechos
La Fundación Vida Silvestre Argentina también se opone a la medida y señala que se genera una innecesaria confrontación entre dos derechos constitucionales: la conservación efectiva de nuestros recursos naturales y los derechos de los pueblos originarios. "Un derecho no puede ni debe menoscabar al otro, y el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, hoy patrimonio de todos los argentinos, no puede ser desafectado porque ello compromete el derecho de nuestra sociedad a gozar de un ambiente sano y saludable", dice Diego Moreno, director general de la Fundación.
"Es necesario encontrar soluciones rápidas y consensuadas a esta difícil situación, poniendo por sobre todos los intereses, la conservación del patrimonio natural y cultural de todos los argentinos, así como los derechos de los pueblos originarios. Por eso, hacemos un llamado de atención sobre la situación, invitando a que los temas políticos y económicos se resuelvan por las vías administrativas correspondientes", advirtió Moreno.
Por su parte, el prestigioso Comité Argentino de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y las organizaciones que lo conforman, expresó su preocupación y señalaron que "una ley provincial, no puede tener mayor jerarquía que la Ley de creación del Parque Nacional, donde los representantes de todos los Argentinos acordaron la conveniencia de proteger a perpetuidad, los recursos naturales y culturales del área cubierta por Sierra de las Quijadas".
"Visión mercantilista"
Andrés Bosso, director ejecutivo de Aves Argentinas, sostuvo por su parte que "una visión tan mercantilista del valor de las áreas protegidas, se contradice completamente con el espíritu de conservación de la naturaleza como una causa mundial", haciendo referencia a las declaraciones provinciales que sugieren que el posible valor de estas tierras sea una moneda de cambio en las negociaciones que San Luis tiene contra el Estado Nacional y que datan de la época del corralito.
"Pretender expropiar Sierra de las Quijadas, violando el Derecho, por la controversia que la Provincia de San Luis mantiene con la Nación por cuestiones financieras es inadmisible y es de esperar que las más altas instancias judiciales del país corrijan este despropósito", dijo Menghi.