Farmacity llegaría a Buenos Aires

El posible desembarco de Farmacity, compañía del vicejefe de Gabinete Mario Quintana, en la provincia de Buenos Aires se debe a que el procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que el artículo 14 de la Ley de Farmacias que rige en la Provincia desde hace más de tres décadas es "inconstitucional".
Ahora, si la Corte Suprema resuelve en el mismo sentido, abrirá la posibilidad de que farmacias pertenecientes a sociedades anónimas puedan operar en territorio bonaerense.
Como dos de los integrantes del máximo tribunal -Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti- se excusaron de votar por sus vínculos con la cadena, serán sólo tres los jueces que decidirán el desembarco, para lo que necesitan unanimidad.

"Inconstitucional".
La ley vigente en la provincia desde 1987 permite la instalación de farmacias en manos de empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro y mutuales; pero no a sociedades anónimas como Farmacity ya que, según la normativa, las farmacias no son un comercio, sino un "servicio público como extensión del sistema de salud".
La batalla judicial de Farmacity contra la provincia comenzó en 2012, pero los tribunales bonaerenses rechazaron los sucesivos reclamos que, consideraron, incumplen la ley vigente. Si bien la Justicia provincial subrayó que el tema no era de jurisdicción federal, la Corte Suprema decidió revisar el caso que pone en alerta a las más de 4 mil farmacias.

Acciones.
Quintana ya anunció que venderá sus acciones en Farmacity, con el fin de "evitar un eventual conflicto de interés".
El ex ministro de Salud de la Nación Daniel Gollán cuestionó el fallo de la Procuración y advirtió que el "escandaloso negociado de Mario Quintana sigue avanzando, porque las acciones que va a vender, cotizarán mucho más".
En tanto, el diputado provincial del Frente Renovador Lisandro Bonelli repudió el fallo del procurador de la Nación. "Una vez más, sin ponerse colorados, Mauricio Macri y Mario Quintana usan la política para hacer negocios", se quejó. El nicoleño, que impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para poner un freno a la cadena Farmacity, consideró que "el visto bueno de la Procuración evidencia una clara presión del vicejefe de Gabinete de la Nación y accionista de la empresa, a la Corte".

Expediente.
Tras reactivar un expediente que llamativamente había estado congelado casi cinco años, la CNDC consideró que las pruebas presentadas por Farmacity eran suficientes, cerró la instrucción de sumario y decidió imputar a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), a la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) y a la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMySRA), dando por acreditadas las conductas de discriminación denunciadas, que ese poderoso lobby instrumenta a través de la mandataria Famalink. (NA)