Fernández abrió periodo de sesiones

El presidente Alberto Fernández dio inicio ayer al 138º periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Entre los anuncios que realizó, Fernández anticipó que enviará dos proyectos de ley al Congreso, uno para legalizar el aborto -y se convirtió así en el primer mandatario en tomar esa decisión- y otro para instaurar el Plan de los 1000 Días para el cuidado de embarazadas, niñas y niños, y anunció el lanzamiento de «un contundente programa» de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado.
El aborto «sucede, es un hecho», la legislación vigente «no es efectiva» y «es ineficaz» en la prevención, además del «riesgo para la salud y la vida» de las mujeres, y el respeto a las decisiones individuales sobre los cuerpos, fueron algunos de los conceptos más relevantes del mandatario en el tramo de su discurso en el que anunció que, en diez días, enviará desde el Poder Ejecutivo un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. «El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa, la que nos hace caer en un debate como este», dijo Fernández.

Proyecto simultáneo.
Fernández anunció también que «simultáneamente, desde el Poder Ejecutivo Nacional, lanzaremos un contundente programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado» con el propósito de «llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan la presencia del Estado: durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza». Junto a la ley que buscará legalizar el aborto, el Presidente anticipó que enviará al Congreso un proyecto de ley que instaure el Plan de los 1000 días «para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida».
Sobre esta propuesta, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, explicó que se trata de un «plan integral con tres componentes centrales -nutrición, salud y fortalecimiento de la capacidades de las familias-, que se llevará adelante mediante un trabajo interministerial que se realizará en modo coordinado».

Reforma judicial.
Además, el presidente anunció el envío de un proyecto de reforma de la justicia federal que «impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho» y que incluirá, entre sus puntos centrales, la creación de un nuevo Fuero Federal Penal que ponga fin a la «concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido». «En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza», sostuvo al anunciar el paquete de iniciativas que pretende un «reordenamiento» de la justicia federal.
«Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho», subrayó el Presidente, que en varias oportunidades denunció el «lawfare» practicado por sectores de la justicia.
Con eso -remarcó el mandatario- los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional, «dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados» y agregó que con esa iniciativa «estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido».

Deuda.
Sobre la abultada deuda que tiene el país con el FMI y acreedores extranjeros, Fernández afirmó que el Gobierno está encarando con «responsabilidad y firmeza» la reestructuración para llegar a un acuerdo «sostenible» con los acreedores, a la vez que anticipó que el Banco Central está «revisando» cómo fue que los créditos «acabaron fugándose del sistema financiero». Aseguró que su gobierno busca una «resolución ordenada a la crisis de la deuda» pero no «a costa del hambre y la destrucción de los sueños de los argentinos y las argentinas».
«Nunca más a un endeudamiento insostenible. Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas y de espaldas al pueblo. Nunca más a la puerta giratoria de dólares que se fugan dejando tierra arrasada a su paso», expresó Fernández, al realizar un diagnóstico de los primeros 81 días de gestión.
En ese marco, indicó que el Banco Central está «revisando de modo pormenorizado» el proceso de endeudamiento del país para «saber qué pasó» y afirmó que «todos hemos visto impávidos cómo los dólares que debían financiar la producción fueron fugados, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda». (Télam)

Ascenderán a submarinistas.
El presidente Alberto Fernández confirmó ayer que firmará un decreto para ascender post mortem a los 44 marinos que perecieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan, y aseguró que la tripulación de ese navío «está presente en la memoria de los argentinos». «Vamos a honrar y mantener viva la memoria de los submarinistas ordenando el ascenso post mortem de cada uno de ellos», durante uno de los pasajes del mensaje que pronunció ante la Asamblea Legislativa. El jefe de Estado remarcó que la pérdida del submarino, ocurrida en noviembre de 2017, fue «un hecho traumático que no solo ha generado un fuerte impacto al interior de la Armada Argentina». «Hubo 44 familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos, y ese hecho también ha marcado a la sociedad argentina. Los 44 están presentes en los 44 millones de argentinos y argentinas», remarcó el Presidente. Fernández cosechó aplausos de todas las bancadas al referirse a la tripulación del submarino, y al respecto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, adelantó que hoy, el Presidente firmará el decreto para el ascenso post mortem de los marinos. El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 en aguas del Atlántico Sur, cuando realizaba un viaje entre Tierra del Fuego y Mar del Plata. Un año después, una misión encargada por el Estado argentino a la empresa Ocean Infity posibilitó el hallazgo de la nave siniestrada en las profundidades de un área cercana al Golfo San Jorge, cerca del lugar donde se tuvo el último registro de la nave.