Fernández deploró el «estrago jurídico» de la justicia porteña

El presidente Alberto Fernández afirmó anoche que el fallo de la justicia porteña a favor del dictado de clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires genera «un estrago jurídico» porque toma medidas que son «del exclusivo resorte de la Justicia Federal». «Lo que hicieron es un estrago jurídico. Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la ciudad fue directo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación», dijo el Presidente en declaraciones a El Destape.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló ayer a favor de la presencialidad de las clases en el distrito, al pronunciarse sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.

Mamarracho.
Al mismo tiempo, tras conocer el fallo de la justicia porteña, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, destacó ayer la decisión del presidente Alberto Fernández de «preservar la vida de miles de argentinos» y dejó claro que «no dictó políticas educativas» en referencia al fallo de la justicia porteña al que calificó de «mamarracho jurídico» con una sola explicación que es «política».
«El Presidente @alferdez tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos», publicó ayer el ministro en su cuenta en la red social Twitter. En ese sentido, el ministro agregó que «una medida sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales. Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política». «La fiscal, los jueces y el gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida», concluyó.
La Cámara de Apelaciones está compuesta por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Macchiavelli. La camarista Macchiavelli había sido recusada por los abogados Adrián Albor y María Cecilia Fernández por ser hermana del secretario de Ambiente del gobierno porteño, Eduardo Macchiavelli, quien también se desempeña como secretario general del partido Pro del distrito.

Hay clases.
El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta aseguró que «mañana (por hoy) hay clases presenciales» en la ciudad de Buenos Aires, dando lugar a un fallo de la justicia porteña que fue fuertemente cuestionado ayer por considerar que no tiene potestad sobre una medida federal como es un Decreto de Necesidad y Urgencia del gobierno nacional. Rodríguez Larreta reconoció, sin embargo, que «si se llegara a agravar» la situación epidemiológica en la Ciudad, su gobierno tiene ya preparadas modificaciones de las medidas para afrontar cada etapa.
Minutos después, durante su mensaje, Rodríguez Larreta incluso afirmó que «es un orgullo comunicar que en la ciudad de Buenos Aires, las escuelas van a estar abiertas mañana», pero anunció también nuevas medidas conscientes de la preocupación del gobierno nacional respecto a la situación epidemiológica en el Area Metropolitana de Buenos Aires. «Somos conscientes de la situación y recogemos las preocupaciones del gobierno nacional que tienen que ver con la movilidad y lo que sucede alrededor de las escuelas», dijo. (Télam)

Denunciarán a escuelas.

El Sindicato de Docentes Particulares (Sadop) anunció ayer que «denunciará a los propietarios de escuelas privadas que no cumplan con la suspensión de clases presenciales en el AMBA». El gremio explicó en un comunicado que «iniciará las pertinentes denuncias ante los Ministerios de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación».
Dijo que será «contra aquellos propietarios de establecimientos educativos de gestión privada del AMBA, que en abierta violación a la normativa vigente convoquen a las y los docentes a prestar tareas de modo presencial, sin perjuicio de efectuar las correspondientes denuncias ante la justicia por violación de los artículos 205, 209 y 239 del Código Penal». Como dijo el sábado el gobernador Axel Kicillof, quitará la habilitación y eliminará los subsidios de las escuelas que abran hoy sus puertas.

Comunicado.
Sadop afirmó que «se encuentra plenamente vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021 del Poder Ejecutivo Nacional» que dispone «suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive». «Por ello, aquellas instituciones educativas que convoquen a sus docentes dependientes a prestar tareas de manera presencial, serán denunciadas por Sadop ante los organismos públicos competentes», añadió. «Sadop no va a tolerar que se ponga en riesgo la vida y la salud de las personas, solo porque algunos empleadores inescrupulosos pretendan hacer prevalecer el lucro por sobre los valores que hoy el Gobierno Nacional está resguardando para proteger a toda la población», aseveró. En su comunicado, Sadop agregó que «respaldará y acompañará todas las acciones gremiales que las Seccionales de CABA y Provincia de Buenos Aires concreten en defensa del derecho de sus afiliadas/os a no concurrir a las escuelas» en esta instancia. (LaPolíticaOnline)

Dictaminan a favor de la presencialidad en CABA.

La Sala IV de Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó a favor de mantener las clases presenciales en las escuelas porteñas. Lo hizo ante un recurso de amparo presentado por dos ONG afines al gobierno porteño, quienes solicitaron la nulidad de las medidas decretadas por el gobierno nacional con el objetivo de frenar el aumento exponencial de contagios, que tiene a CABA como uno de los epicentros de la segunda ola de casos. Ante el interrogante sobre la vuelta a las aulas, varios gremios docentes aclararon que no irán a la escuela y seguirán con clases virtuales, tal como lo determinó el DNU firmado Alberto Fernández.
Los jueces ordenaron al gobierno de la Ciudad «que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases», según lo que dice el fallo.

Fallo.
El fallo de Apelaciones porteña se caía de maduro. Horas después de que la jueza Romina Tesone explicó que, como la Ciudad ya había recurrido a la Corte, se debe esperar la resolución del Máximo Tribunal, los camaristas Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini decidieron pedir la opinión del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, dirigido por el macrista Juan Mahiques, quien fuera denunciado por aprietes a la jueza Ana María Figueroa. Luego, con la firma de la fiscal Karina Cichero se dictaminó a favor del pedido de las dos organizaciones no gubernamentales para mantener las clases presenciales, al «disponer la continuidad de la educación presencial en los establecimientos educativos de la CABA a partir del próximo 19 de abril».
También se inducía el fallo de la Sala IV de Apelaciones cuando los jueces de esa misma cámara rechazaron la recusación de Nieves Macchiavelli dispuesta por un grupo de padres. La magistrada no solo es hermana de Eduardo Macchiavelli , secretario de Ambiente de la Ciudad, sino también que fue funcionaria del Pro.

Críticas.
Por su parte, Eugenio Zaffaronni, ex juez de la Corte Suprema indicó que «la cuestión ante la Corte Suprema, el Gobierno Federal tiene que intervenir». «No se trata de un problema reducido a una provincia, sino que se trata de una provincia urbana y de la Provincia de Buenos Aires donde circulan todos los días millones de personas. Si la medida fuese absolutamente irracional, la Corte Suprema debe pararla», expuso en una entrevista con Radio10.
El Ministerio de Salud hizo una presentación ante la Sala de Apelaciones porteña, en el cual que falló a favor de no suspender las clases persenciales, en la cual plantearon que es necesario tener «una presencialidad cuidada». «No alcanza con las medidas individuales en instituciones educativas, sino que es necesario implementar medidas colectivas para impactar en la transmisión comunitaria», expusieron en el escrito. Al cierre de esta nota se debatía en el gobierno nacional si presentar un recurso ante la Camára de Apelaciones Federal.
Conocido el fallo, desde el gremio docente UTE aclararon que no volverán a las aulas y respetarán las medidas diseñadas por el gobierno nacional. «Volvemos a reafirmar que la suspensión temporal de clases presenciales es una medida necesaria e imprescindible para bajar los niveles de circulación del virus y no tener que lamentar más muertes evitables», indicaron en un comunicado. (Página 12)

Macristas acusados por sedición.

El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar de la ciudad Carolina Stanley y la titular del partido PRO, Patricia Bullrich, fueron denunciadas anoche por atentado a la salud pública y por sedición tras haber impulsado «una serie de acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el DNU 241/2021», lo que según la denunciante implica haber incurrido en conductas tipificadas por el artículo 205 y 230 inciso 2 del Código Penal. La denuncia fue presentada ayer por la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella principal de los familiares en las causas por el hundimiento del ARA San Juan y por el espionaje durante la gestión de Cambiemos, y será sorteada hoy por la Cámara Federal, tras lo cual recaerá en un juzgado del mismo fuero. Esta se presentó luego de que la justicia porteña fallara a favor de la presencialidad en las escuelas primarias y secundarias en pleno aumento de contagios de coronavirus por la segunda ola que azota a la ciudad.
En la denuncia, Carreras aseguró que la emisión por parte del Ejecutivo del DNU 241/2021 se dictó «en y por la pandemia, cuyo rebrote, o denominada segunda ola, está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas, siendo una indiscutida situación extraordinaria que amerita medidas urgentes».

DNU.
Sin embargo, siguió la denunciante, Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich promovieron acciones que persiguen «realizar lo que el DNU prohíbe», como concurrir a clases de modo presencial durante los próximos 15 días, en el caso del jefe de gobierno al presentarse ante la Corte Suprema y en relación a Stanley, por impulsar una acción de amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
Sobre Bullrich, Carreras manifestó haberla incluido en la denuncia porque la titular del PRO anunció «que presentaría un recurso de amparo contra el decreto de mentas (por el DNU 241)» para dejar sin efecto no sólo la suspensión por 15 días de la presencialidad educativa en el AMBA sino también «las restricciones horarias a la circulación, las restricciones a ciertos rubros comerciales y deportivos». Por otro lado, la denunciante planteó que las medidas dispuestas en el decreto 241/2021 son coincidentes en la letra y el espíritu con acciones tomadas ante la pandemia por los gobiernos de Francia, Italia y Alemania.
Por último, Carreras remarcó que Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich incurrieron en la conducta prevista en el artículo 205 del Código Penal (atentado a la salud pública, que prevé penas de 6 meses a 2 años) y del artículo 230 inciso 2 (sedición, al que según el Código Penal le corresponde una pena de 1 año a 4 años), «al ponerse de acuerdo para contrariar una disposición nacional a fin de que no sea aplicable en su jurisdicción». (Télam)