Miércoles 24 de abril 2024

Fernández: «Un espanto como práctica»

Redaccion 14/06/2020 - 21.40.hs

El presidente Alberto Fernández dijo ayer no entender la «docilidad de cierta justicia» que acepta presiones, ratificó que desde el inicio de su gestión «los jueces saben perfectamente bien que no hay emisarios» en sus despachos, y calificó de «métodos perversos» al presunto espionaje ilegal. «No entiendo la docilidad de cierta justicia. Son demasiados los casos que se están viendo y son preocupantes», sostuvo Fernández sobre las supuestas presiones políticas a jueces federales en la gestión de Cambiemos y aseguró que los magistrados saben «perfectamente» que en su Gobierno «no van a recibir emisarios del Presidente ni del ministro de Justicia, ni de otros ministros».
En una entrevista con Radio 10, el Presidente explicó que los jueces, por su profesión, pueden sentirse presionados porque deben decidir sobre «partes en pugna», pero advirtió que el problema se da cuando los magistrados «terminan convirtiendo esa presión en un acto efectivo que los vuelve dóciles». Consideró además «un espanto como práctica» que se hayan realizado tareas de espionaje a ex funcionarios del kirchnerismo y otras personas presas en la cárcel de Ezeiza durante el gobierno de Macri y confió en que todo eso «será materia de investigación de la justicia».
«Ahora espero que trabajen como Dios manda, con lo que tienen que hacer como jueces, y la inteligencia tendrá que trabajar en lo que tiene que trabajar, para prevenir motines, por ejemplo, no para saber qué es lo que habla un abogado con su cliente», graficó.

 

Calidad institucional.
Fernández admitió que lo «sorprendió» esa denuncia sobre las supuestas tareas de inteligencia en el penal de Ezeiza y dijo que «seguramente» a él también lo «habrán grabado» cuando fue a visitar «a detenidos injustamente presos». Argentina «está en mejores términos de calidad institucional» ahora, que cuando gobernó el país Cambiemos, respondió el Presidente, consultado más tarde en dialogo con Radio Rivadavia, por los dichos de ayer de Macri y de Elisa Carrió, quienes, en medio del escándalo por el presunto espionaje ilegal durante la gestión anterior, advirtieron sobre los supuestos «atropellos institucionales» del actual gobierno nacional.
«No sé cuál es el riesgo de la calidad institucional. Argentina no tiene espías espiando ciudadanos, no tiene una mesa judicial… Está mejor en términos de calidad institucional; se logró que el Congreso Nacional siga funcionando a pesar de la pandemia y hay absoluta autonomía del poder político de la justicia», argumentó.

 

Investigación.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, continuará la semana próxima exhibiendo elementos de prueba a las supuestas víctimas de espionaje ilegal llevado a cabo por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de fuerzas de seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri; mientras continúa analizando otros incorporados al expediente en los últimos días tras una serie de allanamientos. El juez Villena mantiene el hermetismo mientras analiza el producto de las medidas de prueba ordenadas, por ejemplo, sobre los penales de Ezeiza y Melchor Romero.

 

Asociación ilísita.
El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, aseguró que los nuevos elementos incorporados a la causa por supuesto espionaje ilegal contra la ex mandataria y otros dirigentes políticos indican que se trató de una «asociación ilícita que se inserta al nivel de la Presidencia de la Nación» durante el período en el que gobernó Mauricio Macri. El abogado presentó un escrito con datos que revelan que los espías mencionados en la investigación a cargo del juez Federico Villena «mantuvieron diversas reuniones en la propia Casa de Gobierno en una oficina que está situada a no más de 50 metros del despacho que ocupara Macri».
La información sobre los ingresos de los espías a Casa Rosada durante la presidencia de Cambiemos surge de un registro de acceso público dado a conocer por la organización Poder Ciudadano y robustece la información surgida de los celulares secuestrados, en el marco de la investigación judicial en los que se hablaba de infiltraciones y seguimiento a la ex Presidenta y a su espacio político.

 

Habrá plan de moratoria.
El presidente Alberto Fernández anticipó ayer que el Gobierno evalúa lanzar una moratoria impositiva «para todo el mundo», una vez que se levante la cuarentena dispuesta para intentar frenar el avance de la pandemia de coronavirus. «Estamos pensando en algún tipo de moratoria para blanquear a todo el mundo. Estamos trabajando en eso», garantizó el jefe de Estado.
En declaraciones al programa «incorrectamente Políticos», que se emite por radio Rivadavia, Fernández aseguró que después del aislamiento lanzará un programa económico: «Claro que sí», dijo, al ser consultado sobre eso durante la entrevista. Por otra parte, el Presidente reconoció que hubo dificultades con la asistencia del Estado Nacional en el marco de la emergencia sanitaria.
«Hubo mucha gente que no aplicó, como por ejemplo con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) porque el Estado no la tiene registrada. Eso demuestra la debilidad de la economía argentina, que tiene un nivel de funcionamiento informal altísimo», enfatizó el mandatario nacional.

 

Buscan evitar el default
.El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que «todos» quieren «evitar el default» y que «la Argentina está haciendo un enorme esfuerzo tratando de hacer una oferta que atienda también el reclamo de los acreedores». Fernández dijo que quiere «ser optimista» con el tema de la deuda y que el objetivo es alcanzar un acuerdo es que «no condicione a la Argentina» de cara al futuro.
«Yo quiero ser optimista. Todos queremos evitar el default. La Argentina está haciendo un esfuerzo enorme tratando de hacer una oferta que también atienda el reclamo de los acreedores», señaló el Presidente. Fernández señaló que «el problema central que tenemos es que es una deuda que se tomó muy rápidamente y que se tiene que pagar en muy corto plazo», en referencia al exponencial crecimiento registrado entre 2016 y 2019. «La reestructuración de esta deuda es complejísima», agregó. Tras recordar que las conversaciones comenzaron hace dos meses, Fernández dijo que «ahora estamos tratando de hacer una nueva oferta, demostrando nuestra buena fe». (NA/ Télam)

 

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