Fiscal denunciado por acoso

El fiscal general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, fue denunciado por dos funcionarios judiciales y una diputada provincial por acoso y persecución. Su designación por Gerardo Morales fue cuestionada por organismos internacionales de Derechos Humanos.
El último jueves 4 de julio fue recibida en el Superior Tribunal de Justicia la denuncia de la Secretaría del Ministerio Público de la Acusación, Agustina Daniela Aramayo, quien acusa a su superior, el fiscal general Sergio Lello Sánchez "por las conductas de mobbing laboral y violencia de género". "El Dr. Sergio Lello Sánchez me hace una propuesta para que le haga 'una cama', hablando vulgarmente, al fiscal de Menores, Dr. Mario Ríos, porque querían echarlo, ante lo cual me negué. Entonces las medidas en mi contra se agudizaron", afirma Aramayo en su presentación, donde se detallan, además, presuntos tratos humillantes y prácticas misóginas.
La abogada no fue la única. El secretario del Ministerio Público de la Acusación, José Mateo Montiel, denunció a Lello Sánchez por "conductas extorsivas".

Órdenes arbitrarias.
En la denuncia ante el Tribunal Superior, el funcionario sostiene que se lo persigue por su vínculo con la fiscal Liliana Beatriz Fernández de Montiel (su madre). Si bien la fiscal fue nombrada por Lello Sánchez en 2016, las diferencias con su jefe escalaron hasta volverse insostenibles.
En su presentación, Montiel describe un episodio de maltrato supuestamente provocado por su negativa a cumplir órdenes arbitrarias del fiscal general. "Pendejo de mierda, ¿quién te crees que sos? Te voy a hacer mierda. Tengo el poder de hacerlo. ¿Qué es lo que vas a contar de la fiscalía general? Te voy a cocinar a sumarios. Vos no sos nadie", cuenta Montiel que le dijo Lello Sánchez durante una reunión celebrada.
En su escrito Montiel ofrece como prueba los mensajes de texto entre su madre y el propio procurador general: "Enterada mi madre de esta pesquisa alocada orientada a perjudicarme, es que envía mensajes de WhatsApp al Dr. Sergio Lello en los cuales le imponía de lo absurdo de todo lo sucedido". El denunciante pone a disposición el celular de la Dra. Liliana Beatriz Fernández de Montiel a los fines de su certificación, como también su testimonio.

Morales.
El procurador acusado fue nombrado por el gobernador Gerardo Morales apenas accedió al poder. Su polémica tarea al frente de la procuración general alarmó incluso a organismos internacionales de DD HH, quienes cuestionaron la aplicación abusiva de la prisión preventiva y otros métodos de persecución parajudicial.
Una posible víctima de esas prácticas fue Débora Juárez Orieta de Bracamonte, actual diputada provincial y exaliada de la coalición que gobierna Jujuy. La legisladora denunció que fue perseguida por su negativa a acompañar el endeudamiento provincial.
La sesión que debía aprobar que se tomara deuda pública por encima del 20% de la coparticipación se convocó para el 13 de diciembre de 2018, a las 16 horas. Unas horas antes, una delegación policial allanó el domicilio de la diputada oficialista Bracamonte, quien había anticipado su voto negativo. La legisladora asegura que no había causa judicial alguna que motivara el operativo, y afirma que las amenazas a ella y su familia continúan hasta hoy. (Tiempoar.com)