Fiscal urgió al juez que resuelva a favor de los despedidos

El fiscal Gabriel de Vedia dictaminó ayer de manera favorable respecto a un recurso de amparo presentado ante la Justicia Nacional del Trabajo que solicitaba la restitución en sus puestos laborales de los 354 empleados despedidos de la agencia estatal de noticias Télam.
En este escenario, el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, está convocado por segunda semana consecutiva a asistir el miércoles a la Cámara de Diputados para brindar explicaciones sobre los despidos, aunque fuentes de su entorno señalaron que el funcionario todavía no había confirmado su presencia.
La cita es para el miércoles a las 18.30 ante la comisión de Legislación del Trabajo, la misma a la que Lombardi había pegado el faltazo la semana pasada.
En su dictamen, elevado al Juzgado Laboral 71 del juez Santiago Zarza, el fiscal consideró que el magistrado debería resolver de manera "sumarísima" la presentación interpuesta por la asociación civil Mesa Nacional por la Igualdad, que había argumentado que los despidos se produjeron "en un marco arbitrario y discriminatorio", sin motivación alguna y sin sumario previo.
De Vedia destacó que las expresiones vertidas por Lombardi en cuanto a que los despidos "responden a cuestiones ideológicas", darían "prima facie suficiente sostén" a "la narración de los hechos efectuada por la demandante en lo relativo a las motivaciones que habría tenido la empresa".
El fiscal sostuvo además que "a todas luces los efectos del distracto masivo que ha ocurrido en Télam Soc. del Estado- Agencia Nacional de Noticias ha generado y generará graves perjuicios para los trabajadores despedidos", por lo cual hizo lugar a la cautelar.
En este sentido, De Vedia evaluó que "la extinción de la relación de trabajo" tiene como consecuencia inmediata "la falta del salario -carácter alimentario de la contraprestación laboral"-, situación que se agrava "con el correr de los días" por "la imposibilidad de contar con su obra social", quedándose así "sin la cobertura de las necesidades familiares como sustento de hogar".
El fiscal aclaró que "las medidas cautelares, más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo al órgano judicial para cumplir eficazmente su obra y para hacer eficaces las sentencias de los jueces".
"Sobre la base de estas premisas, y sin que implique adelantar criterio alguno acerca de la suerte final de la pretensión, soy de opinión que la medida precautoria resulta prima facie procedente", concluyó.

Denuncia.
En paralelo a este trámite, el Directorio de Télam Sociedad del Estado, integrado por Rodolfo Pousá, Ricardo Carpena y Pablo Ciarliero, fue denunciado en la justicia federal por delitos que prevén penas de entre un mes y dos años de prisión a través de una querella presentada por la Comisión Gremial Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).
Los directores de Télam fueron denunciados por "incumplimiento de los deberes del funcionario público", por "dictar órdenes y resoluciones contrarias a las constituciones o leyes nacionales" y que, según la querella, obedecieron a "razones ideológicas".
En los fundamentos, denunciaron que la empresa envió un correo electrónico al 60 por ciento del personal que conserva su trabajo para comunicarles que tienen permiso para tomarse licencia y no cumplir con sus obligaciones de trabajo, en virtud del conflicto que atraviesa la agencia con paro por tiempo indeterminado y ocupación pacífica del edificio.
"Curiosa práctica para una patronal que constituye un acto ilegal y violatorio del propio Estatuto Social de Télam", indicó la comisión interna en un comunicado. (NA)